El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió ayer el nombramiento de Guillermo García-Panasco como nuevo teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, una persona con "un gran currículum y una magnífica cualificación".

El ministro considera que no hay que quedarse únicamente con la actuación de García-Panasco en el caso de la magistrada Victoria Rosell, que tilda de "anécdota". El Tribunal Supremo, en ese sentido, ha anulado unas diligencias internas de la Fiscalía de Las Palmas contra la magistrada, entre otros motivos porque invadieron atribuciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque la sentencia sí considera a la Fiscalía competente para hacer ese tipo de indagaciones disciplinarias, siempre que sean preliminares y no afecten al derecho de defensa.

Catalá ha recordado la independencia del fiscal general del Estado para nombrar a su equipo y ha insistido en la posición de García-Panasco como un fiscal "con prestigio dentro de la carrera".

"Es una persona con una trayectoria profesional acreditada que ha tenido responsabilidad en cientos de asuntos. Para valorar la labor y el currículum de un fiscal no deberíamos quedarnos con un caso que sería una anécdota", añade.

Respeto y control

El ministro destaca que cualquier actividad profesional de la fiscalía está sometida al control de los tribunales y cuando hay una sentencia "se acata y se cumple", algo que cree que "no afecta a la calificación personal". En ese sentido compara la situación con la de un abogado que pierde un juicio o un órgano administrativo del que se revoca una decisión.

"La persona elegida, hasta donde yo sé, es una persona con un gran currículum, con una magnífica cualificación, y así es reconocido por sus compañeros", ha aseverado no sin bromear antes sobre la "dificultad" que tiene para opinar sobre las decisiones de la fiscalía, ya que es incluso reprobado por el Parlamento si lo hace.

El pasado mayo, el Congreso aprobó la reprobación de Catalá por su responsabilidad "directa" en los nombramientos de los fiscales y por su "injerencia" en las causas judiciales.