¿Está el Estado preocupado por un ataque yihadista inminente?
Cualquier país occidental que apueste por la libertad de conciencia y la libertad religiosa está preocupado porque sabe que es un espacio donde se puede producir un atentado yihadista. Es decir, hay riesgo potencial de que se produzca un atentado porque es imposible garantizar un 100% de seguridad, pero no hay una alarma de atentado inminente.
¿Por qué desde el atentado de Atocha en 2004 no ha habido otro ataque yihadista en el país?
La ventaja que tenemos en España es que hemos aprendido la lección de muchos años de lucha contra ETA y de que fuimos los primeros en sufrir con ese tipo de ataques en 2004. Eso nos permitió poner en marcha una estrategia común, un pacto antiterrorista para reformar el código penal y la ley de enjuiciamiento criminal, y adaptar nuestra legislación para contar con una herramientas eficaces en la lucha contra el terrorismo.
¿Tuvo que pasar un ataque de esas dimensiones para que el Estado se diera cuenta del peligro real del yihadismo?
Es muy difícil convencer a una sociedad democrática antes de que se produzca un atentado de la necesidad de incorporar al Código Penal tipos penales desconocidos hasta ese momento como el enaltecimiento, radicalización o captación de terroristas. Ese atentado nos permitió percibir con toda claridad la magnitud de la amenaza.
¿Las nuevas formas de actuar de los terroristas dificulta la labor de prevención e investigación?
Dificulta enormemente la labor de evitar el atentado. La infiltración, el control de entornos potencialmente radicales, y la colaboración entre Policía y Guardia Civil en tareas de prevención están al máximo nivel. Cuando alguien intenta crear una célula, se le detiene. En los centros penitenciarios se han establecido sistemas de radicalización que están dando buen resultado y permiten que las personas que salen de prisión no reincidan.
Existe miedo a que entre los refugiados que ansían llegar a Europa se infiltren yihadistas. ¿El desvío de rutas convierte a Canarias en una vía de acceso de los terroristas al viejo continente?
No me consta. Por su ubicación geográfica, es un territorio al que le prestamos una especial atención. Está muy cerca de países que tienen problemas de radicalización extrema, pero la insularidad tiene una ventaja: no es un espacio propicio para desarrollar células yihadistas porque no hay capacidad de huida. El trabajo de prevención, además, ha permitido que Canarias no sea un puente fácil para llegar a Europa. Mentiría el que dijera que hay un 100% de seguridad, pero sí le digo que hay un porcentaje muy alto de tranquilidad.
¿Le preocupa que los islamistas radicales del movimiento Justicia y Caridad estén abriéndose paso para controlar a la comunidad islámica del Archipiélago y de la Península, donde ya están más asentados?
Al igual que en otras zonas de Europa, hay organizaciones de corte radical que han intentado implantarse en España. En la investigación de los servicios británicos sobre los terroristas que cometieron el atentado el sábado pasado se ve un hilo directo entre este tipo de organizaciones radicales y cómo van irradiando ese odio para causar el terror. El seguimiento que se está haciendo en España hace muy difícil a estas organizaciones implantarse en el país. Saben que hay unos niveles de convivencia obligatorios y, si no los respetan, van a tener el peso de la ley en su espalda. Eso hace que España no sea un territorio fácil para este tipo de organizaciones.
¿Y le inquieta la tardanza de las autoridades británicas en localizar a Ignacio Echeverría, el español que se enfrentó el sábado pasado a los terroristas que sembraron el terror en Londres?
Conocemos los protocolos de la policía británica, que son muy rígidos y exhaustivos. Los respetamos, al igual que nosotros pedimos respeto para el trabajo de nuestra Policía. Pero le pedimos, casi le suplicamos, que los aceleren en la medida de sus posibilidades porque también comprendemos el dolor de esa familia que necesita saber donde está. El Ministerio ha hecho todo lo que estaba a su alcance.
¿Se debe endurecer la ley antiterrorista de España? ¿Es necesario sacrificar las libertades de expresión o de circulación para garantizar la seguridad?
