El gobierno tripartito sigue adelante con la tramitación del expediente para pagar a Emalsa un total de 29 facturas pendientes por el servicio de saneamiento correspondiente al periodo que va entre mayo de 2014 y marzo de 2017, pese a la denuncia de la Fiscalía Provincial de Las Palmas que considera que hay un posible delito de administración desleal al aprobar en septiembre de 2016 el abono a la compañía mixta de 14,48 millones, amparándose en una sentencia favorable a la empresa que sólo le obligaba a pagar 6,6 millones, menos de la mitad.
El concejal de Alumbrado y Aguas, Roberto Santana, ha asegurado que el abono de las facturas, entre las que se encuentra una parte de las cuestionadas por la Fiscalía, es un "proceso que está en marcha" y añadió que "no tiene que pararse el expediente de pago", pese al decreto del Ministerio Público, porque "con Emalsa hay un contrato y además existe una sentencia que le da la razón a la compañía, porque considera que el procedimiento que siguió el Ayuntamiento para no pagar no es válido y le ordena abonar conforme al contrato" de 1998, que sólo establecía como criterios una cantidad anual máxima y el volumen de metros cúbicos de agua suministrados a la red.
El anterior alcalde Juan José Cardona ordenó la paralización del pago de las facturas en 2013, al considerar los técnicos que Emalsa no justificaba que había realizado la limpieza del alcantarillado. Emalsa recurrió el impago de los 15 primeros meses (de enero de 2013 a abril de 2014) y la juez le dio la razón con una sentencia que el gobierno de Augusto Hidalgo renunció a recurrir, una decisión que ha llamado la atención de la Fiscalía, según pone de manifiesto en su denuncia.
Roberto Santana aseguró el pasado martes que el Ayuntamiento pagó en su día a Emalsa esos 6,6 millones de euros que ordenó abonar la citada sentencia, emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro. Sin embargó este jueves afirmó que no estaba seguro de "si se pagó o no. Se inició el trámite, pero no sé si se dio la orden de pago. Lo tendría que consultar".
Decreto
El decreto de la Fiscalía da por hecho que el Ayuntamiento no ha realizado todavía ningún abono del crédito extraordinario de 14,48 millones que aprobó el Ayuntamiento, al "estar retenido el pago por la Intervención General del Ayuntamiento", afirma. Esos 14,48 millones de la modificación de crédito -que fue denunciada en la Fiscalía por Ciudadanos y la asociación cívica El Sol sale para todos-, incluyen el pago de los 6,6 millones y otras veinte facturas más desde mayo de 2014 hasta diciembre de 2015, lo que ha llevado a la Fiscalía a ordenar una investigación al Juzgado de Instrucción número 6.
Según explicó ayer el edil de Aguas, la interventora municipal ha emitido ya su informe y la orden de pago está sólo pendiente de que Emalsa acepte o no los recortes que se han realizado a las facturas presentadas. Santana afirmó que lo único que paralizó en su día la interventora municipal fue la facturación comprendida entre mayo de 2014 y marzo de 2017, tras cuestionar la aplicación del IPC a los metros cúbicos suministrados a la red.
La interventora, que emitió su informe en noviembre de 2016, consideró que el contrato de saneamiento de 1998 estableció que la revisión del precio de los metros cúbicos distribuidos se realizaría mediante una fórmula polinómica que, "hasta el momento" no ha sido acordada entre el Ayuntamiento y Emalsa. Basándose en esa argumentación, eliminó la actualización que aplicó Emalsa a los metros cúbicos y estableció que sólo debía cobrar 11,3 millones en lugar de los más de 14 que facturó la compañía, según el edil. La interventora dio luz verde, tras recortar más de 2,7 millones.
El concejal firmó el pasado 19 de abril una resolución por la que se inicia un expediente de regularización de las facturas pendientes de abono entre mayo de 2014 y marzo de 2017, ambos inclusive. En este periodo no están incluidas las facturas del semestre que va entre diciembre de 2015 y mayo de 2016, porque ya se pagaron en su día, según aseguró el concejal, que añadió que su departamento está pendiente de que Emalsa presente las alegaciones a los recortes aplicados.
"En el caso de que Emalsa no presente alegaciones, que no es lo habitual, se emitirá una resolución final por un mandamiento de pago, que no se podrá hacer con cargo al presupuesto de 2017, sino a los remanentes", indicó.
"Esta regularización toma como base el informe de la intervención general, que basicamente considera que para que se suba el precio unitario que se aprueba en 1998 habría que establecer una fórmula polinómica, que entiende que no ha sido aprobada", concluyó Santana.
Desafío
La portavoz de sCiudadanos, Beatriz Correas, ha acusado al gobierno tripartito de "desafiar" a la Fiscalía por seguir adelante con una resolución que "autoriza " el pago a Emalsa, pese a que el Ministerio Público considera que existe un posible delito de administración desleal en relación con dichas facturas. Correas denunció que el alcalde Augusto Hidalgo ha mentido a la Fiscalía, porque en la resolución que regulariza el pago no están las facturas de enero de 2013 a abril de 2014.
"Hidalgo ha declarado que no hay delito porque no se ha pagado. Ahora tendrá que aclarar cómo se atrevió a decir eso cuando ya existía una resolución permitiendo el pago. El concejal de Aguas también nos mintió el martes al decir que estaba en trámite, cuando ya había firmado la resolución. En definitiva, el Ayuntamiento le está echando un pulso a la Fiscalía y creo que tiene todas las de perder", consideró la edila, que recordó que avisó al gobierno tripartito de que se estaba cometiendo un delito con la aprobación de la modificación de crédito. "Ahora tendrán que dar cuenta ante el juez", sostuvo.
