Inmaculada Medina confía en el sistema judicial. La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tercera teniente de Alcalde y concejala de Fomento, Servicios Públicos y Aguas espera que las diligencias abiertas contra ella se archiven tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 7 por su gestión del vertedero de Salto del Negro.
El magistrado Javier García García-Sotoca ha citado a Medina el próximo día 25 para interrogarla como investigada por la gestión del basurero entre 2007 y 2011, cuando era responsable del Servicio de Limpieza con el entonces alcalde Jerónimo Saavedra.
El juez instructor le atribuye un delito contra los recursos naturales y del medio ambiente por la contaminación del entorno, en concreto de un huerto escolar y de la presa de Salto del Negro, a donde iban a parar las filtraciones de los residuos porque eran enterrados con capas de tierra sin ningún tipo de tratamiento previo, entre otras irregularidades.
Medina asegura que actuó en aras del "interés público y del interés general", porque en ese momento existía un problema de "insalubridad" asociado a la saturación del vertedero municipal, cuya gestión pasó a manos del Cabildo de Gran Canaria en el siguiente mandato.
La concejal sostiene que ha hecho lo mismo que sus predecesores en el cargo. El magistrado citó a Medina al principio de la investigación para interrogarla, pero la edil se negó a prestar declaración. Ahora ha solicitado comparecer de manera voluntaria y eso ha motivo la retroacción de las actuaciones, pues García-Sotoca ya había transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado con la finalidad de llevarla a juicio. Lo mismo ocurre con el gerente del vertedero entre 2007 y 2011, José Ángel Marrero, que también ha sido encausado.
El magistrado instructor y la Fiscalía de Medio Ambiente, tras analizar las pruebas periciales y las testificales practicadas durante la investigación, considera acreditado indiciariamente que existe contaminación en el huerto escolar y la presa debido al vertido "incontrolado" de residuos.
Se trata de desperdicios de "todo tipo" que no han pasado por "tratamiento previo alguno", pues los camiones descargaban directamente la basura, ésta se apilaba en montones y luego era cubierta con capas de tierra, revelan los informes realizados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
Entre las irregularidades detectadas durante el mandato de Medina, también destaca la inexistencia de un programa para controlar y vigilar las aguas, los lixiviados y los gases. El único sistema empleado era la extracción de arena, sin autorización, para tapar la basura, lo cual motivó que las conducciones para el biogás quedasen sepultadas, con el incremento del riesgo de incendios. Entre los residuos abandonados había combustible.
El magistrado ha archivado la causa penal contra otras tres personas que sí prestaron declaración cuando fueron citadas en el Juzgado de Instrucción: Juan Andrés García, que era el encargado de recoger la basura; Andrés Sergio Diez, que era tractorista , y Miriam Martín, que era la jefa del servicio de Limpieza.
Ninguno de los tres tenía competencias para tomar decisiones que evitaran la "deficiente" gestión del vertedero. El juez atribuye a Medina y al gerente esa responsabilidad por los Estatutos del Servicio Municipal de Limpieza.
La jefa del servicio, además, advirtió a Medina por escrito del "riesgo grave en el vertedero" y de su "situación crítica".
También hay comunicaciones del Gobierno de Canarias al Ayuntamiento por la existencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba en ese entonces al cierre del viejo recinto municipal por su funcionamiento ilegal.
