La adjudicación del servicio de atención a domicilio de la capital grancanaria fue correcta y la decisión de los técnicos de considerar mejor oferta la presentada por la empresa Clece, es "válida" y se ajusta a la legalidad y a los criterios que rigen el concurso. Así lo ha considerado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ha ratificado la adjudicación del servicio por la junta de gobierno el pasado mes de octubre y ha desestimado los recursos presentados por Ralons Servicios S. L. y Ralons Salud S. L. y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Asidma Servicios Sociales S. L.- ICOT Servicios Integrales S. L. U-Instituto Insular de Rehabilitación S. L. La decisión del órgano de intermediación del Gobierno canario, que es definitiva, da vía libre al traspaso del servicio a Clece, que pierde Ralons, un procedimiento que el gobierno municipal quiere hacer efectivo de inmediato, antes del próximo mes.
El vicepresidente ejecutivo del grupo Ralons, Héctor de Armas, anunció su intención de recurrir la adjudicación en los tribunales, a los que solicitarán en los próximos días la suspensión cautelar de la nueva concesión. La decisión de la mesa de contratación, que dio una mayor valoración a Clece, ha provocado que ésta le arrebate el servicio a Ralons, que lo gestiona desde el año 2011. Clece se hará cargo de un contrato por valor de 34,4 millones durante un periodo de dos años, prorrogable a otros dos , que contempla la atención a 2.800 usuarios.
Más de cuatro meses ha tardado el Tribunal Administrativo en dictaminar que la adjudicación a Clece de uno de los contratos más cuantiosos del Ayuntamiento se ajusta a la legalidad. El traspaso de la gestión del servicio está congelado desde hace seis meses, ya que la mesa de contratación lo adjudicó en septiembre pasado. La paralización ha permitido a la empresa de Miguel Ángel Ramírez seguir gestionando el servicio durante todo este tiempo. La resolución del Tribunal Administrativo considera acertada la baremación de los técnicos y entiende que los recurrentes no han presentado ninguna prueba que demuestre que los criterios de los funcionarios han sido discriminatorios.
Traspaso
El Tribunal Administrativo levanta de esta manera la suspensión cautelar y da vía libre al traspaso del servicio a Clece, filial de ACS. el grupo de Florentino Pérez.
El concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, sostuvo ayer que ya se ha avisado a la empresa Clece para que se haga cargo del servicio "lo antes posible". Ortega espera que la entrada de la nueva empresa se produzca antes del próximo mes. Ortega se mostró satisfecho de la decisión del órgano de la Comunidad Autónoma y resaltó que el proceso de adjudicación de la atención a domicilio ha sido de "los más limpios y rigurosos" que se han producido en el Ayuntamiento.
Las compañías que recurrieron la adjudicación alegaron que la oferta de la empresa ganadora era "desproporcionada", "temeraria", "irreal" e "irrealizable", por presentar una mejora de 100.000 horas de más de servicios extra gratis durante dos años, en forma de limpieza de choque de los domicilios de los usuarios.
El Tribunal Administrativo entiende, por el contrario, que la baremación realizada por los técnicos municipales fue correcta. "En tal sentido, este Tribunal (....) considera que, precisamente con base en el principio de discrecionalidad técnica de la administración, los informes están dotados de una presunción de acierto y veracidad por la cualificación técnica de quienes los emiten y sólo cabe frente a ellos una prueba suficiente de que son manifiestamente erróneos o se han dictado en clara discriminación de los licitadores", recoge literalmente la resolución. Ortega insistió en que "la adjudicación ha sido una decisión puramente técnica, aunque otros han querido pensar otra cosa". Se refería el edil a las críticas de la oposición y, sobre todo, del Partido Popular (PP), que llegaron a pedir su cese y su retirada de la mesa de contratación.
"Hay que aclararles que los políticos no decidimos nada en la mesa de contratación. A lo mejor en la época en la que gobernaban ellos sí decidían los políticos, pero ahora no", sostuvo el edil, que defendió la limpieza y legalidad del proceso. A su juicio, el PP no defiende los intereses de los ciudadanos, sino sus propios intereses. "He venido aquí para hacer una política diferente que beneficie a todos, no para favorecer a unos pocos, como hace el PP. Hemos sido muy rigurosos, a pesar de lo que han dicho algunos personajes políticos, con el simple objetivo de favorecer a terceros. Se llenaron la boca diciendo que la adjudicación fue un error, que achacaron a mi desconocimiento. Han sido ocho meses en los que he tenido que aguantar muchas barbaridades, la mayoría, en boca del PP. Voy a ver si son capaces ahora de pedir disculpas por lo que han dicho todos estos meses. No sé si lo que pretendían era cambiar la decisión final de los técnicos", dijo Ortega.
En el mismo sentido se pronunció el primer teniente de alcalde, Javier Doreste, quien se preguntó qué "dirán ahora todos aquellos que criticaron este adjudicación y la utilizaron como arma contra la gestión del gobierno municipal y contra la gestión de Podemos. Me gustaría sabe si alguno de ellos va a pedir disculpas". Doreste añadió que no es la primera vez que se "intenta judicializar una decisión" del Tripartito y "los tribunales terminan dándonos la razón".
El vicepresidente de Ralons indicó, por su parte, que acepta la resolución del Tribunal Administrativo, aunque no le gusta, y añadió que su empresa prepara la presentación de un recurso contencioso-administrativo en los tribunales. "Tenemos dos meses para interponer el recurso y solicitaremos también al juez" la aplicación de medida cautelar, que consiste en la suspensión de la adjudicación a Clece.
