La Provincia - Diario de Las Palmas

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Entrevista a Guillermo García-Panasco Morales

"Quien crea que me voy a Madrid por lo de Rosell solo demuestra su ignorancia"

"En Madrid pondré mi granito de arena para asesorar al fiscal general del Estado y a toda la carrera", comenta el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado

Guillermo García-Panasco, con la Ciudad de la Justicia al fondo, antes de la entrevista realizada el jueves. JOSÉ PÉREZ CURBELO

En sus dos mandatos como fiscal jefe de Las Palmas ha potenciado la especialización por áreas y ha implantado la estadística como método de trabajo. ¿Deja una Fiscalía mejor o peor de la que encontró?

Eso lo tienen que valorar otras personas. Mi percepción interna es que hemos trabajado mucho, que esto ha sido posible por el esfuerzo de todos, de los fiscales y de los funcionarios. El balance es claramente positivo.

Los datos...

Formulamos entre ocho y nueve mil acusaciones al año, de las que entre cuatro y cinco mil son en juicios rápidos, donde hay un altísimo grado de colaboración y de coordinación con los juzgados. Ahí conseguimos un 90 % de conformidades en el propio servicio de guardias, es decir, unos cuatro mil asuntos tienen sentencia firme a las 72 horas de haberse cometido el hecho delictivo. Eso es mérito de toda la Administración de Justicia, pero no es menor el despliegue territorial de los fiscales en la lucha diaria contra ese tipo de delincuencia. En la Audiencia de Las Palmas tenemos más de un 90 % de sentencias que son conformes en mayor o en menor medida a nuestras peticiones. En los juzgados penales, más de un 80 %. El índice en el tribunal del jurado es superior al 90 %, que es importante porque nos sirve para chequear la realidad y saber si estamos en contacto con los ciudadanos. No digamos las especialidades, donde el grado de calidad técnica que ofrecemos al tribunal es extraordinario y eso tiene su fruto en las sentencias.

Es la vieja apuesta por las fiscalías especializadas.

Sí. No es algo nuevo ni que haya inventado yo porque esto venía de antes. La primera especialidad que llevé fue con Juan Guerra como fiscal jefe. Luego vino Vicente Garrido, que las potenció mucho, y yo tuve la suerte de coger una etapa en la que hubo un incremento de plantilla, porque eso nos permitió poder montar unos servicios especializados con dedicación exclusiva que se han ido ampliando. Tenemos hasta 17 secciones o servicios especializados. En todas las sedes territoriales hay fiscales con especialización.

También se ha dedicado tiempo a la modernización del sistema judicial.

La Fiscalía, con Vicente Garrido, está muy implicada en la modernización, en el avance y desarrollo del sistema informático Atlante. Eso ha sido importante para elaborar las estadísticas. Todo, hasta las quejas por la carga de trabajo, se concreta en números. La estadística es buena o mala en función de la gente que la alimenta. El trabajo y el empeño ha sido importante, aunque queda mucho por hacer.

¿Hay división interna en la Fiscalía de Las Palmas?

Creo que no. Como en todo grupo humano, hay opiniones diversas sobre algunos temas, pero siento que existe un respaldo mayoritario a la labor que se ha realizado. Esto es un proyecto de todos.

Todos los años, en la Memoria de la Fiscalía, la delegada de Menores critica la gestión de las administraciones. Hace dos años advirtieron que en Fuerteventura existían casos de prostitución y en capital grancanaria hay abierta una investigación que afecta indirectamente a un centro. ¿No hay mejoras?

Es un tema extraordinariamente complejo, con enormes satisfacciones y algunas frustraciones. Siempre le digo a la decana, al resto de compañeros y a los funcionarios, que el trabajo compensa incluso si sólo se saca a un sólo chico adelante, porque es darle una segunda oportunidad a una persona que va a conformar la sociedad canaria del futuro. Eso es importante, aunque es verdad que hay muchas carencias. La tutela la tiene la Comunidad Autónoma, pero el centro lo tiene el Cabildo y lo gestiona indirectamente a través de una ONG. Esa complejidad causa muchas dificultades.

¿En qué más suspende la administración?

