El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, Arturo Peinado (Madrid, 1964), participó ayer en el Centro Cultural Pepe Dámaso para hablar de la ley de Memoria Histórica y su estado, en un acto organizado por el Consejo Asesor de la Memoria Histórica Municipal de Las Palmas. En su opinión, la ley, aprobada en 2007, no se está cumpliendo por no tener reglamento ni presupuesto. Uno de sus grandes handicaps es que en las exhumaciones no interviene la justicia.
¿Se está cumpliendo la Ley estatal de Memoria Histórica?
No, en primer lugar porque en cuanto a tema de presupuesto está absolutamente abandonada. Se trata de una ley mala por definición porque no ofrece justicia a las víctimas del Franquismo, salvo en cuestiones secundarias, y además hay un elemento fundamental y es que no tiene un desarrollo reglamentario. Un ejemplo, en el tema de las calles franquistas. Si tu dices que hay que quitar las calles pero no estableces cuáles sí y cuáles no; una tipología de lo que hay que quitar, los plazos que hay que cumplir y un sistema de sanciones; pues no se cumple. El problema de la ley, aparte de los intrínsecos, es que no tiene desarrollo con lo cual hay muchas cosas en las que no se avanza.
¿En ningún aspecto?
Quizás el tema al reconocimiento a los hijos de exiliados españoles, sobre todo en Latinoamérica, con la ciudadanía española; a las Brigadas Internacionales. Es a lo que más se ha llegado.
¿De qué depende que la ley se aplique? ¿Del signo político de quien gobierna, de la presión de la sociedad o de ambas cosas?
Por un lado, depende de la voluntad del gobernante. En el municipio de Madrid, por ejemplo, no se han quitado aún las calles, pero sí los símbolos fascistas de muchos edificios de la administración del Estado durante la época de Zapatero porque había una voluntad por parte de la ministra Carme Chacón. Lo que está claro es que si se está hablando de Memoria Histórica en estos últimos diez doce años, si se está gestionando toda esta cuestión, si se ha conseguido algo, ha sido por la presión de la sociedad civil, de las múltiples organizaciones que estamos trabajando en todo el Estado español por ello. Nadie nos ha regalado nada; se ha conseguido con manifestaciones, protestas, reuniones y también por la capacidad que hemos tenido de hacer propuestas. En diez años se ha avanzado bastante, aunque aún queda mucho.
¿Qué comunidad va de avanzadilla y, cuál más rezagada?
En las que gobernaba el PP y sigue haciéndolo no se ha hecho absolutamente nada. Se está avanzado bastante en Cataluña, con el Memorial Democràtic; en Andalucía con la ley de Memoria Histórica, a pesar de que tiene muchos defectos; y en Valencia, donde su ley es de las más avanzadas. También Aragón, Asturias. Las leyes autonómicas, por su definición, no afectan fundamentalmente a la justicia porque no tienen competencias.
¿La exhumación de los cuerpos es lo más está costando?
No. Lo que está costando es que se haga como se tiene que hacer, como se hace en el resto de los países del mundo y como estamos financiando para que se haga en Bosnia. Bien y conforme al mandato de Naciones Unidas. Es decir, aquí lo que se está haciendo es que, en lugar de hacer la exhumación de forma judicializada; que es lo que ocurre cuando te encuentras un cuerpo con síntomas de violencia, que llega la policía, el juez y se abre un proceso judicial, se está diciendo que si ustedes son familiares de las víctimas pidan una subvención y saquen los restos por su cuenta. Una cosa aberrante, sin intervención de la justicia y negando explícitamente el derecho a ella. Es una auténtica externalización de servicios y privatización del proceso de exhumación de las fosas comunes; algo inaceptable.
¿No es cuestión de dinero?
Cuando estaba el PSOE había dinero y ahora, con el PP, no lo hay. Pero la cuestión no es esa; yo he participado en una quincena de exhumaciones pero yo no lo tengo que hacer, ni la familia, ni un ayuntamiento, sino el Estado a través de la justicia. La ley de Memoria Histórica abandona a las víctimas del Franquismo y hace una dejación de sus funciones. Un abogado, amigo mío, dice que la forma más fácil de matar a una persona y deshacerte de ella es decir que eres de la Memoria Histórica y que te has encontrado un cadáver con dos tiros en la frente porque te van a decir: no sé nada, pida usted una subvención para sacarlo, enterrarlo o hacer lo que quiera con él. Y eso es lo que está pasando. Las exhumaciones se tienen que judicializar y no en base a la ley de Memoria Histórica, sino en aplicación de la de Enjuiciamiento criminal, aunque luego no haya un enjuiciamiento penal por no encontrar a los responsables.
¿La justicia no se está implicando en ello?
