El origen de la capital grancanaria es militar, como todos sabemos: el día que Rejón levantó su campamento en el Guiniguada nació esta ciudad colonial que habitamos. Ya en tiempos modernos, antes incluso de que terminara de construirse el Puerto de La Luz, los militares ocuparon La Isleta. La ocupación fue tan temprana que un porcentaje ínfimo de la población que ha vivido en ella a lo largo de este siglo y pico ha tenido el privilegio de pasear por sus colinas. El espectacular enclave encierra sin embargo una gran riqueza, aún desconocida para la mayoría de canarios.
Unidas por el istmo, pero en el otro extremo, se encuentra la Base Naval, el viejo muelle frutero de casi 1.500 metros de superficie que la Marina ocupó en los años cuarenta del pasado siglo. El modo en que se llevó a cabo esa "cesión de terrenos" fue "la expropiación militar provisional" y su efectividad quedó condicionada "al pago de una compensación por fijar", según el informe que el despacho Moreno & Pérez elaboró en 2005 para la Autoridad Portuaria. Como ni se fijó ni compensó, la operación se saldó a coste cero para el Estado y se hizo efectiva por vía de los hechos consumados, aislando desde hace 70 años el frente marítimo de la ciudad.
La recuperación para uso civil de ambos espacios estratégicos es una reivindicación histórica de la sociedad canaria. Ya en los años 60/70, cuando comenzó a imponerse el modelo urbano de ciudades con más espacios públicos, tuvo lugar en España una reconversión civil de diversas instalaciones militares. Al decaer con el paso del tiempo el supuesto defensivo que había avalado su razón de ser, muchas se transformaron en museos, salas de exposiciones, centros culturales o simples parques de ocio. Esa regeneración urbanística llegó también a Las Palmas de Gran Canaria. Por ella, el Ejército renunció a establecer su caja de reclutas en el antiguo Hospital Militar y lo cedió a la ciudad, que lo convirtió en sede del Rectorado de su Universidad. También los terrenos que ocupaban los paracaidistas se destinaron a uso civil, transformándose en el Parque de Las Rehoyas y cubriendo la carencia de un espacio deportivo y de esparcimiento de la ciudad alta . Esa reconversión se planteó también para las dos bases militares instaladas en el corazón de la ciudad, sobre todo la Base Naval, pero las reiteradas peticiones no han sido atendida desde entonces hasta hoy.
A partir de 2015 ha tomado nuevo impulso la presión institucional y social para lograrlo, auspiciada por los cambios políticos de las últimas elecciones y la creciente sensibilización de un colectivo social, vinculado a La Isleta, que viene gestando la puesta en marcha de una campaña ciudadana. Lo que piden a los militares diversas instituciones canarias y una buena parte de sus ciudadanos no es ningún exceso. La ciudad no se extralimita pronunciándose sobre una cuestión que no le compete: la seguridad y defensa de Canarias, España y Europa, como su frontera sur que somos. Lo que debate esta ciudad es su futuro: su modelo de desarrollo urbanístico, social y económico para jugar el papel al que aspira en este lugar del mundo. Y cómo condicionan este modelo las bases militares que perviven en su interior.
'Disarmer Cities'
Vivimos un tiempo en que los procesos de desmilitarización de las ciudades son una tendencia europea, hasta el punto que la propia UE los promueve y financia a través de proyectos como Disarmer Cities. Localidades de Italia, Croacia, Francia y la propia España, sobre todo mediterránea, han obtenido fondos europeos para reconvertir sus viejas baterías militares en museos o centros de interpretación. Mucho antes lo lograron otras tantas ciudades de nuestro país: Barcelona con Montjuic, Gijón con el Cerro de Santa Catalina o La Coruña con su Monte de San Pedro, entre otras. ¿Por qué no logra Las Palmas de Gran Canaria lo que sí consiguen otras ciudades?
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, estuvo la pasada semana visitando las bases militares de España en Canarias y despachó la histórica reivindicación como viene haciendo el Estado desde hace décadas, con displicencia y un único argumento: "La base naval es estratégica para la seguridad nacional". Un jarro de agua que no sólo enfría las expectativas de las instituciones y ciudadanos canarios, sino que confirma la escasa sensibilidad con que su departamento afronta el debate en la Comisión de Defensa del Senado, creada hace un año para afrontar este asunto y en la que se comprometió a estudiar la posibilidad de su traslado. Eso sí, cifrando previamente su coste en 400 millones de euros y apuntando que no correspondería a Defensa asumirlo. Ni la ministra ni ningún otro máximo responsable militar ha hecho referencia al valor estratégico del otro enclave en disputa, por lo que cabría deducir que no lo tiene, más allá de las diversas maniobras terrestres y aéreas que se realizan periódicamente en él, tan cerca de la ciudad que han provocado sobresaltos vecinales y quejas institucionales.