A veces se echa en falta criterio jurídico y sentido común. Todos tenemos que ponernos en el pellejo de un padre y de una madre para decidir qué haríamos con esos chicos, porque en ocasiones no se atienden cosas básicas. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo, pero hay mucho que hacer en dotación de personal, formación y de medios materiales. Hay centros que requieren reformas integrales y cualquier mejora contribuye a esa segunda oportunidad. De todas formas, soy optimista por naturaleza y confío en que la sustitución vaya a mejor.

Delitos Económicos ha denunciado a grandes empresas, como Emalsa y otras relacionados con el Puerto, pero esas investigaciones no llegan a juicio. ¿Han pecado de ambiciosos?

No es un tema de ambición, sino de cumplir con nuestra obligación, caiga quien caiga y pese a quien pese, sin atender a su condición personal ni económica o sociológica. Lo que pasa es que los hechos en sí son complejos, con múltiples implicados, y una estructura judicial que a veces no ofrece la respuesta adecuada a este tipo de asuntos. El trabajo en todas las áreas ha sido extraordinario, como en Violencia sobre la Mujer con la condena del caso del Talio o en Urbanismo y Medio Ambiente con el caso Unión, por citar algunas de las especialidades.

¿Demasiados callos pisados?

Si he pisado alguno es por el cumplimiento de la ley.

¿Ya tiene piso en Madrid?

Pues no, todavía no.

¿Cómo puede ser eso?

Ahora es cuando toca ponerse a buscar piso, esto ha sido muy rápido. Me llamaron el viernes 14, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, para preguntarme si me interesaba el puesto porque buscaban un perfil como el mío. Dije que sí y, bueno, en una semana estás en el BOE.

Regalos, algún reproche y hasta una improvisada despedida... Ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado.

A mí el primero, pero es lo habitual. Estos nombramientos exigen cierta discreción, porque hasta que no sales en el BOU, no existes. Es verdad que algunos se enteraron por la prensa y se han quedado en estado de shock, pero hay que ver el aspecto positivo. Hay gente que te aprecia de verdad y te dice 'coño, se nos va Guillermo, se nos va Willy o se va el jefe'.

¿Se ha sentido querido?

Muchísimo, pero no solo ahora. Siempre me he sentido muy apoyado por los compañeros y los funcionarios. Esa es la vedad.

¿Qué le dijo el fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido?

Que para adelante.

¿Sin más?

Vamos a ver. Para mí esto es un honor, una oportunidad y un privilegio. Si pasa este tren hay que subirse aunque esté en marcha, porque es una muy buena plaza en un sitio privilegiado. Es aportar tu granito de arena al asesoramiento del fiscal general del Estado y, por extensión, a toda la carrera, a la fijación de criterios jurídicos de actuación a nivel nacional.

Pero no termina el segundo mandato y hay problemas en la Fiscalía como el recurso contra su organización del trabajo...

Este proyecto empezó en 2008 y se renovó en 2013. Por supuesto que hay problemas y que quedan cosas pendientes, pero no lo pongo en relación con mi nombramiento, sino porque las cosas surgen. Es la vida misma. Honestamente he procurado que esta Fiscalía sea participativa, escuchar a todo el mundo para que expongan sus ideas, sus propuestas y sus críticas. Mi responsabilidad es tomar decisiones y siempre lo he hecho después de escuchar a todos. Seguro que he cometido errores, pero no ha faltado trabajo, compromiso y espíritu de servicio, que es lo que sé hacer. Queda la oficina fiscal, el expediente digital y reajustar algunos bloques de trabajo, pero si hecho la vista atrás el cambio ha sido profundo.

¿Le hubiera gustado irse con el recurso de la Asociación Independiente de Fiscales resuelto?

Lo deseable es que todas las decisiones de los tribunales se tomen en el menor tiempo posible, pero comprendo la carga de trabajo que pesa sobre ellos.

¿Se va con esa inquietud?

La decisión de reestructurar el trabajo la tomé con la amplia mayoría de la Fiscalía, como consecuencia de los cambios por el traslado al nuevo edificio y, sobre todo, porque era necesario reorganizar el trabajo y seguir profundizando en el principio de especialización. Necesitábamos una nueva organización que nos permitiera aprovechar mejor a todos los efectivos, con una estructura más igualitaria desde el punto de vista económico, la carga de trabajo y lo días de libre disposición.

