El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la ilegalidad del nombramiento de Eulalia Guerra como directora general de Presidencia y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con sede en Las Palmas, concluye que ese tipo de puestos directivos están reservados a los funcionarios de carrera (subgrupo A1) y, por tanto, el Gobierno municipal incurrió en una ilegalidad porque abrió la convocatoria a personal ajeno al Ayuntamiento sin motivar su decisión.
La sentencia del TSJC concede la razón al concejal del Partido Popular (PP) Juan José Cardona, que impugnó la designación de Guerra ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas. Esa primera resolución judicial es la que ratifica ahora el tribunal, con la magistrada Inmaculada Rodríguez como ponente, que califica de "impecable" la sentencia dictada en primera instancia y desestima la apelación de los servicios jurídicos municipales.
La Sala de lo Contencioso Administrativo razona que es posible nombrar como director general a una persona que no reúna la condición de funcionario, pero para eso es "exigible" una motivación por "las características específicas del puesto específico", pues la regla general es que estos cargos de confianza se elijan entre funcionarios de alto nivel.
Tal justificación no se ha dado en el caso de Guerra y, por ese motivo, se anula la resolución dictada el 13 de agosto de 2015 por el concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, con la que se aprobaron las bases y la convocatoria pública para cubrir la plaza.
Cardona considera que el nombramiento de Eulalia Guerra fue "ilegal" y supone "un varapalo judicial a los nombramientos a dedo del Tripartito".
El portavoz popular añade que Guerra debe dejar el puesto de manera inmediata porque la sentencia, que fue notificada ayer, tiene efecto ipso iure, esto es, por sí misma, sin que sea necesario ningún tipo de requerimiento. "Es el último despropósito de una etapa negra de la gestión del área de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento", añade.
El concejal destaca que se "quedan en el aire todos los actos administrativos dictados por la directora general", cuyo nombramiento "es nulo". En ese sentido, apunta Cardona, "es discutible si deberá devolver los salarios percibidos durante todo este tiempo". El PP baraja exigir la devolución del dinero cobrado desde la toma de posesión en 2015.
La sentencia, según el edil popular, es un "antecedente" de lo que ocurrirá con el director de Movilidad, Heriberto Dávila, cuyo nombramiento fue anulado a principios de mes por la misma falta de motivación, en este caso mediante una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6, la cual también ha sido recurrida por el Ayuntamiento ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.
El PP, tras obtener la razón por partida doble en los tribunales, insta al Gobierno tripartito a designar a un profesional "cualificado" en sustitución de Eulalia Guerra, que ha adoptado decisiones "más que controvertidas", asegura Cardona desde la oposición.
El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, explica que la sentencia será analizada por los servicios jurídicos para decidir si se recurre o no al Tribunal Supremo (TS), ya que los motivos de casación en estos casos son muy limitados y no está claro aún si cabe esa posibilidad.
La propia sentencia del tribunal canario aclara que es posible recurrir al Supremo, pero sólo si se invocan normas estatales u europeas relevantes para la resolución del pleito, entre otros requisitos como el interés casacional. Regidor señala que esa decisión le corresponde, por tanto, a los abogados del Ayuntamiento y, en todo caso, al grupo de gobierno, que deberá reunirse para fijar su postura.