Mientras todo esto acontece, los gobiernos progresistas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria han dejado pasar medio mandato sin avanzar un ápice en abrir vías de diálogo para negociar, de institución a institución, una solución consensuada a la desmilitarización de la ciudad (de la ciudad, no de Canarias). Más allá de las declaraciones, el Ayuntamiento ha sido incapaz de armar una propuesta convincente sobre la necesidad de recuperar esos enclaves para transformar a Las Palmas de Gran Canaria en la ciudad global del siglo XXI que propone. O abrir un foro ciudadano interdisciplinar (urbanistas, arquitectos, ingenieros, historiadores, etcétera) para identificar qué usos cabrían en cada uno de estos espacios y cómo blindarlos ante cualquier tentación de especulación urbanística, la principal preocupación de quienes defienden su desmilitarización. Una preocupación alimentada además por presentaciones públicas de ocurrencias empresariales como la implantación de un teleférico.
Prohibido el paso
Más grave aún resulta la actitud del Cabildo de Gran Canaria en relación a la conservación de La Isleta. La corporación insular lleva años haciendo dejación de su competencia de control de la preservación del paraje, con técnicos de Medio Ambiente que han permitido o no han impedido la celebración de carreras masivas que vulneran los límites establecidos en las normas de protección. O que conceden o no autorizaciones de visita bajo criterios más subjetivos que objetivos.
El pasado mayo, el Ejército, molesto con las críticas que se vienen vertiendo desde determinados ámbitos sociales y mediáticos, cerró el acceso ciudadano a La Isleta. Y es que solo si se visita se puede constatar (y contar) lo que ocurre en su interior: por ejemplo su progresivo deterioro medioambiental. Una reciente reunión de la cúpula militar con responsables políticos del Cabildo ha iniciado el proceso de negociación del acceso a La Isleta en el futuro, al parecer aún más restringido que hasta ahora. Unas visitas por cierto que el Ministerio de Defensa no sólo avala sino que recomienda en todos los espacios medioambientales que ocupa en el país, siempre que dicha actividad civil sea compatible con su uso militar.
Paz y Defensa
A principios julio, la UNED organizó un interesante curso de verano sobre Seguridad, Paz y Defensa en Canarias. Los alumnos pudieron visitar las bases militares de la Isla, escuchar de primera mano qué riesgos y amenazas pesan sobre Canarias, España y Europa e intercambiar opiniones con algunos de los máximos responsables de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Explicaron que la línea entre seguridad y defensa es hoy difusa, que ya no existen diferencias entre la amenaza interior y la exterior, que los ataques se han vuelto transversales y se producen tanto en el ámbito territorial como el económico o social. Y destacaron nuestra cercanía a África y la importancia de estabilizar los Estados de donde provienen dichas amenazas para combatir los desafíos del yihadismo y el tráfico de drogas o de personas. Sus misiones de paz coinciden con la voluntad manifestada en su día por los canarios, que dijeron mayoritariamente NO a la OTAN, de ser plataforma de paz y no de guerra (ni Rota ni Torrejón). "Bajo presión social se trabaja peor", reconocieron por último los representantes de la cúpula militar.
En una pausa para el café, un alumno sostuvo que "el problema de las relaciones del Ejército con Canarias es que no hay término medio: militaristas y antimilitaristas se mueven entre el blanco y el negro, nadie ve los grises". Y probablemente tenga razón, sobre todo si se tiene en cuenta que los grises son, precisamente, las fronteras difusas en las que también se mueve la relación entre los cuerpos de seguridad del Estado y las sociedades en las que se asientan. Sin que esté claro quien ejerce más presión sobre quién. Al menos en esta ciudad, a la que tienen por misión defender, no "sitiar".
De las jornadas de la UNED pueden sacarse dos conclusiones: la primera, que militares y civiles pueden sentarse a dialogar serenamente sobre los riesgos y amenazas que deben afrontar juntos. Y dos, que la defensa de y desde Canarias no es incompatible con la devolución a la ciudad de la Base Naval y La Isleta. A ellas cabría añadir una tercera: que la actitud timorata y contradictoria de las principales instituciones de la Isla, junto a la apatía social, son los principales aliados que tiene el Estado para blindar la ocupación militar de estas dos joyas de la ciudad. Pero que la displicencia y confrontación pudieran hacer despertar a un pueblo que no termina de desempolvarse algunas reminiscencias del pasado que tienen que ver con su origen colonial. Una asignatura pendiente que daría para otro intenso curso de verano.
