El Plan General de Ordenación (PGO) de Las Palmas de Gran Canaria de 2012 permite que el convento de las Siervas de María de Canalejas, que tiene un uso religioso, pueda ser utilizado para servicios sociales como uso alternativo, tal y como pretende el Cabildo grancanario, que se ha interesado por la compra del centenario inmueble, en venta desde el pasado año.
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ha explicado que si en el PGO se incluye el uso de servicios sociales el trámite para cambiarlo de uso "es rapidísimo" y que tanto el propietario como el comprador podrían efectuar el papeleo.
En el PGO figuran también la posibilidad de usarlo como espacio libre, deportivo y cultural para la parcela. Y como usos complementarios, se especifican los de espacio libre, garaje-aparcamiento, deportivo, cultural y servicios sociales. En dicho capítulo, no se concretan, sin embargo, usos vinculantes ni autorizables.
El Cabildo grancanario no tendría pues ningún problema para la compra del inmueble, que incluyó en sus planes de inversión para 2017 por un valor de 1,8 millones y cuyo destino es el albergar asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito sociosanitario, como así ha indicado hace unas semanas el consejero de Hacienda y Presidencia del Cabildo insular, Pedro Francisco Justo Brito, a este periódico cuando se le preguntó por qué no se había efectuado la compra pese a su anuncio público en abril.
El consejero de Hacienda ha alegado, entre otras cuestiones, que para efectuar la compra del inmueble el propietario debería de cambiar el uso de la parcela. Algo a lo que se ha negado el asesor de las monjas en la Isla, Agustín Briganty, por entender que es el comprador el que debe de tramitarlo al estar interesado en ese uso. Briganty ha subrayado además que al no haber un compromiso tácito con la administración insular se está bloqueando la venta a otras personas interesadas.
La parcela, de 1.036, 556 metros cuadrados, está situada en el barrio de Arenales, en la confluencia de la calle Canalejas con Cebrián, y tiene un grado de protección medioambiental. La iglesia que tiene en su interior está también sin uso.
Aclaraciones
El Plan de Ordenación Territorial del suelo urbano de Las Palmas de Gran Canaria determina además lo que se considera como uso de servicios sociales. En este sentido, concreta que es "aquel que comprende las actividades destinadas a promover y posibilitar el desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos, mediante actividades entre las que se incluye la información, orientación y prestación de servicios o ayudas a colectivos específicos como familia e infancia, tercera edad, personas discapacitadas, minorías étnicas, etcétera."
La normativa apunta, no obstante, que en el inmueble no se podría establecer una residencia de carácter privado "destinada al alojamiento de colectivos", ya que esta categoría está destinada al uso residencial, "dentro de la clase residencia comunitaria, con excepción de las residencias de la tercera edad con los requisitos del decreto 63/2000 y los centros de atención sociosanitarios".
Desde noviembre del pasado año el Cabildo grancanario ha estado interesado por el inmueble y ha solicitado todo tipo de documentación, que se le ha dado sin problemas, según ha asegurado el representante de las monjas..
El que no se haya formalizado aún ningún acuerdo sobre el inmueble pese a que se ha incluido en el plan de inversiones "huele muy mal". Así lo ha subrayado el consejero de Podemos en el Cabildo grancanario, Miguel Montero Naranjo, que desde mayo ha solicitado documentación sobre dicha cuestión si que se le haya facilitado ninguna. "El Plan Transforma es pura propaganda e improvisación a partes iguales", ha dicho en referencia al listado de inversiones que anunció el Cabildo insular aprovechando los remanentes del presupuesto de 2016, así como el dinero del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y el presupuesto de 2017, donde se incluía la compra del convento.
Montero ha añadido que entiende el interés del intermediario, pero que ante todo hay que primar la defensa del interés público. En este sentido, ha criticado que se hubiera destinado una cantidad tan alta a un inmueble para el que habrá que hacer sin duda alguna una reforma importante para adaptarlo al nuevo destino.
Este periódico ha intentado ayer contactar tanto con el Cabildo insular como con el asesor de la comunidad religiosa sin éxito.
