A Paula Hernández Santana se le puede aplicar el dicho de a perro flaco todo son pulgas. Víctima de violencia machista, tiene a su cargo cuatro hijos menores de doce años y desde hace unas semanas está en el paro, tras terminar el proyecto de cuadrillas especiales de limpieza del Ayuntamiento de la capital grancanaria en el que trabajaba. Ahora se enfrenta al desalojo de la casa, en el barrio de San Francisco, donde vive en alquiler.

La plataforma Stop Desahucios Norte de Gran Canaria asegura que ha logrado frenar dos veces el desalojo, pero el juzgado ha seguido adelante con el procedimiento y el próximo 6 de abril es la fecha definitiva para el desahucio si alguien no lo remedia.

Lo más absurdo del caso es que la persona que la ha denunciado y conseguido una orden judicial de desahucio ya no es el dueño de la vivienda. Ni siquiera lo era cuando denunció a Paula, pues su casa ya estaba en proceso de subasta y pasó a manos del Banco Sabadell.

Ha intentado por activa y por pasiva hacerle ver al Juzgado de Primera Instancia número 13 que la casa había sido subastada cuando el supuesto dueño la denunció, pero la maquinaria de la justicia se puso en marcha y no hay forma de que dé marcha atrás.

"Me han dicho que es demasiado tarde y que hay que cumplir la sentencia, aunque en el banco me han asegurado que no hay problema, que me puedo quedar y que ya llegaremos a un acuerdo. Me dijeron que dejara de pagarle al anterior dueño", que además le reclama 5.000 euros, explica Paula. Su actual abogada acaba de denunciarlo por usurpación de propiedad y falsificación de documentos. Este es el último intento que van a explorar para neutralizar el desalojo.

Iván Llamazares, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca-Stops Desahucios Norte de Gran Canaria, reclama al Sabadell que se persone en el proceso para paralizar la orden.

"El banco debería aclarar en el juzgado que es el legítimo dueño. Están tratando el asunto como si fuera la ocupación de una casa y no es así", señala Llamazares, quien lamenta que no haya sido posible convencer al juez del equívoco.

"No sabemos como pudo demostrar el denunciante que había un contrato de alquiler, porque no se firmó nada. Hemos intentado hablar con el juzgado para hacerles ver que la van a echar de la casa a ella y a los cuatro hijos y nos dicen que el momento de recurrir ya pasó".

Paula alquiló la casa en 2015, "por 450 euros al mes, con la condición de que me bajara el precio más adelante porque el piso estaba muy mal. La tuve que arreglar. Le pedí que me firmara un contrato y se negó. Al quinto mes se presentó en mi casa un empleado del Sabadell y me dijo que la casa era del Sabadell. Y dejé de pagar al anterior dueño. Mis hijos no saben nada. Yo no duermo. No sé a donde iré. Nadie te alquila un piso con cuatro niños, sin avalista, sin contrato. No tengo la culpa de pagar las consecuencias del primer abogado que tuve y que no supo hacer bien su trabajo".

Hasta en eso tuvo mala suerte esta mujer luchadora, que no se rinde. Ahora lo intenta de nuevo con otra abogada de oficio que intenta enmendar el "mal trabajo" realizado por el anterior. Ayer esperaba turno en la Supercomisaría para denunciar a su denunciante por atribuirse la propiedad y alquilar un inmueble que no era suyo.