La Isleta es el barrio de Las Palmas de Gran Canaria más castigado por la pobreza. Así lo reveló ayer la memoria presentada por Cáritas que recoge que de las 3.262 personas que fueron atendidas el pasado año en la ciudad por la ONG, 593 viven en esta zona. Un hecho que, según explicó la secretaria general de la organización sin ánimo de lucro, Caya Suárez, tiene su origen en "las circunstancias históricas o contextuales que generan una realidad de exclusión que se va transmitiendo de generación en generación en algunos entornos, impidiendo el avance o crecimiento" de estos lugares.
En total, en 2016 Cáritas tuvo 40.000 beneficiarios en Canarias, de los que 25.000 pertenecen a la provincia de Las Palmas donde se ofreció ayuda a 10.160 personas de manera directa. Una última cifra "que no ha cambiado" con el paso de los años para preocupación de la entidad que alerta que, de no hacer nada al respecto, "la pobreza se convertirá en una situación estructural constante en las Islas. "Puede haber un crecimiento económico, pero no tiene efecto sobre la población canaria", señaló Suárez. El motivo, apuntó la secretaria general, es la falta de políticas que contribuyan a cambiar la coyuntura que mantienen en la vulnerabilidad a miles de ciudadanos en el Archipiélago.
Situación ante la que el obispo de la Diócesis de Canarias, Francisco Cases, reclamó que además de aportar subvenciones en materia de Bienestar Social, "las administraciones tienen que hacer políticas en los parlamentos" que garanticen en derecho al empleo y a la vivienda de los ciudadanos. Sin ir más lejos, el año pasado la ONG atendió a 1.329 personas sin hogar en la provincia, tal y como recoge la memoria. El último informe realizado por Cáritas también asegura que de los más de 10.000 beneficiarios directos de Las Palmas, 3.262 se encuentran en la capital grancanaria. El ranking municipal por zonas lo encabeza La Isleta, con 593 personas atendidas durante el ejercicio anterior. Le sigue después Ciudad Alta (404), Siete Palmas (416), Arenales (404), Vegueta (379), Guanarteme (351), Las Rehoyas (258), San José (221) y, finalmente, San Lorenzo (210).
Asimismo, en base a las cifras del año pasado, la ONG dependiente de la Iglesia asegura que la citada cifra provincial de personas atendidas, seis de cada diez son mujeres y uno de cada dos tiene menores a su cargo y uno de cada cuatro son extranjeros. Asimismo, de las personas atendidas, ocho de cada diez tan solo cuentan con estudios obligatorio o inferiores "contribuyendo a la pobreza intergeneracional", comentó Suárez. En este sentido, el balance revela que el perfil de los beneficiarios abarca en su mayoría a personas de entre 40 y 59 años. "Una edad complicada para acceder o reincorporarse al mercado laboral", comentó la secretaria general, por lo que ocho de cada diez están desempleadas y una de cada dos no tiene ningún tipo de ingresos. Hecho que a su vez se traduce en que una de cada cuatro no tenga asegurado el derecho a la vivienda. Entre los datos significativos que también resaltó Caya Suárez también se encuentra el aumento de personas que están completamente solas que, en este caso, son una de cada tres.
En lo que a las ayudas a todos ellos se refiere, Suárez destacó la labor de sacerdotes, así como de los 1.260 voluntarios y los 113 trabajadores contratados que se afanan en sacar adelante iniciativas de la entidad como el Proyecto Esperanza, que se emplea en la acogida y rehabilitación de familias que presentan adicción al alcohol y drogas; la Casa Hogar Mafasca, para personas sin hogar o el Centro Lugo que atendió en Arenales a 640 mujeres en situación de prostitución. Asimismo, Cáritas colabora con nueve proyectos internacionales.
Para el desarrollo de su actividad, la ONG empleó más de 6,1 millones de euros en 2016, de los que 2,7 proceden de subvenciones públicas de diversas administraciones. "En 2007 la aportación pública fue de 2,5 millones. Apenas ha subido 1% en una década", detalló el obispo quien destacó el hecho de que, por el contrario, la contribución de particulares y empresas se ha triplicado pese a la situación de crisis, siendo el 3,9 restante de la financiación de la organización. El prelado también ha informado del descenso de número de socios de la entidad, algo que achaca al "individualismo que se ha convertido en un problema social mundial".
