La Fiscalía ha abierto un expediente para investigar dos abusos sexuales en uno de los centros de menores que el Cabildo gestiona de manera indirecta en la capital grancanaria. El supuesto agresor, de 17 años, compareció hace mes y medio ante el Juzgado de Menores. Se le atribuyen dos delitos de abuso sexual, al tiempo que la Sección Menores de la Fiscalía de Las Palmas, con competencias directas en la materia, ha abierto otra investigación para revisar la gestión del centro en el que han ocurrido los hechos.
Se trata de un centro de protección situado en la parte alta de la ciudad que acoge a menores en situación de desamparo, cuya gestión está en manos de la asociación Nuevo Futuro, responsable de la administración diaria del servicio tras la adjudicación del Cabildo de Gran Canaria. Las víctimas tienen nueve y seis años.
LA PROVINCIA / DLP contactó ayer con responsables de ambas instituciones para conocer su versión de lo ocurrido. Desde el departamento de Política Social del Cabildo se declinó facilitar datos para preservar la intimidad de los implicados y de sus familias. En estos casos se activa un protocolo de actuación que consiste en informar de la incidencia a la Fiscalía y al Gobierno de Canarias, que es el tutor de los menores y responsable último de su atención integral (el Cabildo sólo tienen la competencia sobre los centros), explican fuentes de la institución insular.
El director de Nuevo Futuro en Las Palmas, Martín Vaquero, también declinó dar detalles de lo sucedido. Apeló a la Ley Integral de Protección del Menor, al secreto profesional y a su condición de guardador de los niños para no pronunciarse sobre la investigación abierta.
Los hechos, según han confirmado fuentes judiciales, ocurrieron a finales de enero en una habitación que al parecer era compartida por los tres chicos: el supuesto abusador, de diecisiete años, y las dos víctimas, de nueve y de seis años de edad.
El grave incidente fue plasmado en el registro del centro por la trabajadora social, pero no fue comunicado por Nuevo Futuro a la Fiscalía de Menores hasta varios días después. Tampoco se tomaron medidas básicas de seguridad como separar a los niños implicados en los supuestos abusos. De ahí que la Fiscalía de Menores haya incoado un expediente, con la finalidad de revisar los protocolos y de analizar la actuación de los gestores del establecimiento de acogida.
Las fuentes consultadas aseguran que es una anomalía permitir la convivencia en un mismo hogar de niños con esa diferencia de edad tan grande. También consideran preocupante que no se tomasen medidas para separar a los niños desde el mismo día que se conocieron los hechos.
La investigación del ministerio público, en cualquier caso, está en una fase muy inicial. No hay trabajadores del centro imputados, sólo el chico de 17 años que supuestamente se aprovechó de su superioridad para abusar de los dos compañeros de hogar.
Nuevo Futuro administra cuatro centros tutelados en Las Palmas de Gran Canaria: uno en La Paterna, otro en Lomo Los Frailes, otro en Lomo Apolinario y uno en Schamann. También dirige uno de emancipados, con menores tutelados que carecen de recursos para vivir por su cuenta al cumplir la mayoría de edad.
Asimismo hay quejas de extrabajadores por la contratación de personal no cualificado para atender a los menores tutelados y por la sobrecarga de trabajo, entre otras supuestas irregularidades relacionadas con el funcionamiento de los centros. De ahí el expediente abierto por la Fiscalía de Las Palmas.
La fiscal especializada en Menores, Montserrat García, lleva años batallando con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo para mejorar el servicio de atención a los menores en situación de desamparo. El último conflicto estalló el pasado mes de junio por la masificación del Centro de Atención Inmediata de Tafira (CAI), que es responsabilidad precisamente del Cabildo. El CAI es el primer recinto al que se deriva un menor tras retirarle la guardia y custodia a los padres, con la finalidad de evaluar su situación y remitirlo al hogar más adecuado.
La institución insular, que tiene a su cargo a 400 menores en desamparo, trabaja en un concurso para aumentar las plazas y mejorar la red de hogares, señaló el Cabildo tras esas quejas de la Fiscalía. Hasta el momento no ha llegado la mejora esperada. Hay reuniones pendientes con el Gobierno canario.
