08 de junio de 2017
08.06.2017

Varios policías locales arropan a un compañero juzgado por falsedad

Aseguran que la acusación es una "cacicada" y la Fiscalía reduce su petición de pena

09.06.2017 | 02:04
El agente acusado de falsedad.

Profesionales de la Justicia y de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se han acusado mutuamente de abusar de su autoridad en beneficio propio en torno a un juicio celebrado hoy contra un agente al que se acusa de falsear dos multas para perjudicar a la esposa de un magistrado.

El agente ha sido arropado esta mañana en la Audiencia de Las Palmas por varios compañeros del cuerpo, que han asistido como público a la vista oral del caso porque entienden que supone "una cacicada" de los jueces en perjuicio de un policía que solo habría cumplido con su deber de multar a una conductora por parar su coche a la puerta de un colegio para dejar a sus hijos y ponerle luego dos multas más después de que le recriminara su proceder.

Un planteamiento este que ha flotado en todo momento en la sala de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria donde ha tenido lugar la vista y que han querido rebatir en distintas ocasiones los representantes del Ministerio Fiscal y de la acusación particular ejercida por la denunciante, que han insistido en la necesidad de sancionar el comportamiento del policía.

En este caso, se acusa al agente Santos G.V., con tres décadas de experiencia, de haberse inventado dos multas en el plazo de un mes para perjudicar a una conductora, mujer de un magistrado de la Audiencia de Las Palmas, citado como testigo de los hechos.

A juicio de la acusación particular, se trata de hechos "que no se pueden consentir". "Esto es muy serio", porque se han cometido "dos delitos de falsedad en documento público por parte de un agente de la autoridad" que, además, incurrió en otro de amenazas, ha afirmado la letrada de la acusación, Idoia Mendizábal.

Su tesis la ha compartido la Fiscalía, cuyo representante ha asegurado que Santos G.V., "realmente, lo que cometió fue una absoluta falsedad", al "inventarse una denuncia" en el mismo momento en que la conductora a la que había multado protestase por ello, en septiembre de 2014, y volver a hacer otro tanto más adelante, cuando se la encontró de nuevo en noviembre ante el mismo colegio.

Ocasión esta en la que actuó movido, además, por un deseo de "ajustar cuentas", debido a que para entonces se había enterado de que la mujer le había denunciado en los tribunales por cómo se había comportado la primera vez en que se cruzaron, entiende el fiscal.

Ello se debió a que entonces la conductora no pudo parar su coche sobre la acera en las inmediaciones del colegio en cuestión, como ella y otros muchos padres tienen por costumbre hacer a diario, al impedírselo otro agente que regulaba aquel día el tráfico en la zona junto a Santos G.V. y que le dijo que mejor se detuviera a las puertas del centro y bajara allí a sus niños.

Unos hechos que han confirmado tanto la denunciante como el segundo agente, que ha declarado como testigo, y que determinaron que la mujer acabara deteniéndose ante el acusado, que ha asegurado que le ordenó que no parara porque interrumpía el tráfico y que, ante su negativa a obedecerle, argumentando que seguía órdenes de otro policía, decidió multarla por estacionar mal y por desobedecer.

El acusado ha agregado que, cuando volvió a multarla un mes después, lo hizo por estacionar sobre la acera y en un momento en que ya ella no estaba allí porque se marchó en un despiste suyo.Afirmaciones estas que han negado tanto la denunciante como su esposo magistrado, que ha declarado también en la causa porque la acompañaba ese día, sosteniendo ambos que se marcharon porque el agente reconoció al marido y les dijo que por esa vez no les sancionaría y que podían marcharse.

Dada la contradicción entre sus testimonios, fiscal y acusadora han insistido en que el agente había mentido, razón por la cual el primero ha pedido que se le condene, eso sí, rebajando la petición inicial de siete años de cárcel que había formulado acusándole de dos delitos de falsedad a solo cuatro años y seis meses por entender ahora que hubo un solo delito de falsedad continuada.

La defensa del policía local ha reclamado, entretanto, su libre absolución, argumentando que solo había cumplido con su deber, incluso pese a que otros compañeros suyos que trabajaban ante el mismo colegio dijeron que era usual ser flexibles con los padres para que pudieran bajar de sus coches a los niños a las puertas del centro.

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