El Cabildo de Gran Canaria ha descartado la compra directa del convento de las Siervas de María, en la calle Canalejas de la capital, y optará finalmente por un concurso público para adquirir el inmueble destinado a ubicar a las organizaciones no gubernamentales del ámbito sociosanitario. El gobierno insular de Antonio Morales "sigue interesado" en ese antiguo recinto religioso, pero sus propietarios tendrán que competir en precio y en condiciones con el resto de los edificios que se presenten a la convocatoria, según explicó ayer el consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo.
A preguntas de Ylenia Pulido, representante del grupo Podemos en la Comisión del Pleno celebrada , Pedro Justo comunicó que los servicios técnicos del Cabildo consideran inviable la compra del convento por 1,8 millones de euros, tal como se había previsto en el Plan de Inversiones de 2017, porque no tiene la calificación necesaria para ser adquirido de forma directa. Por tanto, el gobierno optará por un concurso abierto al que podrán presentarse los actuales dueños del convento, pero también los propietarios de otros edificios que reúnan los requisitos del pliego.
El consejero adelantó que se incluirán condiciones que no excluyen de antemano al convento de las Siervas de María, pues se pretende que el inmueble esté situado en la parte baja de la ciudad, tenga un determinado número de metros cuadrados, facilidades para dividirlo o aparcamientos en las cercanías.
"Nos gustaba ese edificio por su situación y porque reúne unas buenas condiciones para el uso que le queremos dar, pero no podemos comprarlo directamente", comentó el consejero. Con la nueva fórmula, una mesa de contratación tendrá que valorar las distintas propuestas económicas y elegir la más barata, lo que ya no garantiza la recuperación de ese inmueble religioso para uso sociosanitario.
El Cabildo y los propietarios del convento, representados por el asesor Agustín Briganty, negociaban desde noviembre de 2016 la compraventa y, de hecho, el presidente Morales anunció el pasado mes de abril la incorporación de 1,8 millones de euros al Plan Transforma 2017 para cerrar la adquisición. Sin embargo, la operación se fue retrasando por los desacuerdos sobre quién tenía que solicitar el cambio de uso urbanístico de religioso a sociosanitario.
El pasado 5 de julio, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, aseguró que el Plan General de Ordenación (PGO) permite cambiar la calificación urbanística con trámites rápidos y sencillos.
Ylenia Pulido también preguntó por la Casa del Deán, en Vegueta, y Pedro Justo le contestó que el Cabildo no tiene prevista ninguna actuación allí, pues es del Obispado.