No, porque tiene instrucciones para no hacerlo y porque la propia ley te dice que tiene que ser por vía administrativa y no por vía judicial. En la sentencia por la que el juez Baltasar Garzón es absuelto se dice claramente. Este señor ha movido este proceso, suponemos que no sabía lo que estaba haciendo y por eso se le absuelve pero, el próximo que se atreva a abrir un procedimiento por la causa de víctima del Franquismo, sabe a lo que se atiene. La sentencia absolutoria de Garzón del Supremo funciona como amenaza al resto de los jueces. La jueza argentina Servini mandó un exhortó para pedir que los jueces españoles tomasen declaración a los antiguos ministros del Franquismo, y hubo una circular de la Fiscalía General del Estado que utilizaba la sentencia de Garzón como amenaza. Es decir, el tema de la justicia está prohibido en la ley de Memoria Histórica del 2007.
Lo que está ocurriendo con la fosa común del cementerio de Las Palmas, de solicitar un tercer informe para ver si se pueden sacar o no tras dos primeros contradictorios, ¿es normal?
Sí. En primer lugar, la exhumación en un cementerio es lo más difícil porque, como es normal, está lleno de muertos. Tu abres la fosa pero ¿cuál es el límite?. Te encuentras con niños al lado, con restos de hace 200 años. Además, aunque la gente no lo crea, hay mucho movimiento de osarios, gente pobre de asilos, indigentes, niños no natos, suicidas. Es muy complicado trabajar en ellas; hay que tener muchas reservas. En segundo lugar, lo que nosotros defendemos son las exhumaciones de fosas clandestinas del Franquismo. Son crímenes contra la humanidad porque ha habido un proceso extrajudicial y una desaparición forzada, que es un delito permanente que nosotros siempre metemos en la denuncia porque, según Naciones Unidas, hasta que no salen los cuerpos el delito no empieza a prescribir. En el caso de la fosa común y de los fusilados de San Lorenzo, no debe tratarse del mismo modo porque, hasta cierto punto, es un enterramiento legal. Fueron condenados a muerte en un proceso, fusilados y enterrados. En este tema, consideramos que hay que ser muy cuidadoso, no engañar a la gente contándoles las posibilidades de que se encuentren o no porque yo he participado en algunas que ha habido que cerrar sin intentarlo porque el arqueólogo nos ha dicho que ahí no podía quedar nada, porque había agua, se ha movido el terreno, es ácido. Son las familias, el Ayuntamiento, al ser civil el camposanto, quienes tienen que decidir en base a las legislaciones de enterramiento que haya. Por parte de las organizaciones de la Memoria Histórica, la pelea aquí es otra. Conseguir verdad, justicia y reparación para esos compañeros con un lugar para la memoria, donde aparezcan los nombres de todos ellos de cara al público y constituir una comisión de familiares para que se rinda un homenaje con todas las instituciones. Y también que se logre la anulación de la sentencias franquistas, una cosa que para nosotros es muy importante. A día de hoy siguen siendo legales y firmes porque nadie las ha anulado. La pelea por su memoria está ahí; no la de esas cinco personas, sino cada una de las víctimas del Franquismo que fueron condenados en sentencias, los que estuvieron en la cárcel, los que fueron penados por los tribunales de orden público.
¿Qué otras cuestiones de la ley están siendo difíciles de cumplir?
Como te digo, la anulación de las sentencias, el de las exhumaciones no judicializadas, el de la simbología franquista; que es sangrante. Por ejemplo, hace tres días en Valencia vimos una denuncia del PP al juez para que repusiese tres calles y el juez ha dicho que se repongan las veintitantas que se habían quitado. Hay muchas cuestiones, el Parlamento español no ha hecho todavía declaración oficial para pedir perdón a las víctimas. La ley es un fracaso, aunque se veía venir por la forma en la que se hizo. Y luego el no haberse aprobado un reglamento, que podía haber solucionado muchas cosas.
¿Hay visos de que esa situación cambie?
Con los ayuntamientos del cambio se han conseguido muchos avances desde hace dos años, aunque sean parciales. Hace dos años el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se reunió en Ginebra y aprobó dos informes, de dos comisiones que habían estado recorriendo España; yo estuvo con las dos -la de Desapariciones Forzadas y el relator para la Verdad, la justicia a la reparación y la garantía de no repetición-, que se reunieron con todas las organizaciones, desde la División Azul y los que defienden el Valle de los Caídos hasta las organizaciones que luchan por la Memoria Histórica e instituciones. Ambas presentaron informes demoledores que fueron aprobados por el conjunto de la organización, en el que se hacen varias recomendaciones al Estado español para no convertirse en una excepción al cumplimiento de los derechos humanos. Eso supone un desprestigio para España, aunque la defensa que hizo el embajador español en Naciones Unidas al respecto fue impresentable porque dijo que el derecho español estaba por encima y que los crímenes estaban prescritos porque España no había entrado en Naciones Unidos hasta el año 1955. Eso tiene consecuencias para España, porque el Estado puede pedir la extradición de un etarra y decirle que no porque no cumple con los derechos humanos, o en materia comercial.
