El informe realizado por el comité técnico asesor, por encargo del gobierno Tripartito para reformular las relaciones con Emalsa, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de remunicipalizar los servicios del ciclo integral del agua, un debate que arrancó hace unos 17 años en grandes ciudades de Europa y Estados Unidos, entre ellas París y Berlín, que han optado por devolver la gestión del agua a las manos públicas. La ola para recuperar la gestión pública del agua ha llegado también a España y varias decenas de municipios se han subido a ella. Uno de los últimos, Valladolid, dirá adiós a la privatización el próximo julio. Barcelona también ha iniciado el debate. Los principales argumentos de ese movimiento a favor de la remunicipalización del servicio del agua se basan en la defensa del interés general, la necesidad de abaratar los costes de los servicios y darles una vertiente más social y la dificultad de controlar una gestión tan compleja como el ciclo integral del agua en manos privadas.
La defensa del interés general y la absoluta falta de control que se ha registrado son los principales argumentos que llevan a los técnicos municipales Benito Cabrera Figueroa y Miguel Padrón Hernández, a plantear la posibilidad de remunicipalizar el servicio de saneamiento, el más polémico de todos los que gestiona Emalsa. Ha sido el blanco de las mayores críticas, debido a los incumplimientos detectados en la gestión, tanto en los informes del exinterventor Rafael Bolívar como por la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, que impulsó un proceso penal, que está en marcha, con 15 ejecutivos investigados por un presunto delito societario.
Interés general
El último informe que ha salido a la luz , el de Cabrera y Padrón, vuelve a confirmar la existencia de las anomalías ya detectadas, como las deficiencias en el mantenimiento de la red de saneamiento, los sobrecostes injustificados en los precios del contrato, que ahora la empresa pretende doblar, y la subcontratación irregular de Sercanarias, la empresa de los socios privados, a la que se ha adjudicado a dedo el alcantarillado y al menos otros 18 servicios más en los últimos 9 años.
En este escenario, vuelven a plantear que el Ayuntamiento debe anteponer la defensa del interés general y sostienen que no tiene sentido subcontratar los servicios si ello no supone un ahorro de coste o una mejor gestión. "El Ayuntamiento, en defensa de sus intereses, debe velar no sólo por el cumplimiento de la legalidad en lo relativo a la subcontratación" del saneamiento, sino que debe defender "especialmente el ahorro de costes" que esta significa "y su destino". Al respecto, cree que el Tripartito debe valorar, una vez haga el estudio de costes, "la posibilidad de licitar directamente el contrato de saneamiento, es decir, remunicipalizar el servicio". Esta no es la primera vez que los técnicos plantean la necesidad de recuperar el servicio.
Las conclusiones del quinto informe de la intervención de septiembre de 2015 hablan de reformular las relaciones con Emalsa, debido al deficiente cumplimiento de las obligaciones, que "no defienden el interés general" y ponen en riesgo la gestión del agua. Año y medio después, el nuevo informe llega a parecidas conclusiones, aunque no se pronuncia de manera tan decidida en torno al rescate del servicio, tras un "rechazo global" de las propuestas planteadas por la consultora KPMG sobre el aumento de las tarifas y del coste del nuevo contrato de saneamiento, entre otros. Además, Cabrera y Padrón llegan a cuestionar la "visión cortoplacista" de la realidad que tuvieron los responsables municipales que privatizaron en 1993 el 66% de las acciones de Emalsa y su incapacidad y/o falta de voluntad para modificarla. En cuanto a la situación actual y los incumplimientos de la gestión, advierten que "bajo el paraguas de la llamada gestión integral del ciclo integral del agua no puede esconderse un monopolio que genere un sobrecoste para el Ayuntamiento y los ciudadanos". "Los ciudadanos", creen, "no deben soportar un sobrecoste del servicio que unicamente persigue la retribución del capital privado de Emalsa". Y añaden: "Si el mercado ofrece precios más competitivos que los de Emalsa, en el supuesto de que ésta tenga que realizar el servicio por sus propios medios sin subcontratar, ¿qué sentido tiene que el Ayuntamiento mantenga el contrato con Emalsa en su perjuicio y en el de los propios ciudadanos en lugar de promover un concurso abierto?. Obviamente, este planteamiento generaría un cambio radical a la gestión integral definida por el pliego" del concurso que privatizó el 66% de las acciones de Emalsa.
