La directora general de Emalsa, Mercedes Fernández-Couto Gómez, declaró ayer como investigada en el proceso penal abierto por los ruidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tamaraceite. Además de Fernández Couto -que fue convocada en calidad de representante de Emalsa- y un jefe de la planta, que declaró también como investigado, acudieron como testigos el concejal de Alumbrado y Aguas, Roberto Santana, y otros seis operarios de la instalación. Todos ellos fueron interrogados, a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, en el Juzgado de Instrucción número 8, que dirige la magistrada Victoria Rosell. La de Fernández-Couto, que acudió pertrechada con numerosa documentación e informes sobre la planta, fue la declaración que más se prolongó. Durante bastante más de hora y media, la responsable de la empresa mixta del agua aseguró, tras ser preguntada por el fiscal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, que la compañía se encontró con el problema de los ruidos, cuando puso en marcha la planta por orden del Ayuntamiento.
Fueron las denuncias de los vecinos de Las Majadillas las que provocaron la apertura de una investigación judicial el pasado mes de septiembre para averiguar si la contaminación acústica que ocasiona la planta desde que entró en funcionamiento es constitutiva de un delito contra el medio ambiente y la salud de las personas.
El constante zumbido que lanza la planta desde que ésta comenzó a funcionar el pasado 27 de julio forma parte de las más de 88 deficiencias y fallos que tenían las estaciones de Tamaraceite y Tenoya y el resto de instalaciones, pese a lo cual fueron recibidas por el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, de manos de la Dirección General de Aguas del Gobierno canario, que dirigió las obras, realizadas por la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Ferrovial, Agroman, Cadagua y Hermanos Santana Cazorla, a la que se adjudicó la obra por 15,10 millones.
Emalsa, que se hizo cargo de la gestión poco antes del verano de 2016 tras ser requerida en al menos dos ocasiones por el Ayuntamiento, cuantificó en mayo pasado en más de 686.000 euros lo que le costará a la ciudad el arreglo de todas las anomalías de las instalaciones.
El juzgado no ha resuelto aún la medida cautelar que han solicitado los vecinos desde el verano pasado. Los residentes pidieron desde agosto pasado la paralización de la depuradora, una medida que es muy difícil que se adopte por las complicaciones en el servicio que ello podría traer consigo.
En estos momentos se está valorando la posibilidad de establecer otro tipo de medidas cautelares, como el traslado de los vecinos afectados por el ruido a otra vivienda hasta que se solucione el problema, un realojo que muy probablemente tendría que pagar el Ayuntamiento, como titular de la planta. El juzgado intenta averiguar de quien es la responsabilidad penal exacta de la contaminación acústica, dado que el Ayuntamiento es el titular de la planta; la compañía Emalsa se encarga de la gestión y la estación fue realizada por una constructora, que no previó medidas correctoras para el ruido de los artefactos.
De hecho, la directora general de Emalsa resaltó ayer que cuando Emalsa se hizo cargo de la estación purificadora, la contaminación acústica se produjo desde que se puso en marcha, porque la planta carecía de sistemas para neutralizar la emisión de los ruidos.
Otro objetivo del interrogatorio se centró en averiguar si se han adoptado medidas correctoras, tanto desde el Ayuntamiento como por parte de Emalsa, para eliminar el problema de los ruidos.
El concejal Roberto Santana sostuvo que los ruidos se han reducido y que se espera resolver el problema en breve. En declaraciones efectuadas hace unas semanas, Santana aseguró que ya se ha efectuado la "actuación más importante" para corregir la contaminación, durante la primera fase de las obras, que ha consistido en "cubrir toda la fachada del edificio donde están los motores y un par de añadidos más para evitar ruidos y vibraciones".
Esta fase que finalizó en enero pasado costó 128.000 euros, que ha pagado el Ayuntamiento. Ahora queda pendiente una última etapa, porque aunque la intensidad de los ruidos es menor, el zumbido permanece y sigue crispando los nervios de los vecinos afectados. "Los vecinos dicen que notan una reducción de ruidos, pero les sigue molestando", explicó Santana, por lo que se realizará otra fase para reducir la contaminación.
Compromiso
"El compromiso nuestro con los vecinos fue aplicar la mejor tecnología a nuestro alcance para llegar al máximo de reducción posible de esos ruidos. Y en eso estamos. Todavía no sabemos el coste de esta última fase, pero va a ser menor que el de la obra que ya se ha hecho", señaló el responsable de Aguas, que añadió que el Ayuntamiento exigirá al Gobierno canario el pago del dinero que se ha gastado en la corrección de las anomalía, un dinero que la Dirección General de Aguas detraerá a su vez de la fianza de la UTE constructora.
Sin embargo, el contratista ha negado su responsabilidad, según el concejal, en la emisión de ruidos de la planta. "Ellos consideran que la falta de aislamiento acústico, que hemos tenido que hacer, no es un defecto del proyecto. Yo ahí discrepo, porque entiendo que en la redacción del proyecto había que tener en cuenta el ruido que producen los motores, que son básicos para el funcionamiento de la planta. La Dirección General de Aguas también considera que es un defecto del proyecto", señaló Santana, quien aclaró que la planta no funciona todavía a pleno rendimiento, para evitar que la contaminación acústica en la zona sea mayor.