¿El motivo del recurso es por la pérdida de ingresos al repartirse las guardias de la capital?

Uno de ellos, probablemente el fundamental, pero hay instrucciones de la Fiscalía General del Estado que obligan a seguir ese criterio si se organizan servicios como los de la guardia. El decreto es mucho más. Profundizar en la especialización y el reparto del trabajo es más importante estratégicamente para la Fiscalía que la cuestión económica.

Hay quien piensa que lo trasladan a Madrid por las peticiones de Dimisión de Podemos y de Victoria Rosell tras la sentencia del Supremo que confirma la vulneración del derecho de defensa de la magistrada. ¿Es así?

Quien afirma eso lo hace desde la profunda ignorancia. No puedo decir otra cosa. Yo sé lo que ha pasado, cómo ha surgido, quién me lo ha propuesto y por qué. Es un reconocimiento a una trayectoria y a un perfil porque alguien considera que puedo ser útil para la institución. No tiene nada que ver con la coyuntura y el contexto actual. De hecho parte realmente de una carambola. Si no renuncia Manuel Moix y no nombran a Alejandro Luzón, no se hubiera quedado vacante la plaza. Quien vea conexiones solo demuestra la ignorancia sobre cómo funcionan las cosas en esta carrera.

Sin tecnicismos, ¿qué es lo que va a hacer allí?

La Fiscalía Técnica es una unidad dentro de la Fiscalía General del Estado que se encarga de conformar criterios jurídicos. Presta apoyo y asistencia al fiscal general del Estado, a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo y, en definitiva, contribuye a fijar los criterios de actuación. Estudios, informes legislativos, dudas y consultas de las fiscalías, preparación de circulares? Es una labor eminentemente jurídica.

¿Algo así como el corazón del ministerio público?

Alguno lo ha llamado el think tank jurídico, no sé. No pretendo tanto. Las competencias están en el Estatuto Orgánico. También tiene funciones de formación de los nuevos fiscales, pero parece que me voy a centrar en la cuestión jurídica. En todo caso, estoy sometido a lo que diga el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, que fue quien me hizo la propuesta, y al fiscal general del Estado, por supuesto.

Suena aburrido. ¿Echará de menos los pleitos?

Los he echado de menos en mi etapa de jefe en Las Palmas. Tengo vocación de fiscal y el fiscal cuando está en su salsa es en el pleito. Pero es verdad que hay múltiples funciones y todas son necesarias. En la jefatura no estás tan a pie de obra. No ves ningún procedimiento pero los ves todos. Eso es lo bonito. Los compañeros te dan cuentan de los asuntos relevantes, incluso los abordamos en órganos colegiados. Así fijamos criterio y montamos la acusación. Ves de todo y no pierdes el contacto con la realidad. La revisión, el visado, te permite detectar y corregir posibles fallos. Me considero un fiscal muy apegado a la realidad.

¿Lo perderá en Madrid ?

Espero que no. Si le vas a ofrecer una solución jurídica a un compañero, tienes que conocer las circunstancias y el contexto en la que se va a aplicar esa solución.

La Asociación Progresista de Fiscales cuestiona el momento para ascenderle y los independientes sienten "estupor".

No tengo nada que decir. Desde el punto de vista asociativo respeto todas las opiniones, pero la respuesta debe ser asociativa, no mía.

¿Se arrepiente de haber investigado a Rosell?

Vamos a ver. El concepto arrepentimiento tiene una connotación de carácter personal, que está asociada a lo que uno cree o siente que ha hecho mal de manera consciente. Por lo tanto, no. Lo que hicimos es cumplir con nuestra obligación. La sentencia del Supremo, precisamente, deja claro eso, que teníamos competencia para hacer lo que hicimos y que no haber hecho nada era ilegal. No soy de los que guardan papeles en los cajones ni miran para otro lado. Cumplo con mis obligaciones conforme al principio de legalidad y de imparcialidad. No investigamos a Rosell desde el punto de vista penal. Lo que hicimos fue indagar preliminarmente si existían o no motivos para presentar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una posible infracción disciplinaria.

¿No era más fácil o apropiado abrir diligencias penales?

