El comité técnico asesor, creado por el gobierno tripartito, advierte a los representantes del Ayuntamiento en el consejo de administración de Emalsa que sería "una actuación temeraria" acceder a las peticiones que plantean los socios privados de la compañía, Saur y Valoriza. Los técnicos municipales han rechazado buena parte de las propuestas que se incluyen el dossier de la consultora KPMG, que encargó y pagó Emalsa, en relación con la subida de tarifas, las condiciones del nuevo contrato-programa de saneamiento y las pretensiones de la compañía de reclamar el reparto de dividendos, así como otra serie de peticiones que persiguen, como único objetivo, aumentar las ganancias de los socios privados.
"Frente a esas pretensiones de los socios privados está el deber del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de defender los intereses municipales, que no deben ser otros que la recepción por parte de los ciudadanos de unos servicios de máxima calidad al menor coste posible y, por supuesto, con cumplimiento de las normas que le sean aplicables y la salvaguardia de los bienes públicos afectos". Los técnicos Benito Cabrera y Miguel Padrón son así de contundentes cuando advierten al alcalde y presidente del consejo de administración de Emalsa, Augusto Hidalgo, y al resto de los miembros municipales de dicho consejo, los ediles Javier Doreste, Pedro Quevedo y Roberto Santana, que las propuestas de los socios privados no defienden el interés general. Al contrario. Consideran que "la única prioridad" de Saur y Valoriza "no es otra que incrementar por varias vías los ingresos, y consecuentemente, sus propios beneficios".
Los técnicos no ahorran críticas a la hora de rechazar el documento de KPMG, cuyas conclusiones pretendía usar Augusto Hidalgo como "hoja de ruta" de las relaciones entre la parte pública y la privada de Emalsa. Al menos, eso fue lo que sostuvo el regidor en octubre de 2015, cuando se anunció el acuerdo para liquidar el contrato del saneamiento con Sercanarias, que todavía sigue vigente.
Las pretensiones de los socios privados de "maximizar" sus beneficios son calificadas de "desorbitadas" por los técnicos municipales en relación al incremento de las tarifas, de los precios de los contratos y las exenciones tributarias. Los técnicos consideran que la propuesta de KPMG sólo intenta dar respuesta a los intereses de los socios privados y en ningún caso se trata de una propuesta de consenso.
"Aunque KPMG afirme que su actuación no ha sido como asesor de parte, este Comité percibe el dossier como un documento propio de los socios privados de Emalsa", señalan los técnicos, que añaden: "Las propuestas de KPMG, que dicen pretender soluciones de consenso entre los socios privados y el público, siguen una línea cuyo final siempre es el mismo, la obtención por los socios privados del máximo beneficio, ya sea, incrementando las tarifas" y "el precio del contrato de saneamiento" o "reclamando al Ayuntamiento un supuesto derecho al cobro de dividendos", aumentado "para ello" desde las tarifas hasta el pago directo, vía presupuestos municipales. O reclamando al Ayuntamiento el reintegro de las aportaciones al plan de pensiones, o pidiendo al gobierno tripartito que deje de liquidarle una tasa o el cobro de determinados servicios administrativos. Así, los técnicos rechazan por "desorbitada" la propuesta de duplicar el contrato del servicio de saneamiento para que alcance los diez millones anuales. También se oponen a la propuesta para que el Ayuntamiento reconozca una deuda a los socios privados de 58,6 millones por el reparto de supuestos dividendos no recibidos desde 1993, una cuestión que Emalsa ha reclamado ya en los tribunales.
