El departamento segundo de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha decidido continuar adelante con el procedimiento de reintegro por alcance que mantiene abierto como consecuencia de una serie de presuntas irregularidades en el pago de la indemnización por residencia a un grupo de empleados de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que se encuentran fuera del convenio de la institución. A través de un auto dictado en Madrid el pasado 20 de julio al que ha tenido acceso este periódico, la consejera Margarita Mariscal de Gante emplaza a las partes interesadas -esto es, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, además del propio órgano de gobierno del Puerto- para que comparezcan en autos presentándose en forma ante el tribunal en un plazo de nueve días.

El órgano fiscalizador de la gestión económica de las entidades públicas toma esta decisión tras valorar el resultado del acta de liquidación provisional del asunto emitida el pasado 10 de mayo por la delegada instructora Yolanda Carriedo. En ella se reconocía que en este caso "no se dan los requisitos preceptuados" en la normativa legal aplicable, además de indicar que los hechos analizados "no son susceptibles de generar un presunto alcance contable en los fondos públicos". Aun así, aquel documento hacía hincapié la transitoriedad de la propuesta de archivo y dejaba abierta la puerta a la decisión que ahora ha tomado la consejera del tribunal.

Tras esta acta la Autoridad Portuaria decidió solicitar en junio el archivo de las actuaciones, pero las otras dos partes se manifestaron no conformes con las conclusiones y optaron por continuar adelante con el procedimiento. En su auto, Mariscal de Gante -que antes de acceder al Tribunal de Cuentas fue ministra de Justicia en los primeros gobiernos de José María Aznar y vicepresidenta del Congreso de los Diputados- se suma al análisis realizado por la Abogacía del Estado en su escrito del 15 de junio, en el que afirmaba no poder apreciar de modo "manifiesto e inequívoco" que no hubiera existido responsabilidad contable.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, valoró ayer como "decepcionante" el auto del Tribunal de Cuentas. A su juicio, la consejera Mariscal de Gante se ha apartado "sin ningún argumento de lo que ha opinado la instructora de la misma entidad, que es una funcionaria de carrera". Aclaró también que al llegar al cargo se encontró con una "situación heredada desde hace 20 años" -el pago de este plus se venía realizando desde 1998- y explicó que no podía modificar unilateralmente las condiciones salariales "con los informes jurídicos en contra de la asesoría y de Recursos Humanos".

Ibarra aseguró encontrarse "entre dos frentes sin posibilidad de solventarlo" y se sorprendió porque el Tribunal de Cuentas haya dado continuidad al proceso "sin ningún informe adicional y porque así lo han planteado el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, pero sin aportar ningún dato que no tuviera la instructora". En cualquier caso, recordó que los tribunales de lo social han dado la razón antes a los trabajadores del puerto y subrayó que él no ha percibido "ni un céntimo de ese plus de residencia".

El presente procedimiento se inició en mayo de 2016 a instancias de la delegación en Las Palmas de la Intervención General del Estado, que remitió al Tribunal de Cuentas un informe en el que se señalaba que una treintena de empleados fuera de convenio cobraban de manera irregular una remuneración por residencia, a la vez que proponía medidas correctoras.

A raíz de aquel documento el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria decidió dejar de incluir el controvertido concepto en las nóminas, lo que llevó a los afectados a recurrir su eliminación, primero a través de recursos de reposición ante el propio órgano de gobierno y a continuación a través de los juzgados de lo social de Las Palmas de Gran Canaria, que en marzo de este año les dieron la razón -al menos a uno de ellos- y obligaron al Puerto a volver a incluir la indemnización por residencia en las nóminas.