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La reactivación de la construcción colapsa la tramitación de licencias

El Colegio de Arquitectos denuncia que el Ayuntamiento tarda entre 10 meses y un año en dar permisos

La reactivación de la construcción colapsa la tramitación de licencias

La reactivación de la construcción en la capital grancanaria, unida a la falta de personal en las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento, está colapsando el servicio y retrasando la tramitación de las licencias de obra. El problema obliga a esperar entre diez meses y un año para empezar una obra según denunció ayer Vicente Boissier, decano del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, que pidió al concejal de Urbanismo, Javier Doreste, que solucione el problema y agilice la concesión de permisos. Boissier criticó también el largo tiempo de espera -en ocasiones, aseguró, supera las cinco horas- que tienen que soportar los arquitectos y también responsables de las obras el día establecido (los martes) para realizar las consultas sobre los proyectos. Javier Doreste, por su parte, admitió la gravedad del problema, que achacó a la falta de personal del servicio y las dificultades que existen para contratar a más empleados, por las limitaciones estatales para aumentar la plantilla. No obstante, aseguró que hoy se reunirá con el concejal responsable de Recursos Humanos, Mario Regidor, para intentar dotar de más personal al servicio y agilizar las licencias.

Las cifras que maneja Boissier, en función del número de proyectos que visa el Colegio, indican que las obras de construcción han registrado un incremento de un 30% en el último año. Una circunstancia muy positiva, resaltó, que se está viendo frenada por la "falta de agilidad" del Ayuntamiento. "El proceso para autorizar las licencias es tan lento, que está provocando grandes retrasos en el comienzo de las obras. Oscila entre diez meses y un año. Estas demoras se habían medio resuelto, y se tardaba un tiempo aceptable de tres meses, pero desde hace un año ha empeorado con la reactivación de la construcción". Se está tardando un tiempo que es inaceptable", se quejó Boissier.

Parados

A juicio del arquitecto, "hay cada vez más gente queriendo invertir y hacer obra y el Ayuntamiento no se ha puesto al día. Se ha llegado a una situación insostenible. La construcción está aumentando bastante y no lo ha hecho más porque lo está parando el Ayuntamiento. Podía haber aumentado muchísimo más".

El decano del Colegio de Arquitectos añadió que la falta de agilidad en la tramitación de los permisos es un problema que afecta a todas las administraciones, pero "el Ayuntamiento de Las Palmas es el más sensible porque es más grande. Realmente se trata de un problema general de todas las administraciones, que tienen el trabajo parado, mientras los desempleados están esperando, para poder trabajar, a que se pongan en marcha los proyectos empantanados en las estanterías de las administraciones". "Más que un problema de falta de personal", añadió, "es cuestión de organizarse".

El concejal Javier Doreste, por su parte, reconoció que el servicio está "tardando" en conceder las licencias, "aunque no tanto" como denuncian los arquitectos. "Mañana [por hoy] tenemos una reunión con el departamento de Personal para buscar una solución al problema", dijo el edil, que recordó que ha recibido un servicio de Urbanismo con diez técnicos menos que antes del mandato de Juan José Cardona. "Tenemos 17 trabajadores, frente a los 27 que había antes y la ley estatal nos impide reponer esas plazas. Somos conscientes del problema y también es verdad que en 2015 se dieron algo más de 500 licencias, una cifra que se elevó el año pasado a 1.600. Y sigue aumentando. Si no hay gente suficiente, no se puede organizar el servicio", advirtió Doreste, que aclaró que otra cuestión que incide en la demora de los permisos es la revisión de proyectos que no se ajustan a la norma. "En algunos proyectos hemos detectado que las declaraciones responsables no se ajustan a lo realmente ejecutado y lo que tenía como finalidad facilitar y agilizar la concesión de licencias de obra menor y actividades clasificadas, sobre todo, nos obliga a inspeccionar a posteriori -porque descubrimos diferencias notables entre una cosa y otra- y a abrir procedimientos y expedientes sancionadores. Pero ese no es el principal problema, que es la falta de personal suficiente para atender las demandas".

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