Fácil, desde luego. Hubiéramos tenido menos problemas de interpretación jurídica. Pero fuimos prudentes. En ese momento no teníamos indicios de que se hubiera podido cometer una infracción de carácter penal. Por eso valoramos la incoación de otro tipo de expediente. El resultado es conocido. El Supremo ha valido algunas de las diligencias y ha considerado que otras excedían esa función de indagación preliminar, porque era preconstituir material probatorio y eso es propio de un expediente disciplinario que, como todo el mundo sabe y nosotros también sabíamos, es competencia del CGPJ. Era una cuestión discutible. Hay que respetar y acatar la interpretación del Supremo. La controversia forma parte del ejercicio de nuestras funciones y está resuelta por quien tenía que hacerlo. Deja claro que no vulneramos ningún derecho fundamental con la nota de prensa difundida ni interferimos en el proceso electoral, porque se nos había achacado la vulneración del derecho de sufragio pasivo y de libre concurrencia a unas elecciones. Esa crítica era grave y dura. La sentencia aclara que no hemos actuado de forma política a favor o en contra de alguien.

¿Cuándo y por qué surge el conflicto con Rosell?

No, no. No me gusta hablar de conflicto. Lo que hemos hecho es cumplir con la legalidad. Es verdad que hubo un incidente entre la magistrada y la fiscal asignada al procedimiento de origen. Entendimos que podía haber responsabilidad disciplinaria y pusimos los hechos en conocimiento del CGPJ.

¿Siguieron indicaciones del entonces ministro José Manuel Soria?

En este despacho jamás se han tomado decisiones por criterios de oportunidad ni por motivos políticos. Recibimos una información de una determinada manera [un anónimo], que no es en absoluto infrecuente. Cumplimos con nuestra obligación. Nos pareció especialmente grave que mientras una magistrada estuviera investigando a una persona, esa persona estuviera negociando con la pareja de la magistrada. Creímos que era relevante. Lo remitimos al CGPJ cuando tuvimos un mínimo material indiciario. A partir de ahí, cada institución ha asumido su responsabilidad. Nosotros hemos cumplido con la nuestra. Las decisiones se toman en función de las circunstancias que concurren en ese momento. Hay aspectos que han sido anulados por el Supremo, pero una trayectoria de más de 20 años no se puede resumir en un procedimiento por muy mediático que sea. Lo mismo con un juez de instrucción al que la Audiencia anula una investigación por vulneración de derechos fundamentales, lo cual no es infrecuente. El sistema funciona, hay que trasladar un mensaje de tranquilidad.

¿El pleito que motivó el lío con Rosell llegará a juicio?

Confío en que sí. Es un procedimiento complejo, que se ha complicado más por circunstancias extraprocesales. Por parte de la Fiscalía existe el más absoluto interés de que los hechos se esclarezcan. Si existe prueba suficiente se formulará acusación y se irá a juicio, si no se solicitará el archivo. Como en todos los asuntos.

¿Tampoco avanza la causa al juez Alba por la supuesta conspiración contra Rosell?

Hemos ejercitado las acciones legales correspondientes. Respetamos las decisiones del CGPJ y de los tribunales. Decidir si Alba debería estar suspendido no nos corresponde a nosotros. Estos asuntos empañan la imagen de la Justicia y deben resolverse lo antes posible por el bien de todos. Los tiempos son los que son.

¿La sentencia del Supremo compromete la independencia de los jueces?

En absoluto. Entiendo que es un tema discutible, con votos particulares. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijo unas cosas que el Supremo ha rechazado de plano. Luego entró en cuestiones que no se habían abordado, y en unas nos da la razón y en otras no. La Fiscalía, como cualquier ciudadano, puede presentar una denuncia ante el CGPJ, pero no solamente eso. No somos un mero buzón. Si denunciamos algo es porque creemos que procede y, antes de hacerlo, es perfectamente legítimo que formemos un criterio sobre la base de diligencias preprocesales. Ese es el expediente que incoamos, para valorar si procedía o no denunciar. Salvando las distancias, son como las gestiones previas que hace un abogado para presentar una demanda.

¿Los jueces han reaccionado de forma corporativa?

Son manifestaciones hechas en el ámbito asociativo, prefiero no pronunciarme.

Es magistrado en excedencia, ¿por qué eligió la carrera fiscal?

