El sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) ha calificado esta tarde de "inaudito" que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se dedique a explicar antes a los medios de comunicación el contenido del futuro Real Decreto que reforma el sector sin darlo a conocer a las partes afectadas. El titular de la cartera ministerial ha asegurado esta mañana que la modificación será inmediata y espera que "esta vez exista responsabilidad política".

De la Serna ha apuntado, durante un desayuno informativo organizado por el diario El Economista, que no sabe si el próximo viernes será aprobado el real decreto por el Consejo de Ministros, aunque en todo caso su aprobación "será inmediata", pues la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "está al caer". Y recordó que el Gobierno recibió hace dos semanas una notificación del TJUE y ya no hay oportunidad ni de presentar alegaciones ni de celebrar una vista oral, pues ya pasa a los jueces que deberán decidir si imponen una segunda multa a España por no liberalizar el sector.

El ministro ha indicado sobre la subrogación que demandan los trabajadores que por ley es imposible establecerla, pero lo que sí se puede hacer es "establecer determinados supuestos de subrogación", como figura en la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, que aceptaron sindicatos y patronal, según ha informado Efe. Asimismo, ha señalado que el contenido de la mediación, que recoge los acuerdos alcanzados sobre garantía de empleo, mejora de la productividad y los 120 millones de euros de ayudas del Gobierno para la reestructuración del sector, se hace a través de un real decreto que colgará del real decreto ley que hizo el Gobierno para cumplir la sentencia del TJUE.

Ante estas declaraciones, los representantes de los trabajadores han informado en un comunicado que desconocen si la reforma a la que hace referencia De la Serna es la que propuso el mediador de las negociaciones o la que presentaron conjuntamente patronal como estibadores. Y han afeado al ministro que aún no tengan conocimiento de la propuesta, "tal como se comprometió a hacer y tal como le exigieron el resto de grupos parlamentarios" cuando se derogó el pasado 24 de marzo el primero Decreto Ley. "A los trabajadores tampoco nos ha llegado una citación para un nuevo encuentro", ha añadido Coordinadora.

El sindicato ha solicitado al Gobierno que se ponga a trabajar para solucionar el conflicto y ha reiterado su compromiso para seguir negociando. La Coordinadora también ha expresado su deseo de conocer el texto que la futura normativa para presentar alegaciones y así la reforma se realice con el acuerdo de todas las partes "como pidieron los grupos políticos en el Congreso, mediante el diálogo social, y como solicita la Comisión Europea", ha apuntado.

Asimismo, los trabajadores han respondido a las declaraciones de Íñigo de la Serna, quien ha apuntado en el desayuno que en la calle hay una "posición unánime" de que "no es posible que, por mantener condiciones asociadas a un monopolio, los ciudadanos tengan que pagar cantidades astronómicas de dinero". Ante estas palabras, Coordinadora ha apostillado: "A los estibadores les da la impresión que la posición unánime que hay en la calle es la de no seguir manteniendo de sus bolsillos a ministros que no cumplen con sus obligaciones y compromisos, que no respetan su palabra y se desdicen, de manera continua, sin la menor consideración con más de seis mil trabajadores directos y toda una industria que ha logrado que, en plena crisis, su sector haya sido de los más productivos del país".

El ministro, asimismo, volvió ha afirmar que la suma de la multa siga elevándose y que la sanción a España, que hoy paga 27.000 euros al día, se doblaría a 134.000 euros diarios con una segunda sanción por ese motivo. Por ello, De la Serna ha agregado que desde su departamento se está explicando a los grupos parlamentarios el proceso que se ha llevado a cabo y ha añadido que espera que, después de que la propuesta del Ejecutivo fuera rechazada en el Congreso de los Diputados, "esta vez exista responsabilidad política", ya que de lo que se trata es de cumplir una sentencia.