No creo que se deba endurecer. Tenemos una legislación adaptada a las circunstancias para luchar contra el terrorismo. Lo que sí creo es que se debe entender esa legislación. Los terroristas no son sirios, afganos o pakistaníes. Son ciudadanos nacionales por nacimiento o por adopción de países que están dentro del espacio Schengen, por lo que resulta imposible hacer la trazabilidad de los últimos movimientos. Se ha puesto en marcha una normativa [el refuerzo en los controles fronterizos] para dar mayor garantía. Sé que es incómodo, pero hay que entender que esa libertad que reclamamos requiere un espacio de seguridad que tenemos que garantizar con medidas de este tipo.
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto han roto sus relaciones con Qatar. ¿Comparte que ese país sea un nido de terroristas? ¿Se trata de un intento de Arabia Saudí, germen del wahabismo, para lavar su imagen en Occidente tras el respaldo de Donald Trump?
Hay un componente geoestratégico difícil de interpretar fuera del mundo árabe. No creo que Qatar sea el culpable de todos los problemas y que el resto sea inocente. Lo que creo es que es importante que se produzcan movimientos de presión política exigiendo responsabilidad por colaborar con cualquier tipo de movimiento terrorista.
¿Tras el yihadismo, la siguiente amenaza para España la constituyen los ciberataques?
En los próximos años hay tres grandes amenazas. El terrorismo en su doble manifestación de terrorismo físico y de ciberterrorismo; el crimen organizado, que tiene que ver con el tráfico de drogas, de armas y de personas y delitos financieros; y la ciberdelincuencia. Éste es un fenómeno nuevo en un mundo nuevo. En este ámbito, el crecimiento respecto a otros delitos es exponencial.
¿Se ha sentido manipulado judicialmente o víctima de un linchamiento por su implicación en el caso Lezo ?
Se trató de utilizar de forma torticera una información que estaba bajo secreto de sumario y que desconocía yo mismo. El tiempo está demostrando que se intentó hacer una tormenta en un vaso de agua para inculpar a un miembro del Gobierno. Ojalá se levante pronto el secreto de sumario y todos seamos conscientes de la manipulación de esa información.
¿Es usted consciente de ser grabado en el Ministerio?
No tengo ninguna constancia de que eso sea así. Creo que hay una sensación, que no es buena, de que te pueden grabar o fotografiar. Todo el mundo tiene derecho a que se respete su intimidad, también el ministro de Interior y el secretario de Estado de Seguridad.
¿Considera que un fiscal con una empresa en un paraíso fiscal debe dimitir?
No lo sé. No soy quien para juzgarlo. Lo que sí creo es que el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Justicia y desde la Fiscalía General del Estado es serio y que aspira a hacer que España tenga un poder judicial más sólido y menos utilizado por quien sea. Tiene que ser independiente del poder político, pero también de los intereses personales de algunas personas.
¿Deben los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) o de la Unidad Central Operativa (UCO) tipificar los delitos?
El trabajo que realiza la UCO, la UDEF y todos los agentes de policía judicial es encomiable. Pero creo que a veces también hay errores. Tenemos que intentar que esa colaboración entre jueces y fiscales sea lo más idónea posible para garantizar que cada uno haga su trabajo: que los policías analicen la situación y aporten pruebas y que los fiscales y jueces califiquen los delitos.
¿En Cataluña se llegará al extremo de que para evitar un referéndum tenga que intervenir las fuerzas de seguridad? ¿Confía en que los Mossos d'Esquadra sean garantes del Estado de Derecho?
Espero que en Cataluña no haga falta ninguna actuación porque apelo a la responsabilidad y sentido común de los dirigentes catalanes. Pero estoy seguro de que si hiciera falta porque se transgrediera la ley, los Mossos d'Esquadra evitarán que se vulnere la Constitución.
Jueces para la Democracia ha exigido el cierre de los centros de internamiento para extranjeros (CIE), ¿se garantizan los derechos y unas condiciones mínimas de higiene?
España es el más garantista de la UE. El periodo de estancia máximo es de dos meses y solo se internan a las personas que los jueces digan. Las condiciones en las que están son suficientes, pero no son las queremos. Buscamos hacer un plan de choque que estamos intentando pactar, pero no está resultando fácil. El de Barranco Seco requiere unas mejoras que se van a realizar este mismo año y a las que destinaremos casi 1,5 millones de euros.