¿La aplicación de la ley de la Memoria Histórica en calles, monumentos, no va a llevar a las nuevas generaciones a no tener conciencia de lo que ocurrió?
No creo. Uno de los argumentos que esgrime la derecha en este caso es que las calles son historia pero ¿por qué solo se tiene con los nombres de las que las bombardearon y no de quienes las defendieron? ¿No son también historia?. No es una cuestión de ponerles calles, de historia, los antropólogos y sociólogos tienen muy claro que, cuando hay una calle, el objetivo es siempre honrar a esa persona y que se socialicen sus valores, lo que defendía, pese a que cometiera crímenes. Eso, en otro lado, es impensable pero en España estamos acostumbrados a ver estas cosas y como no se ha cambiado nada desde la Transición Española parece normal, pero no lo es. Otro tema que no se ha tenido en cuenta, es que el Jefe del Estado debería pedir perdón en nombre del Estado español a las víctimas. Fue el Estado, la Justicia, la policía, las Cortes, los que organizaban y administraban la represión. Nos hemos encontrado con cosas surrealistas como que el expresidente francés Sarkozy haya pedido perdón a los republicanos por la participación de Francia en la deportación de los españoles a los campos de exterminio nazi e incluso haya ofrecido indemnizaciones a los hijos y, aquí, no se haya hecho nada. Además, lo que no sabe la gente es que la ley de la Memoria Histórica no solo se refiere a la Guerra Civil, sino también a épocas posteriores. En Argentina, Chile, se está encarcelando a gente que cometió crímenes en los años 70 -75 al mismo tiempo que se hacían aquí. Aquí, por ejemplo, los jueces de orden público pasaron a instancias superiores. En el Cono Sur, por ejemplo, los presidentes que han llegado han derogado las leyes de punto y final, de obediencia debida, mientras que aquí continúa la de Amnistía. En los países del Este, por ejemplo, se ha mandado a los represores a su casa.
El Parlamento de Canarias elabora actualmente un borrador sobre la materia ¿qué debería contener para no caer en saco roto?
Las leyes autonómicas tienen una serie de problemas y es que solo tienen poder de justicia en la administración local y en los funcionarios. Ellos no tienen que entrar en exhumaciones de fosas comunes, ni organizarlas, ni nada, lo tiene que hacer un juez. Con tanta ley, se está creando además diferencias entre las víctimas respecto a los derechos humanos dependiendo de la comunidad a la que pertenezcan. Es un tema muy peligroso y muy injusto. Pero podría mirar a la ley andaluza y a la valenciana, que son las más avanzadas; siempre y cuando no se metan en el tema de las exhumaciones. Otros temas como el marcar los lugares de memoria de las víctimas, adecuar el currículum escolar y fomentar actos culturales y educativos e institucionalizar algún día para los represaliados, en el que vayan todas las instituciones, son aspectos que debería incluir.
¿En qué situación se encuentra actualmente el movimiento social por la recuperación de la Memoria Histórica tras el documento de Vicálvaro, firmado en octubre de 2015, en el que se sumaron todos a un compromiso conjunto?
Estamos avanzando bastante; yo empecé en esto en el 2004 y parecía que era cosa de cuatro colgados pero ahora todos los días hay varias noticia, iniciativas parlamentarias y cosas para reconocer a las víctimas. La resistencia en cuanto a política estatal es muy complicada, nos están haciendo un cerco legal con diferentes leyes, reglamentos, pero se están realizando cosas. Ahora, por ejemplo, hay una dispersión de iniciativas políticas para reformar la ley, algunas han sido rechazadas, y pensamos que eso no va a ir a ninguna parte porque tener mayoría en el Parlamento es muy difícil. Creemos que tiene que haber un borrador de proyecto de ley de víctimas del Franquismo, ya se está trabajando en ello, y aunar a todas las fuerzas progresistas y democráticas para trabajar de una manera común para que en un año o dos se hable de ello en las Cortes. Nuestro planteamiento es que las víctimas de la represión franquista tengan el mismo trato que tienen otras como en nuestro país como las víctimas del terrorismo. No queremos que se traslade una a la otra porque son diferentes, pero sí que tiene que haber un reconocimiento del Estado y una reparación, sustentada en las recomendaciones de esas dos comisiones.
