El gobierno tripartito acaba de levantar la obligación que existía en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde 2014 de convocar un concurso abierto para todas aquellas obras cuyo coste fuera igual o superior a 50.000 euros o aquellos suministros y servicios que superaran los 35.000 euros. A partir del mes pasado todas aquellas actuaciones por un valor inferior o igual a 200.000 euros - o 60.000 euros en el caso de servicios y suministros- podrán adjudicarse a través del procedimiento negociado, un sistema conocido popularmente como contratación a dedo que ampara la Ley estatal de Contratación Pública y que consiste en adjudicar el contrato tras negociar las condiciones con tres empresas, a las que se invita participar. El coordinador general de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación Municipal, David Gómez, asegura que la decisión se ha adoptado para agilizar la adjudicación de las obras municipales, lo que permitirá ahorrar entre "dos y tres meses", ya que no habrá necesidad de publicitar los concursos en los boletines oficiales y establecer los plazos reglamentarios para la presentación de las ofertas. Por su parte, el viceportavoz del Partido Popular (PP), Ángel Sabroso, advierte de que el nuevo sistema impide la libre concurrencia de los contratistas interesados y limita la transparencia del proceso.
El Ayuntamiento ha decidido levantar la restricción sobre los contratos a dedo y ajustarse escrupulosamente a lo que permite el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pocos meses después de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro anunciara la modificación de la Ley de Contratos, tras la amonestación de la Comisión Europea al Gobierno de España por el abuso de la contratación a dedo en las instituciones y empresas públicas, al considerarlo un "foco de irregularidades" que propicia las prácticas corruptas.
El acuerdo de abrir la mano a los contratos a dedo en aquellas obras con cuantía inferior o igual a 200.000 euros o suministros o servicios inferiores a 60.000 euros se adoptó el pasado 16 de marzo en la junta de gobierno. La comisión acordó así anular el acuerdo adoptado el 4 de septiembre de 2014, cuando gobernaba el alcalde popular Juan José Cardona, que amplió la contratación mediante licitaciones abiertas a aquellos contratos de suministros y servicios de cuantía igual o superior a 35.000 euros y también en aquellos expedientes de obras no susceptibles de tratamiento bajo contratación menor, es decir aquellos con un precio igual o superior a 50.000 euros.
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Según el informe del jefe de Patrimonio y Contratación, el Ayuntamiento estableció en 2014 "requisitos más restrictivos que los previstos legalmente para la aplicación del procedimiento negociado, con y sin publicidad", que propiciaba la transparencia, pero provocaban una menor "eficacia y eficiencia de la actuación administrativa" y de la "ejecución del gasto público".
David Gómez admite que con el procedimiento negociado "se pierde en transparencia, pero se gana en agilidad y ahorro de costes indirectos. "Hemos adaptado los procedimientos a lo que está contemplado en la ley. De hecho, ningún ayuntamiento contempla esa restricción. No se ha hecho nada ilegal", sostiene. Según el responsable de la Hacienda municipal, en 2016 se realizaron un total de 307 contratos por importe de 27,9 millones de euros, de los cuales la mayoría de la cuantía adjudicada se realizó por el procedimiento abierto.
Aunque fueron menos los contratos que se adjudicaron por el procedimiento abierto, cuyo número se cifró se adjudicaron en 63 contratos, el importe representó el 93% del total de los 27,93 millones que se adjudicaron. La cuantía de estos 63 contratos ascendió a 25, 93 millones de euros. "De esos contratos", continúa el coordinador general, "sólo el 4% (cuya cuantía es de aproximadamente 668.000 euros) se hubieran podido tramitar mediante procedimiento negociado sin publicidad en base a la cuantía".
Según Gómez, "la decisión del año 2014 ha derivado en que todas las contrataciones de obras superiores a 50.000 euros y de suministros y servicios superiores a 35.000 euros tengan que realizarse mediante procedimiento abierto que, si bien es cierto que se configura como el procedimiento general de contratación, en algunas ocasiones y con carácter excepcional puede resultar difícilmente compatible con los principios de eficacia y eficiencia de la actuación administrativa y en la ejecución del gasto público". A su juicio, la "única razón" que pudo tener el Partido Popular en el Ayuntamiento para optar por los concursos abiertos fue de "carácter político, no técnico", con el objetivo de "dar una imagen de transparencia, más allá de los límites legalmente establecidos, que no era compatible con la de la eficacia en la contratación pública, puesto que tanto en las contrataciones menores como en los negociados se publican en el perfil del contratante".
Por su parte, Ángel Sabroso recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público está siendo objeto de revisión a nivel nacional "y, precisamente, una de las modificaciones que probablemente tendrá será la eliminación completa de los procedimientos negociados. Mientras todas las administraciones van en esa línea, el Tripartito del PSOE-Podemos-Nueva Canarias camina en la vía contraria: usar los contratos por procedimiento negociado que impide la libre concurrencia".
