La Autoridad Portuaria de Las Palmas garantizó ayer "el absoluto rigor" de su sistema de control de descarga de pesca a través del punto de inspección fronteriza del Gobierno de España. El ente portuario emitió un comunicado en el que respondió a la denuncia de Greenpeace, que asegura que algunas capturas ilegales realizadas en la costa oeste de África acababan descargándose en las instalaciones de la capital grancanaria.

El organismo portuario informó de que se sigue el protocolo establecido por el que solo se autoriza la escala de los pesqueros que dispongan de un informe favorable de acceso emitido por la Secretaría General de Pesca. En el caso al que hizo referencia Greenpeace, que afecta a los barcos Flipper 4 y Saly Reefer, propiedad de la empresa Sea Group, que tienen su base en el Puerto y que han sido retenidos en Guinea-Bissau por presunto transbordo ilegal de pescado en alta mar; el Puerto indicó que estos buques solicitaron escala para avituallamiento y aprovisionamiento, pero no realizaron operaciones de descarga.

La Autoridad Portuaria incidió en que además de los controles requeridos, el propio ente aprobó en marzo del año pasado un procedimiento para el "control de acceso al Puerto de Las Palmas de buques de terceros países con productos de la pesca", que afecta a barcos pesqueros y a cargueros congeladores cuyos productos son transbordados en alta mar.

Para estos últimos, el Puerto comprueba a través del Servicio de Policía Portuaria la existencia de una autorización de descarga, además de grabar con su sistema de cámaras la totalidad de la descarga de las mercancías. Asimismo, el ente controla la operativa de descarga cumplimentado un formulario diseñado para ello y que refleja los datos del buque y de la operativa, así como los servicios de inspección intervinientes. Y, por último, recopila las autorizaciones dadas por la propia Autoridad Portuaria relacionadas con el atraque y la operativa del buque.

Para tener un mayor control del procedimiento, la Secretaría General de Pesca comunica al Centro de Control de Servicios Portuarios de la Autoridad Portuaria la llegada del buque en el que se va a realizar la inspección de la carga con una antelación mínima de 24 horas. Además, a requerimiento de la administración portuaria, se añade si el buque está autorizado para realizar una operativa de descarga. El proceso finaliza con un expediente de cada barco en el que se integra toda la documentación aportada por la Autoridad Portuaria y por los consignatarios. Estos archivos son remitidos para la inspección de la Unión Europea.

La Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques (Asocelpa), por su parte, desmintió ayer la acusación realizada por Greenpeace. La organización de empresarios apuntó que esta práctica no se realiza ya que existen numerosos controles para certificar que la mercancía es lícita. Asocelpa incidió en que la oenegé se contradice porque por un lado felicita a España por sus políticas de control de pesca y ahora ponen en duda las actividades que se realizan en torno a los puertos, dañando la imagen de todas las empresas del sector radicadas en La Luz.

"La Unión Europa comprobó hace años que no hubo pesca ilegal y es absurdo decir que en el Puerto hay pesca ilegal puesto que apenas se descarga pesca", indicó uno de los miembros de Asocelpa, quién agregó que la información proporcionada por Greenpeace "genera dudas y miedos" que dañan la imagen de los operadores de la capital. Y recalcan que todos los buques que arriban a la capital grancanaria tiene que estar en posesión de una serie de documentos que certifican la legalidad de las capturas que entran en el Puerto.