La Junta de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria aprobó ayer un acuerdo, a propuesta del concejal de Cohesión Social y Juventud, Jacinto Ortega, para desarrollar y consolidar las cláusulas sociales que, desde julio 2016, rigen los criterios en la contratación pública que se realiza desde el Ayuntamiento capitalino, asegurando que junto a la oferta económica se tienen en cuenta otros criterios sociales y laborales a la hora de adjudicar un contrato.
Con las mejoras, se aclara que la incorporación de las cláusulas sociales no tendrá efecto en los contratos menores y procedimientos negociados. También se incorporan nuevas condiciones que tienen que cumplir las empresas que quieran contratar con el Ayuntamiento en aspectos como la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores, la lucha contra la exclusión social o la aplicación de los convenios laborales más beneficiosos. "Nuestro objetivo es reforzar las políticas sociales a través de la contratación administrativa, estableciendo que en todos los expedientes de las licitaciones públicas que se tramiten y gestionen en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se incluyan los referidos criterios sociales", indica Ortega.