Porque me gusta el derecho penal y el procesal penal. Ese es el grueso de nuestro ámbito. Luego tiene un dinamismo interno que me atrae. Por eso elegí ser fiscal y no me arrepiento.

Esas reacciones indican que será difícil dejar la instrucción a los fiscales. ¿Llegará ese día?

Espero que sí. Es más, creo que es necesario. La sentencia lo que hace es aplicar la legislación vigente y lo que hay que hacer es cambiarla. Soy un firme defensor de la investigación penal por parte del fiscal. Hay opiniones mucho más autorizadas que así lo afirman. Por razones de garantías y operativas. Vaya por delante el respeto a la profesionalidad e integridad de todos los compañeros de la carrera judicial, pero la posición objetiva que tiene un juez de instrucción no es la más idónea, porque debe garantizar los derechos de las personas al mismo tiempo que las investiga. Es un tema de garantías. Creo que el fiscal debe investigar, la defensa debe defender, y un tercero ajeno al proceso debe tomar las decisiones para garantizar una verdadera y real imparcialidad. Decisiones desde la distancia sobre la prisión preventiva, la intervención telefónica o abrir o no juicio oral, es decir, si se sienta a una persona en el banquillo. Todos los actores del proceso estarían colocados de una forma más natural.

¿Va a remar desde Madrid en ese sentido?

Está remando ya toda la institución, con el fiscal general del Estado a la cabeza. Pero no depende de nosotros, sino del Poder Legislativo. Hay que aprovechar la eficacia de la estructura organizativa de la Fiscalía. Esa estructura, ante los desafíos de la sociedad, permite una respuesta más eficaz a la criminalidad organizada, porque es necesario formar equipos de trabajo, coordinar esfuerzos y fijar criterios. El modelo de un juez en un partido judicial está superado. El diagnóstico está hecho y existe consenso en el tratamiento, lo que hace falta ahora es voluntad.

¿Los jueces están preparados para es cambio?

Todos tendremos que adaptarnos. Los jueces, los fiscales y los letrados de la administración de justicia. Habrá que hacer cambios, no solo legislativos, sino de estructuras organizativas, que me parece infinitamente más importante. Ese cambio no se puede hacer de la noche a la mañana, pero por eso hay que empezar ya. ¿Cómo cuesta mucho vamos a dejarlo para mañana? No. Como cuesta mucho, vamos a empezar hoy.

¿Pero necesitan independencia o más autonomía? Ahí está la dimisión de Moix...

Vamos a ver. Hoy en día, con la ley en la mano, se garantiza que ningún fiscal actúe en el ejercicio de sus funciones haciendo algo que considera que no debería hacer. Hay que hacer más pedagogía, trasmitir un mensaje de confianza y decir las cosas como son. El fiscal general del Estado no depende del Gobierno, los fiscales no dependemos del Gobierno.

¿Pero lo nombra el Gobierno y existe el principio de jerarquía?

Sí, pero también nombra a los magistrados del Constitucional y son independientes en el ejercicio de sus funciones. El principio de jerarquía es dentro de la carrera fiscal, no frente a terceros. A mí el fiscal general del Estado me puede dar una orden, pero no el ministro de Justicia, que tampoco se la puede dar al fiscal general. En Alemania, los fiscales dependen del Gobierno y el ministro de Justicia sí le da instrucciones al fiscal general. Un ministro de un Lander, que aquí sería un consejero de una Comunidad Autónoma, le da instrucciones al fiscal del Lander. Es como si un consejero regional le diera instrucciones al fiscal Superior. En Alemania investiga la Fiscalía y no creo que nadie dude de su pedigrí democrático. Pero es que en Francia, hasta hace muy poco, el ministro podía dar instrucciones particulares a la Fiscalía sobre cómo actuar en un caso concreto. Ahora esas instrucciones no son particulares, sino generales, pero nadie duda del pedigrí democrático de Francia. La Fiscalía, en Portugal, representa los intereses del Estado, es más, defiende sus intereses económicos, como hace aquí el Abogado del Estado, y nadie duda de su pedigrí democrático. Por tanto, cuando se habla de politización y de dependencia del Ejecutivo, hay un déficit formativo importante. No estamos en absoluto mal. Todo lo contrario.

