Fomento rechaza el acuerdo entre estibadores y patronal

El Gobierno no acepta incluir la subrogación por ley. Empresarios y trabajadores entregan un sorpresivo documento conjunto

30.03.2017 | 21:46

Con voz cansada, Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios (ASEP), expresaba anoche su indignación por la posición tomada por el Gobierno central en la reforma de la estiba. Lo hacía después de que se anunciara un sorpresivo acuerdo al que habían llegado la patronal y los trabajadores, después de que la semana pasada mostraran públicamente su distanciamiento en las negociaciones. Sin embargo, el Ministerio de Fomento rechazó el preacuerdo, que incluía que la continuidad de los empleados se recogiera en una disposición normativa con rango de ley, al entender que incumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, explicó que si bien por ley no se puede recoger la subrogación de los estibadores, añadió que el Gobierno se sumaría a este principio de acuerdo si la continuidad de los empleados fuese por mero convenio colectivo entre las partes. En este punto, Rodríguez declaró sentirse engañado por la postura del Gobierno. "Sentimos que nos están tomando el pelo" ya que, entiende, el consenso entre las dos partes en materia de subrogación es lo que le exigió el Estado hace una semana.

En el documento se recoge, entre otros términos, una reducción del 10% en los salarios de los trabajadores de los puertos afectados por el convenio sectorial estatal, aunque sólo en quienes tengan unos ingresos mensuales brutos superiores en un 5% del importe resultante al multiplicar por tres el salario mínimo interprofesional. Asimismo, incluye una reorganización de las manos de trabajo en aquellos puertos que lo necesiten para mejorar la productividad.

Sobre las jubilaciones, el acuerdo establece ayudas públicas para las bajas voluntarias en forma de prejubilaciones para aquellos que se encuentren entre los 50 y los 55 años, con un importe mínimo equivalente a tres salarios mínimos interprofesionales. Ambas partes solicitan, asimismo, que a través de las autoridades portuarias se adopten medidas que compensen los costes laborales del personal subrogado, haciéndose cargo así la diferencia de los costes que supongan estos empleados en relación con los de nueva contratación. Gómez-Pomar criticó en este sentido que la patronal y sindicatos hayan pedido que el Gobierno, y "todos los españoles", asuman la diferencia salarial entre los nuevos contratos y los antiguos.

En el documento presentado ayer también se establece la creación de una comisión tripartita de seguimiento del acuerdo, compuesta por tres representantes de la patronal, tres de los sindicatos y otros tres del Gobierno. Esta estará presidida por el presidente del Consejo Económico y Social (CES) y actual mediador en las negociaciones, Marcos Peña.

A la salida de la reunión celebrada en la sede del CES, en la que estuvieron presentes el citado secretario de Estado, la secretaria general técnica de Fomento, Alicia Segovia, el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y el director general de Empleo, Xavier Thibault; el coordinador general de la Coordinadora Estatal De Trabajadores del Mar (Cetm), Antolín Goya, explicó que patronal y sindicatos han cumplido su parte al acordar una subrogación con rango de ley, mientras que el Gobierno ha mostrado su rechazo.

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) lamentó a través de un comunicado que no se haya podido alcanzar un acuerdo tripartito "tras el esfuerzo realizado por la representación de las empresas y por los sindicatos más representativos del sector". "Este principio de acuerdo", indicó la patronal en la nota, "recoge cuestiones positivas para el sector en relación con las medidas organizativas y productivas, así como respecto a las garantías de continuidad en el empleo de los actuales trabajadores". La patronal incidió en que espera que después de este acercamiento de posturas, el Gobierno reconduzca la situación aceptando la reforma propuesta por ambas partes.

Y es que la Unión Europa apremia a España a reformar el sector con inmediatez. El Estado se enfrenta ya a una multa de 22 millones de euros, que se podría ver ampliada en los próximos meses si no acata la sentencia de 2014 que exige la liberación del sector.

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