Los estibadores están dispuestos a bajar una media del 6% sus salarios para contribuir a la consecución de un acuerdo en el plano laboral sobre la reforma del sector de la estiba, siempre que garantice los puestos de trabajo para este colectivo. Así lo aseguró a Europa Press Antolín Goya, coordinador de Coordinadora de Trabajadores del Mar, al término de la reunión de cinco horas de duración mantenida ayer con la patronal del sector y el Gobierno. Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios (ASEP) señaló, por su parte, que la oferta de los trabajadores es un "ejercicio de responsabilidad", pero avisó de que "no hay intención por parte del Gobierno y de las empresas de garantizar la subrogación de los empleos" en el texto del decreto que reforma el sector. La reunión, que era la primera que se celebraba tras el rechazo del Congreso al decreto ley con el que el Gobierno pretendía modificar el régimen legal del sector para cumplir con Europa y evitar una multa de la UE, concluyó sin acuerdo.
La principal discrepancia es, precisamente, la reivindicación de los sindicatos de que el compromiso del Gobierno y las empresas de subrogar a los estibadores se garantice a través de un texto legal. No obstante, el Ejecutivo mantiene que no se puede "imponer una subrogación por ley a las empresas porque es contrario a la legislación y a la normativa europea", según indicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, a la conclusión de la reunión. "La subrogación por ley constituye una dificultad insalvable", remarcó.
A pesar de ello, el 'número dos' de Fomento reiteró la disposición de su Departamento a trasladar a una "norma o disposición" el eventual acuerdo laboral que lograran patronal y sindicatos, concretando en un instrumento de ese tipo los distintos supuestos de subrogación y las ayudas a la prejubilación. Sin embargo, no explicó cómo se concretaría esa norma, al igual que el ministro Íñigo de la Serna no supo hacerlo la pasada semana cuando habló de un "instrumento normativo" que complementaría al decreto para evitar la pérdida de los empleos. El titular de Fomento consideró, ayer antes del encuentro, que la oferta era "inmejorable y muy generosa".
Nueva propuesta
Sin embargo, Rodríguez señaló al término de la reunión que el Gobierno no tiene intención de incluir la subrogación del personal, "que es el pilar de la negociación". El estibador explicó que habían insistido con una nueva propuesta con unas aportaciones económicas del 5% para aumentar la productividad y un 1% para el coste de las prejubilaciones que haya que adoptar para adecuar las plantillas. "Nos hemos encontrado con un Gobierno otra vez inflexible, intransigente con respecto a la modificación del decreto e insistiendo en que no es posible garantizar los trabajos en la ley", agregó el presidente de ASEP, que, aunque se mostró convencido de que hay que seguir trabajando para alcanzar un acuerdo, no ve "ningún paso de verdad" por parte del Gobierno, ni de las empresas.
En la reunión celebrada ayer en Madrid se trataron cuatro temas fundamentalmente. Por un lado, la subrogación. Por otro, las condiciones laborales, para tratar de buscar mayor productividad al servicio, con mejor cualificación y adaptación a las nuevas tecnologías. También se trató el pago o la aportación para alcanzar una adecuación de las plantillas. Por último, se habló de una comisión de seguimiento que garantice que los acuerdos que se tomen se vayan ajustando a la realidad del día a día. "Por darle una lectura positiva, hemos estado de acuerdo en que esos son los temas que tenemos que tratar", agregó el trabajador de la estiba.
El ministro De la Serna insistió ayer de nuevo en que el compromiso del Gobierno está en cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), porque "la ley está para cumplirla, en primer lugar, y porque atañe a toda España". "Tenemos que ajustarnos a los límites que ofrece la propia Comisión Europea".
Para el titular de Fomento, "cumplir la ley y una sentencia no puede estar condicionado a que los estibadores quieren o no alcanzar un acuerdo". Así, señaló que el Gobierno "va a seguir ejerciendo su responsabilidad", según Europa Press. El ministro cree que si para algo ha servido que el decreto no se aprobase es para "escuchar" el mensaje unánime fuera del Congreso de los ciudadanos que no están dispuestos a pagar 134.000 euros al día. "Esta es una multa contra todo el Reino de España", añadió, aunque no dijo que si se hubiese reformado el sector hace un año no hubiera existido esa sanción.
Asimismo, De la Serna puso de relieve la situación que viven las mujeres que quieren trabajar en alguno de los puertos de España y, según él, "no pueden" o de los desempleados a los que le gustaría tener una oportunidad de presentar su oferta para un puesto de trabajo en este sector "que tampoco pueden". Por ello, recalcó que el Gobierno se preocupar por el interés general de la sociedad y ha pedido un poco de responsabilidad y de visión de Estado.
Por su parte, el senador del grupo Podemos-En Comú-Compromís-En Marea, Ferran Martínez Ruiz, indicó que el rechazo del decreto en el Congreso ha sido una constatación de un fracaso del Gobierno. Para el senador, el Gobierno "ha fracasado porque ha exigido provocar un conflicto a más de 6.000 trabajadores, ha puesto en peligro la estabilidad de los puertos de España, se ha cerrado al diálogo y porque ha intentado desregular el sector de la estiba en vez de lograr una solución satisfactoria para todas las partes".
Mañana jueves o quizá hoy, si se adelanta, habrá un nuevo encuentro entre estibadores y patronal.
