El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la anulación del nombramiento de Eulalia Guerra como directora general de Presidencia y Seguridad Ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria. La Sala de lo Contencioso Administrativo ratifica que ese tipo de puestos directivos están reservados a los funcionarios de carrera (subgrupo A1) y, por tanto, el gobierno municipal cometió una ilegalidad al abrir la convocatoria a personal ajeno al Ayuntamiento sin haber motivado su decisión.
La sentencia del TSJC concede la razón al concejal del Partido Popular (PP) Juan José Cardona, que impugnó la designación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4. Esa primera resolución es la que ratifica ahora el tribunal, con la magistrada Inmaculada Rodríguez como ponente, que califica de "impecable" la sentencia dictada en primera instancia y desestima la apelación de los servicios jurídicos municipales.
La Sala de lo Contencioso concede que es posible nombrar como director general a una persona que no reúna la condición de funcionario, pero para ello es "exigible" una motivación por "las características específicas del puesto específico", pues la regla general es que estos cargos de confianza se elijan entre funcionarios de alto nivel. Esa motivación no se ha dado en el caso de Guerra y, por ese razón, se anula la resolución dictada el 13 de agosto de 2015 por el concejal de Recursos Humanos que aprueba las bases y la convocatoria pública.
Cardona concluye que el nombramiento de Eulalia Guerra fue "ilegal" y supone "un varapalo judicial a los nombramientos a dedo del Tripartito". El portavoz popular sostiene que Guerra tiene que dejar el puesto porque la sentencia, que ha sido notificada hoy, tiene efecto ipso iure, esto es, por sí misma, sin que sea necesario ningún tipo de requerimiento. "Es el último despropósito de una etapa negra de la gestión del área de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento", añade.
El concejal considera que se "quedan en el aire todos los actos administrativos dictados por la directora general", cuyo nombramiento "es nulo", incluso "es discutible si deberá devolver los salarios percibidos durante todo este tiempo", subraya Cardona.
La sentencia, según el edil popular, es un "antecedente" de lo que ocurrirá con el nombramiento del director de movilidad, Heriberto Davila, que también ha sido anulado en primera instancia y está pendiente de llegar al TSJC.
El PP insta al Gobierno tripartito a designar a un profesional "cualificado" en sustitución de Eulalia Guerra, que ha adoptado decisiones "más que controvertidas", asegura. El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, afirma que la sentencia será analizada por los servicios jurídicos para decidir si se recurre o no al Tribunal Supremo, pues los motivos de casación en estos casos son muy limitados y no está claro aún si cabe recurso.
