La concejala Inmaculada Medina afronta un procedimiento judicial por su gestión del vertedero de Salto del Negro entre los años 2007 y 2011, cuando la edil ocupó el departamento de Desarrollo Sostenible y presidió el consejo de administración del Servicio Municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria, con el socialista Jerónimo Saavedra como alcalde de la ciudad.

El Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, a petición de la Fiscalía de Las Palmas, atribuye a Medina un delito contra los recursos naturales y del medio ambiente por la contaminación del viejo vertedero, que el magistrado Javier García García-Sotoca considera acreditada de manera indiciaria por los informes periciales y las testificales practicadas durante la investigación.

El juez ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado y le ha dado traslado al ministerio público para que formule acusación contra Medina y José Ángel Marrero Socorro, que era gerente del vertedero en los años a los que se circunscribe el proceso judicial. En el mandato siguiente, con Juan José Cardona de alcalde, la competencia para gestionar el recinto la asumió el Cabildo de Gran Canaria, que también se vio inmerso en otra investigación similar. Esa causa la llevó el Juzgado de Instrucción número 3, pero fue archivada y la Fiscalía de Medio Ambiente se centró en la actuación municipal, tras descartar que los responsables insulares cometieran prevaricación al conceder los permisos de funcionamiento para adaptarse a las exigencias medioambientales europeas.

El magistrado transformó el procedimiento el pasado 8 de junio, pero ha dejado su auto en suspenso al aceptar parcialmente un recurso de Medina, que es portavoz del Grupo Socialista, tercera teniente de alcalde y concejala con dedicación exclusiva de Fomento, Servicios Públicos y Aguas. La edil, al inicio de la investigación, fue citada por el juez instructor, pero se negó a declarar. La imputada, pese a su negativa inicial a ser interrogada, argumenta ahora que esa situación le genera indefensión y, por ese motivo, García-Sotoca ha aceptado su petición voluntaria de prestar declaración, con el apoyo de la Fiscalía, que con esa postura trata de evitar posibles apelaciones a la Audiencia de Las Palmas que retrasen la apertura de juicio oral.

La concejal ha rechazado dar explicaciones sobre el procedimiento al asegurar que desconocía los detalles del mismo.

El juez volverá a citar a Medina para tomarle declaración a finales de mes. La investigación se inició por una denuncia de la Fiscalía. También está personado en el procedimiento el abogado Francisco Javier Hernández, que representa a uno de los vecinos afectados por los malos olores del vertedero. Ambas acusaciones consideran que hay suficiente prueba indiciaria para formular acusación por la mala gestión del recinto y la contaminación del entorno. La edil, en cambio, intentará desmontar esos indicios con su declaración.

El magistrado instructor considera que entre 2007 y 2011 se han producido "vertidos incontrolados" en la presa del Salto del Negro y en la zona del Huerto Escolar. Se trata de "residuos de todo tipo" que no han pasado por "tratamiento previo alguno", pues los camiones "descargaban directamente" la basura y ésta era "apilada" en montones que luego se cubrían con "capas" de tierra, todo ello "sin una previa clasificación y tratamiento de los residuos", acreditan las pruebas practicas durante la instrucción.

Tampoco existía un programa para controlar y vigilar las aguas, los lixiviados y los gases. Sólo se realizaba, en ese sentido, una actividad de "extracción de áridos" para "cubrir" los residuos "sin autorización alguna". Esa manera de actuar motivó que la red de captación y conducción de biogás fuera "inaccesible" al quedar sepultada por la diversas capas de residuos acumuladas. Entre la "gran cantidad" de residuos "abandonados" también había "combustibles".

Esa situación, que se fundamenta en los informes periciales practicados, revela la existencia de un "grave riesgo de contaminación", sobre todo por la "alta permeabilidad del terreno" y las "elevadas concentraciones de nitratos". Las características hidrogeólicas de la zona, en ese aspecto, son "favorables" a la "contaminación de las aguas subterráneas por los lixiviados del vertedero". Eso afecta al ecosistema durante "mucho tiempo" por el tipo de contaminación y la manera en la que se filtra en la tierra, con consecuencias para sus habitantes, según los informes técnicos.

Los residentes más cercanos son los principales perjudicados por el descontrol del basurero. "Los malos olores, la proliferación de insectos y de roedores, convierten el lugar en foco de enfermedades infecciones", sostiene García-Sotoca.

Otra de las irregularidades detectadas es la carencia de un Plan de Acondicionamiento el Vertedero de Salto del Negro previo a su autorización, "incumpliendo" los plazos establecidos a tal efecto por el Real Decreto 1481/2001, que establecía el 16 de junio de 2009 como fecha tope para aprobar dicho plan. Tampoco contaba con autorización ambiental integrada, la cual es exigida por la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (16/2002 de 1 de julio).

El juez ha archivado la causa contra otras tres personas que eran investigadas por los mismos hechos: Juan Andrés García Diez, que era el encargado de la recogida de basura; Andrés Sergio Déniz González, que hacía funciones de tractorista, y Miriam Martín Diez, que era la jefa del servicio.

García-Sotoca considera que ninguno de los tres tenía competencias para evitar la "deficitaria gestión" del vertedero, cuya función recaía directamente en Medina y en su gerente, según los estatutos del Servicio Municipal de Limpieza. Carecían, por tanto del "dominio del hecho", esto es, de tomar decisiones que decisiones que influyeran en el curso de los acontecimientos.

Miriam Díaz, además, advirtió a la concejal de la "situación crítica" y de "riesgo grave en el vertedero". Esas advertencias constan por escrito, igual que una serie de comunicaciones remitidas por el Gobierno de Canarias al Ayuntamiento, las cuales alertaban sobre una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ordenaba el cierre y la clausura del recinto por su funcionamiento ilegal. Por eso la investigación se centra en Medina y el juez acepta ahora su declaración voluntaria, tras negarse en un primer momento a ser interrogada.