Los estibadores se agarran a los últimos casos de corrupción en los que se han visto implicados altos cargos del PP para que el resto de partidos con representación en el Congreso voten mañana en contra del decreto ley que reforma el sector y liberaliza la contratación de los trabajadores a instancias de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Todo apunta que la nueva reforma, que ya fue rechazada en marzo, saldrá adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos, PNV y el PDeCat.

El portavoz de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios (ASEP), Miguel Rodríguez, afirmó ayer que el Gobierno tiene “muy poca credibilidad”. Y agregó que “sería un acto de responsabilidad votar en contra de cualquier propuesta que el PP sea capaz de llevar al Parlamento”. Rodríguez apostilló que “habría que empezar a cuestionar la continuidad de ese Gobierno en el poder”, en relación a las últimas operaciones policiales en las que se han visto implicadas altos cargos populares como el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o la actual titular de este cargo, Cristina Cifuentes, a quien la Guardia Civil relaciona con supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato a un empresario imputado por el caso Púnica.

Los estibadores se han reunido durante estos días con los diferentes grupos políticos para tratar de convencerlos de que voten en contra de la nueva normativa. Asimismo, la pasada semana anunciaron los preavisos de huelga a partir del 24 de mayo en días alternos (lunes, miércoles y viernes), que se prolongarán durante tres semanas si mañana se aprueba el real decreto. Los trabajadores entienden que el Gobierno no garantiza sus puestos de trabajo y ha vuelto a decidir sin consenso de todas las partes.

En este mismo sentido se pronunció la patronal Anesco, que lamentó en un comunicado no haber participado en el proceso. “En ningún momento las empresas del sector han podido expresas su posición, faltándose al compromiso adquirido tras la propuesta de mediación”. “Las empresas”, continúa el texto, “consideran irresponsable y extremadamente grave el hecho que no se les haya trasladado previamente ni requerido su posicionamiento antes de la tramitación de un cambio legal de esta relevancia”. Además, Anesco exigió el cese de los ritmos lentos que, según los empresarios, se están produciendo en algunos puertos.