La existencia de dos informes contrapuestos sobre la viabili- dad de exhumar los cuerpos de los represaliados de San Lorenzo del Cementerio de Vegueta ha llevado al Ayuntamiento capitalino y al Cabildo de Gran Canaria a tomar la decisión de encargar un tercer estudio a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Esta nueva aporta- ción científica servirá para determinar si es o no preceptivo excavar en la fosa número 2, donde todos los indicios apuntan a que están los restos.
En su propuesta, el investigador Pedro García Bilbao no es partidario de realizar los trabajos porque no está seguro de que los cadáveres estén aún en la ubicación señalada históricamente, dadas las continuas "transformaciones y reubicaciones" en la parcela. Por el contrario, Santiago Carcas Cuartero señala que los fusilados siguen estando en el lugar en el que fueron enterrados en 1937, "con cal y tierra encima de ellos". Esta disparidad ha enfrentado al Ayuntamiento con los familiares de los represaliados, que consideran que no se ha hecho lo suficiente por recuperar los cuerpos de sus ascendientes. Millares, por el contrario, siempre ha afirmado que está a favor de la exhumación, pero advierte de que para llevarla a cabo es necesario contar "con todas las garantías".
Los llamados Cinco de San Lorenzo fueron fusilados por los golpistas en el campo de tiro de La Isleta el 29 de marzo de 1937. Es decir, el próximo miércoles se cumplirán 80 años de los asesinatos. Allí fueron abatidos Juan Santana Vega, alcalde comunista del entonces municipio de San Lorenzo; Manuel Hernández Toledo, inspector jefe de la policía municipal; Antonio Ramírez Graña, secretario municipal; Francisco González Santana, dirigente sindical de la Federación Obrera; y el sindicalista majorero Matías López Morales. Mientras que Manuel Hernández, Matías López y Antonio Ramírez fueron enterrados en nichos, Francisco González y Juan Santana acabaron en una fosa común del Cementerio de Las Palmas.
A partir de ahí empezó un calvario para sus familiares, que llevan luchando años para que se les entreguen los restos de sus seres queridos. Con la llegada de la Ley de Memoria Histórica, durante el mandato socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se vislum-bró una posibilidad sin prece-dentes para desenterrar ese oscuro pasado y resarcir a quienes lo han sufrido, no sólo por la luctuosa pérdida, sino para poner en valor la memoria de los represaliados, que no fueron objeto de ningún juicio justo y que defendie-ron la legalidad vigente en la II República.
Pero la ley no ha sido fácil de aplicar y los familiares han recurrido incluso a la vía judicial para que se lleve a cabo la exhumación. Las dificultades planteadas por el informe de Pedro García Bilbao frenaron el proceso en este último año. Los afectados temieron, incluso, que un monolito que va a honrar a los represaliados en el Cementerio de Vegueta hiciera imposible desenterrarlos en el futuro, pero el Consejo de la Memoria Histórica capitalino decidió poner el monumento en un espacio que no invalidara esa opción.
Reunión de coordinación
Así las cosas, en la última reunión de coordinación entre el Cabildo y el Ayuntamiento, celebrada el pasado martes, para profundizar en "la justa reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la atención debida a las asociaciones de Memoria Histórica, ambas instituciones se comprometieron a mantener el máximo nivel de colaboración en este proceso de reparación, hasta el momento no satisfechas", señaló ayer la institución insular en un comunicado.
"Por este motivo, se mostraron a favor de la exhumación y encargarán el plan de viabilidad e intervención a un grupo de expertos universitarios con el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de la fosa común", agregó.
