Cuatro ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria ratifican que el policía municipal Juan Miguel Cabrera López les cobró diferentes cantidades de dinero a cambio de no tramitar las multas impuestas previamente en el barrio de Guanarteme, según los testimonios prestados esta mañana durante la segunda sesión del juicio, que se celebró en la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas mediante el sistema del jurado popular.
"Sospeché que me había estafado cuando se metió los 100 euros en el bolsillo", declaró uno de los denunciantes; "rompió la denuncia después de que le diera 20 euros", añadió otro de los afectados; "me dijo que la sanción era de 200 euros, pero que me lo pensara porque se podía arreglar", afirmó otro perjudicado; "Volví con los 50 euros y lo grabé con el móvil porque me pareció muy fuerte", añadió el cuarto conductor que se vio envuelto en la actuación delictiva del agente.
El fiscal Pedro Gimeno, ante la contundencia de los testimonios, elevó a definitivas sus conclusiones provisionales y reclamó para Juan Miguel Cabrera cinco años de cárcel como presunto autor de un delito de cohecho continuado, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la devolución de los 240 euros obtenidos de manera ilegal por el agente.
La defensa, en cambio, no cuestionó la veracidad de esos hechos, sino que justificó la actuación del policía municipal por su adicción a la cocaína. Esa droga, según el letrado, motivó que el acusado antepusiera a sus valores morales y profesionales la necesidad de conseguir dinero para consumir cocaína.
El letrado José María Domínguez expuso en su informe final que el agente sufría intoxicación crónica por el consumo de cocaína. El mismo mes en el que ocurrieron los últimos hechos, febrero de 2015, Juan Cabrera inició el trámite de la incapacidad permanente, que le ha sido concedida en 2016 en relación al trabajo de policía, sostuvo el abogado, que se apoya en un informe pericial con un amplio historial de consumo de drogas, incluido un ingreso en 1999 para desintoxicarse en el Hospital Insular. También aclaró que se ha cumplido con la responsabilidad civil vinculado a esos delitos, esto es, la devolución de lo 240 euros.
Domínguez reclamó por todo ello la absolución al considerar que concurre una eximente completa de la responsabilidad penal, con la aplicación de un tratamiento ambulatorio en régimen abierto para curarle la adicción. El fiscal, en cambio, mantuvo su petición de cinco años de cárcel. Gimeno opina que el informe pericial no acredita si el acusado consumió drogas entre 2014 y 2015, que es cuando ocurrieron los hechos, y mucho menos la cantidad ingerida y su grado de dependencia.
El jurado popular se encuentra en estos momentos deliberando para emitir un veredicto de culpabilidad o de inocencia.
