El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido al Tripartito (PSOE-Podemos-Nueva Canarias) una seria reflexión ante la situación social de la ciudad constatada en diferentes informes, el último de ellos, la memoria anual de CáritasCáritas.
El estudio sobre condiciones de vida en el pasado 2016 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el balance anual de Cáritas reflejan una situación social que está muy lejos de mejorar y demuestra lo alejados de la realidad que están el PSOE-Podemos y Nueva Canarias.
La razón de ser de este pacto de gobierno formado por el PSOE- Podemos-NC, formaciones que obtuvieron mucho menor respaldo que la fuerza política que ganó las elecciones en la capital, el Partido Popular, fue justamente “desplegar una intensa agenda social que terminara con las grandes necesidades” [SIC] y lo que denominaron "situación de emergencia" [SIC] en 2015.
Dos años después del inicio de su gobierno tripartito todos los informes y estudios especializados que valoran la situación social de las islas y la capital reflejan que no sólo no se ha mejorado, sino que se agrava la situación.
Los populares tienen claro de que la responsabilidad de la situación social que se vive en muchos barrios de Las Palmas de Gran Canaria no es en absoluto responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento, a diferencia de lo que argumentaron Hidalgo-Doreste-Quevedo cuando firmaron su pacto Tripartito.
El Grupo Popular no hará demagogia con las necesidades de las personas y con las situaciones de precariedad social. Pero aquellos que prometieron soluciones para todas las necesidades, aquellos que prometieron centrarse en las personas y en la gestión social, deben reflexionar seriamente acerca de la gestión que están realizando.
El pasado año 2016, justo el año en el que se centran los informes anuales conocidos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dejó de ejecutar 3,7 millones de euros de gasto social, una cantidad escandalosa que no tiene precedentes en la historia reciente del Ayuntamiento. Hubo un sobrante de 600.000 euros en la partida de ayudas de emergencia, justo el año en que los informes revelan que en barrios como La Isleta la situación se ha agravado.
La única medida social novedosa del Tripartito con respecto a lo que ya se hacía ha sido el mal bautizado como "IBI social", medida creada para paliar el incremento del catastro en un 10% a todos los vecinos y que finalmente ha sido un rotundo fracaso. De las 30.000 familias anunciadoras no se llegó ni a 5.500 y de los 1,7 millones de euros destinados solo se ejecutaron 370.000 euros, redirigiendo el resto de los fondos a pagar fiestas, voladores y hasta el concierto de Ricky Martin.
De la Oficina Antidesahucios prometida no se sabe nada, el crecimiento de las infraviviendas y chabolas en la ciudad empieza a ser notable y tenemos ya un auténtico problema de okupas que cada semana salta a los medios con la ocupación hasta de inmuebles de titularidad pública.
Las medidas para personas sin hogar son inexistentes y tras dos años transcurridos de mandato llegan anuncios de planes y proyectos de un nuevo centro de acogida en la antigua fábrica del hielo de La Isleta que ni tiene proyecto de obra ni ha sido incluido en ninguno de los planes de inversión existentes, como el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) o las inversiones del presupuesto municipal 2017.
La partida de ayuda de alquiler sigue estancada en un millón de euros, lo mismo que se ejecutó en 2015, último presupuesto elaborado por el Partido Popular. De las ayudas para evitar los cortes de agua por impago anunciadas para el verano de 2015 no se sabe nada de nada dos años después. Las cláusulas sociales para incluir en todos los concursos municipales han sido una tomadura de pelo que ningún concurso, ni los que impulsa el área social, ha incorporado.
La partida presupuestaria destinada a subvencionar proyectos sociales de las ONG no se ha incrementado y, lo que es aún más grave, aún no ha salido la convocatoria de este año 2017, lo que impedirá que estas entidades tengan tiempo de desarrollar y justificar su labor antes del cierre del ejercicio.
Los cheques escolares y las ayudas propias de ayuntamiento para adquirir material escolar han desaparecido del todo. El contrato social más importante del Ayuntamiento, el de ayuda a domicilio, ha sido adjudicado en base a unas labores ofertadas que no serán usadas por los ciudadanos, con más de un año de retraso y en medio de una enorme polémica innecesaria. Y por último, el empleo y la formación ha desaparecido por completo de la agenda municipal y ni tan siquiera forma parte del discurso esporádico de Hidalgo. Un mínimo balance del trabajo desarrollado hasta ahora por el Tripartito en el área social debería producir sonrojo al trío formado por Hidalgo-Doreste - Quevedo. Es más que evidente que se hace necesaria una seria reflexión del gobierno local y empezar a cambiar la gestión social.
