Hasta 157 estibadores de los 442 que componen la plantilla actual en el Puerto de La Luz se podrían acoger al ofrecimiento realizado por el Gobierno de España, que aseguraría el cobro del 70% del sueldo a aquellos que se prejubilen de forma voluntaria. A esta se pueden adherir quienes les resten un máximo de 60 meses para el retiro laboral ordinario, es decir, aquellos que cumplan 50 años ya que en el sector de la estiba la jubilación la marca los 55 años al estar incluidos en el régimen especial de los trabajadores del mar.

"Es más de un tercio porque aquí el grueso de la plantilla de estibadores entraron casi todos en 1994, son gente que lleva ya 24 años trabajando", dijo ayer Daniel Báez, gerente de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) para explicar el alto número de empleados que se encuentran en esa franja de edad. El Gobierno presentó in extremis el miércoles de la pasada semana una serie de propuestas para conseguir sacar adelante el decreto ley de reforma del sector, que al día siguiente se llevó al Congreso donde el Ejecutivo sufrió una dura derrota al denegarse la aprobación de la modificación de la ley.

Entre la oferta presentada por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se encontraba que los trabajadores se pudieran acoger a una prejubilación voluntaria, con el 70% del sueldo, a quienes les queden menos de 60 meses para llegar a su retiro laboral, es decir, quienes cumplan 50 años o más. Esta propuesta fue rechazada por los sindicatos de los estibadores, quienes el pasado miércoles realizaron una contraoferta en la que se indicaba que ese procentaje se incremente hasta el 80%, con un mínimo de tres veces el sueldo mínimo interprofesional, es decir, 2.123,1 euros al mes.

La reforma de la estiba, que prepara el Gobierno para acatar así la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa que obliga a liberalizar la contratación de los trabajadores en la estiba, también provoca un interrogante dentro del recinto portuario: el pago de la deuda que tiene la Sagep con la Autoridad Portuaria, que asciende en la actualidad a 12,8 millones de euros. "La gran pregunta es qué pasará con el déficit y la deuda", dijo Báez. "Lo normal y lo más sensato es que si nos remitimos a los documentos que se firmaron en 2014 -cuando ambas partes llegaron a un acuerdo para que las empresas afrontaran ese pago después de años de litigio- sería que se repartieran entre las empresas, que cada uno asumiera el suyo", como se está haciendo en la actualidad, apuntó el gerente de la Sagep. "Estoy seguro de que alguna forma se encontrará", indicó.

Daniel Báez mostró su deseo de que el proceso de reforma que ahora mismo está en el candelero acabe cuanto antes. "Debería de haber solución a corto plazo", dijo, para añadir que "el fondo de la cuestión no se puede discutir, lo que se está discutiendo es la periferia", y atisbó que si finalmente se produce un "decretazo", que no cuente con el apoyo de todas las partes, "lo que se va a hacer es ir de Guatemala a guatepeor".

Mientras tanto, las conversaciones entre patronal y sindicatos se estancaron ayer tras la propuesta empresarial, que, según los trabajadores, "imposibilita" un acuerdo sobre la garantía del empleo. El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario de los estibadores, explicó que las empresas proponen "una modificación total" de las actual condiciones laborales de los trabajadores, sin garantizar, además, "ni un puesto de trabajo".

Si los estibadores aceptan las condiciones que proponen, las empresas decidirán si quieren subrogarles en un nuevo Centro Portuario de Empleo (CPE) o plantear nuevas contrataciones ex novo con las condiciones que se pacten en ese momento, añadió Goya.

Para el coordinador de la CETM, se pone de manifiesto que no sólo no hay una garantía de mantenimiento del empleo, sino que además la propia posición del Ministerio de Fomento "está avalando que la parte empresarial no tenga ninguna disposición para alcanzar un acuerdo". El Gobierno "está poniendo sobre la mesa una oportunidad de oro" a las empresas para que se queden sin la carga de los trabajadores, criticó.

A pesar del enfriamiento de la negociación, ambas partes se han emplazado a celebrar una nueva reunión la semana próxima, para que los sindicatos respondan oficialmente a la propuesta empresarial y Goya espera que estén presentes representantes del Gobierno, después de que se pusiera de manifiesto ya por escrito que es imposible llegar a un acuerdo sobre el mantenimiento del empleo.