El policía local acusado de retirar multas a cambio dinero en el barrio de Guanarteme aseguró ayer no recordar nada sobre los hechos que ocurrieron entre 2014 y 2015. El procesado, Juan Miguel Cabrera López, quien supuestamente abusó de su cargo para no tramitar las sanciones a cuatro vecinos, achacó lo sucedido a su adicción a las drogas. Un problema que durante su declaración confesó tener desde 1999 y por el que la defensa solicita la absolución de la pena de cinco años de cárcel que pide la Fiscalía de Las Palmas por un presunto delito de cohecho.
El juez Nicolás Acosta fue el encargado de presidir la primera vista oral que tuvo lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, donde el juicio se prolongará hasta el jueves con la presencia de un jurado popular compuesto por 11 personas. Ellos, según el fiscal Pedro Gimeno, serán los encargados de dar un veredicto que, de ser favorable a su acusación, podría aumentar la estancia en prisión del acusado que, actualmente, se encuentra privado de libertad por otra causa.
Y es que entre octubre de 2014 y febrero de 2015, Cabrera aprovechó su cargo como policía de barrio para supuestamente dejarse sobornar a cuatro vecinos a cambio de no tramitar o romper las multas que fueron interpuestas en Guanarteme los días 13 de octubre, 1 de diciembre y 12 de diciembre de 2014; así como el 4 de febrero de 2015. "Pequeñas mordidas", apuntó Gimeno, con las que el imputado se hizo hasta con 240 euros que ya ha devuelto a los afectados, tal y como solicitaba el Ministerio Fiscal.
La Fiscalía también pide una sanción económica de 5.400 euros (nueve euros diarios durante 20 meses), cinco años de prisión y diez de inhabilitación especial para trabajar como miembro de la Policía Local o de cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado. Todo ello por un presunto delito de cohecho que, según recoge en el escrito firmado por Gimeno, se le imputa a Cabrera por haber cobrado 100 euros de una persona para evitar la pena por haber estacionado en una zona de carga y descarga de la calle Diderot, 40 euros de otro conductor por no tramitar una multa a un coche mal aparcado en la calle Venezuela, 50 euros más de otra que aparcó en la zona de carga y descarga de Farray y otros 50 euros para no ser multado por circular sin cinturón de seguridad.
Unos hechos de los que José Miguel Cabrera afirmó ayer no acordarse, si bien reconoció que aquella (2014- 2015) fue una mala época en la que se disparó su consumo de cocaína tras la muerte de su pareja y de su hermana. "A veces iba a trabajar sin dormir", contó quien explicó durante la vista oral que la primera vez que se drogó fue con otro policía local en 1999. "Desde entonces no he dejado de consumir", apuntó durante el interrogatorio en el que también recalcó en numerosas ocasiones que sus jefes estaban al tanto de su problema y que él había pedido no trabajar en la calle ni llevar arma. Asimismo, el acusado aseveró que su médico de cabecera siempre tuvo constancia de su adicción por la cual recibió "la baja por incapacidad laboral el 23 de febrero de 2015", según dio a conocer su abogado, José María Domínguez Silva. Una baja que concluyó en agosto del año pasado con la resolución de la Seguridad Social que "decía que Juan Miguel no estaba en condiciones de desarrollar su trabajo porque es dependiente a la cocaína y tiene un trastorno psiquiátrico fruto de esa dependencia por el que había que quitarle el uniforme", apuntó el letrado que ha presentado el informe como atenuante de culpabilidad.
