La llegada del alquiler vacacional está causando graves problemas en la convivencia de las comunidades de vecinos de la zona de Las Canteras, que se quejan de continuos trastornos y escandaleras y reclaman una regularización de esta modalidad de alojamiento para acabar con los conflictos que se están produciendo. Los críticas de los vecinos de la zona turística de la capital grancanaria se suman a las protestas de los hoteleros y las inmobiliarias y reclaman la intervención de las administraciones.
El presidente de la Asociación de Playa Chica y su entorno, Roberto Góiriz, aseguró ayer que la convivencia con los turistas que vienen a través del alquiler vacacional está generando "problemas enormes.
Los conflictos se originan", añade Góiriz, "porque ellos se creen que están en un hotel y no cumplen con las normas de la comunidad. El alquiler vacacional está provocando situaciones terribles en las comunidades. En mi edificio hay tres viviendas de alquiler vacacional, cada una de las cuales tiene capacidad para seis o siete personas".
Góiriz explicó que en su edificio se han producido durante los últimos meses bastantes problemas y en no pocos casos han terminado llamado a la policía a causa de las escandaleras que forman.
La entrada de los turistas en edificios de viviendas para residentes, advierte, "está provocando un cambio en las formas de convivencia. Muchos propietarios de casas o inquilinos que estaban acostumbrados a vivir respetando las normas de la comunidad han visto que de repente han entrado unos intrusos entre comillas que llevan una vida como si estuvieran en un apartamento en el Sur. Ha habido problemas por el ruido, por la música alta, las entradas de madrugada, las puertas abiertas... Algunas comunidades se están planteando pedirle a los dueños de las viviendas vacacionales que paguen una cantidad extra para poder remediar los perjuicios que causan. Yo no estoy en contra de este negocio, pero tiene que regularse. Las administraciones están tardando en actuar para evitar que este problema vaya a más".
Entre los más perjudicados por el boom de los pisos vacacionales están los residentes que viven de alquiler, muchos de los cuales se están viendo obligados a abandonar sus apartamentos, en los que algunos llevan más de 10 años viviendo, porque los dueños los están echando para dedicar las casas al alquiler vacacional, un negocio con el que pueden triplicar, como mínimo, sus ganancias actuales.
El último caso de este tipo se acaba de producir en la calle Cueto, al lado de Las Canteras, pero no es el único. Los inquilinos de un edificio de apartamentos situado en esa calle acaban de recibir un ultimátum de los dueños, que han dado de plazo hasta septiembre para que abandonen las viviendas. Los inquilinos se ven en la calle y además sin la posibilidad de encontrar otro piso en la zona a donde ir porque no hay ni una vivienda disponible para los residentes. Y lo poco que hay se alquila a precios prohibitivos.
Anna Wahnschaffe, dueña de la inmobiliaria Rent Las Palmas y residente en un edificio en el que se han generado problemas con los huéspedes de las viviendas vacacionales, señala que "la gente está empezando a denunciar porque el alquiler vacacional sólo se puede llevar a cabo de determinada manera y en determinados sitios y el 90% no cumple la normativa. El problema es que en Canarias no está efectiva la ley. Cuando hemos querido denunciar que el alquiler vacacional no estaba autorizado por la comunidad del edificio, nos han pedido la dirección y como no está registrado no aparece en ningún lado. Les hemos presentado el anuncio en la plataforma Airnbn y en el Ayuntamiento nos han dicho que vayamos al juzgado".
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, aseguró el pasado lunes que todas las denuncias que recibe Disciplina Urbanística se investigan y que en estos momentos sólo hay dos. Doreste recordó que el Plan General de Ordenación (PGO) obliga a habilitar un acceso separado en los edificios de viviendas para actividades distintas como el turismo vacacional, una normativa, que ante el vacío legal que hay, permite al Ayuntamiento actuar contra las viviendas vacacionales.
