El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco respaldó la decisión del Ayuntamiento de la capital grancanaria de clausurar el gimnasio Good Look de Guanarteme, al considerar que los ruidos y vibraciones que emitía el negocio, además de otras deficiencias relacionadas con la seguridad, suponían un daño para la salud de los vecinos del edificio de la calle Daoiz, número 5. El magistrado Francisco Javier García García-Satoca atendió inicialmente el recurso presentado por el propietario del gimnasio, Francisco Quesada, y ordenó el pasado 27 de enero la suspensión cautelar de la orden municipal de cierre -hasta que se dictase sentencia sobre la procedencia o no de dicha clausura- al considerar que la paralización de la actividad perjudicaba a los trabajadores del local, ya que perderían sus empleos.
No obstante, el juez rectificó su decisión inicial el pasado 13 de febrero, tras estudiar las alegaciones presentadas por los técnicos de la Concejalía de Urbanismo y la comunidad de vecinos, y respaldó la orden de cierre emitida por el Ayuntamiento.
El magistrado cambió su dictamen tras analizar un estudio pericial aportado por los vecinos sobre el impacto que causaba la actividad del gimnasio en la salud y seguridad de los afectados, sobre todo la de aquellas personas que viven en la planta inmediatamente superior a la del local deportivo, situado en la calle Secretario Padilla, número 78.
El juez considera que frente al "interés particular" del dueño del gimnasio "prevalece" el interés de los "vecinos afectados" y el interés general, representado por el Ayuntamiento y sus decisiones administrativas que "gozan de la presunción de legalidad". Así, levantó la suspensión del cierre al considerar que el impacto del gimnasio puede "causar un daño" a los vecinos afectados que "es difícilmente evaluable" y, "menos aún, reparable, teniendo en cuenta, además, que los perjuicios ocasionados por la clausura cautelar de la actividad son evaluables económicamente y por tanto reparables", en el caso de que la sentencia le dé la razón al propietario.
Quesada denunció el cierre de su negocio -que tuvo lugar el pasado febrero-, que atribuyó a la "persecución" por parte de un funcionario del Ayuntamiento y aseguró haber realizado todas las correcciones que le indicaron los técnicos de Actividades Clasificadas. Añadió que el Ayuntamiento no aportó en ningún momento una medición que acreditara la existencia de ruidos y vibraciones del negocio. El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, por su parte, respaldó a sus técnicos y sostuvo que el local no reúne las condiciones para realizar la actividad deportiva y que no había sido insonorizado. El informe pericial en el que se ha basado el juez para respaldar el cierre advierte del enorme impacto de la contaminación acústica -que supera los límites permitidos- en la salud de los vecinos, algunos de los cuales han recibido tratamiento para la ansiedad. Advierte de la aparición de grietas en el edificio y resalta el impacto producido por los motores de una piscina, que no tiene licencia.