¿Por qué?

Aquí el ministro de Justicia no da instrucciones al fiscal general del Estado. La jerarquía es interna, dentro de la carrera, y su finalidad es garantizar la unidad de criterio. Normalmente, cuando se toma una decisión, se cuenta con el parecer de la mayoría y se fija un criterio que todos deben seguir luego. Eso se hace para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, para que la aplicación de la ley se haga lo más uniforme posible en todo el territorio nacional y no se investiguen las cosas de manera distinta en Cuenca, Alicante y Las Palmas. Esa garantía la puede ofrecer la Fiscalía en el contexto de una investigación, porque hoy nos encontramos con que un asunto entra en un juzgado y la respuesta es 'a' y en otro juzgado es 'b'. Eso es legítimo y legal porque existen la independencia y los recursos, pero lo lógico es que se siga un mismo criterio.

Pero no son independientes.

No lo somos en el ámbito interno, pero sí frente a terceros. Somos autónomos como institución dentro del Poder Judicial.

¿Y ese modelo es suficiente para asumir la instrucción?

A día de hoy, sí. Pero si hay dudas, si alguien quiere perfeccionar los mecanismos para garantizar una mayor apariencia de imparcialidad, perfecto, bien venido, se reforman los estatutos. He participado en comisiones de este tipo. Claro que hay cosas que se pueden mejorar y estoy convencido de que se harán. Preferiría que se hiciera con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En todo caso, es necesaria una reforma del Estatuto porque hay muchas cosas en las que se puede garantizar mayor grado de autonomía, como la capacidad de gestión presupuestaria o de normativa interna.

¿Esa sumisión económica no daña la independencia?

Es un hándicap indudable. No tenemos esa autonomía presupuestaria ni nosotros ni los jueces, porque es una cuestión de diseño estructural, de modelo de Estado. La responsabilidad de las administraciones hace que se pongan los medios necesarios para el funcionamiento del sistema judicial. Se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer.

¿Tiene cuentas en paraísos fiscales?

No.

¿Es compatible eso con representar al ministerio público? Antes hablaba de Moix...

Preferiría no valorar la conducta de personas que para mí merecen todo el respeto y toda la consideración. A veces se dan circunstancias que no son fácilmente digeribles por los ciudadanos, situaciones que, aunque sean legales y se hayan hecho de buena fe, implican un coste. La institución, una vez más, ha dado muestras de madurez para resolver una situación complicada. Somos 2.500 fiscales. Lo importante es que la institución ha sabido responder con la madurez necesaria para hacerse cargo de la situación.

¿Quiere decir que es incompatible?

He dicho lo que he dicho.

¿Qué le parece que el presidente del Gobierno sea interrogado como testigo en un juicio que afecta a la corrupción su partido?

Es el funcionamiento normal de la Administración de Justicia. Había otras opciones, pero la elegida es legítima y estaba motivada.

¿Deben limitarse los aforamientos?

Comprendo que la sociedad avance y que se cambie de opinión, pero tienen un sentido. No supone ningún privilegio porque la ley se va a aplicar por un tribunal, con mayor o menor fortuna y pase lo que pasa. Sí creo que convendría perfilar la regulación de los aforados o limitarlos. Hay que terminar con los cambios durante la tramitación del procedimiento. No tiene sentido que una investigado deje el cargo público y eso motive el cambio del órgano judicial que le investiga.

¿Se usa como subterfugio para ralentizar el juicio?

No me gusta hacer juicios de valor, pero entiendo que la gente pueda pensar eso. Creo que eso genera rechazo y es fácilmente corregible. El Legislador podría eliminarnos, pero hay algunos que están justificados, como en el caso de los jueces y los fiscales, porque sería muy fácil quitárselos de encima presentando una querella.

Se habla mucho de las puertas giratorias en la política y la empresa, ¿pero y en la Justicia?

También las hay. Merecen una reflexión, como el sistema de abstenciones y recusaciones, que debería perfeccionarse para adaptarlo a situaciones nuevas que hoy tienen difícil encaje. También hay que reforzar los servicios de inspección. Tenemos que ser autocríticos. Si queremos ordenar la casa de los demás, tenemos que tener nuestra casa ordenada.

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