La compañía Emalsa atribuye al Ayuntamiento de la capital grancanaria la responsabilidad del déficit de 18,56 millones que registra el plan de pensiones creado para los empleados de la compañía. Los técnicos municipales rechazan de plano la pretensión que plantean los socios privados en el informe-propuesta elaborado por la consultora externa KPMG, que fue encargado y pagado por Emalsa a espaldas del exinterventor Rafael Bolívar en el mandato anterior, y cuyas conclusiones servirían para fijar "la nueva hoja de ruta" de las relaciones entre el Ayuntamiento y la empresa mixta del agua, según sostuvo en su día el alcalde Augusto Hidalgo. Saur y Valoriza pretenden que los 18, 5 millones se obtengan de la subida de las tarifas. "La cuantía se compensará a través de la nueva estructura e importes actualizados de las tarifas", especifica KPMG.
Como hace con la mayoría de las propuestas planteadas por KPMG, el comité técnico asesor, creado por el gobierno Tripartito para analizar el nuevo marco de relaciones con Emalsa, considera inaceptable el intento de los socios privados de endosarle al municipio el pago del déficit, al tiempo que responsabilizan a la compañía del agujero por "incumplir" su obligación de dotar el plan. "Emalsa está obligada al cumplimiento del plan de pensiones porque así lo establece el pliego de condiciones que reguló la venta de acciones y así, además, lo acordó el Ayuntamiento en pleno de fecha 22 de marzo de 1993, el mismo en el que se acordó adjudicar el 66% de las acciones de Emalsa a Saur y a Unelco", que en 2005, vendió su 33% a Valoriza, señalan los técnicos Benito Cabrera y Miguel Padrón en su informe.
La compañía se escuda, para eludir su responsabilidad, en el déficit de 9,33 millones de euros que tenía la dotación del plan de pensiones de Emalsa en el momento en que se vendieron las acciones. Un argumento que rechazan los técnicos municipales, quienes arguyen que "los socios privados conocían perfectamente la situación del plan de pensiones cuando decidieron participar en el concurso para la adquisición de las acciones. La obligación del Ayuntamiento era pagar las deudas hasta el 31 de marzo de 1993, cosa que así hizo, precisamente con los fondos recibidos por la venta de las acciones".
Los técnicos recuerdan también que el pliego de condiciones obligó también al Ayuntamiento a asumir "todas la obligaciones y pasivos contingentes contraídas por la empresa hasta la fecha de transmisión de las acciones". El consistorio, sostienen, "asumió todas sus obligaciones reconocidas en los estados financieros intermedios del 31 de marzo de 1993, elaborados por los socios privados, precisamente, con esa finalidad", pero aclaran que "el déficit del plan de pensiones no es un pasivo contingente. Era una obligación real que lo socios privados conocían y que asumían; por ello la empresa se acogió a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta del Plan General de Contabilidad vigente en 1993".
Recuerdan los técnicos que el convenio colectivo vigente en el momento de la entrada de lo socios privados, en 1993, "recogía el compromiso de complementar las prestaciones de la Seguridad Social percibidas por sus empleados o derechohabientes en caso de jubilación, incapacidad permanente, viudedad u orfandad".
La compañía, explican, "había dotado hasta el 31 de diciembre de 1992 un total de 1,47 millones de euros, pese a que según un estudio de Arthur Andersen, "la provisión debía ascender a 10,8 millones". El 31 de marzo de 1993, el déficit ascendía a 8,9 millones de euros.
"De haber cumplido con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, Emalsa debía tener totalmente dotado el plan de pensiones a 31 de diciembre de 1999, en la parte correspondiente a pensionistas (que presentaba un déficit mayor) y a 31 de diciembre de 2007, la parte del déficit correspondiente a los trabajadores en activo". Pero no lo hizo.
