"No se puede mezclar la actividad residencial con la turística. Esta es una cuestión elemental", advierte el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, quien considera que el Gobierno canario está tardando en regular de una vez el alquiler vacacional para acabar con los perjuicios que está causando el descontrol de esta actividad "al municipio y a los ciudadanos". Quevedo es partidario también de fijar una tasa a este tipo de alojamiento, que consume "una cantidad importante de recursos de la ciudad que nadie afronta ni ayuda a sostener".

La proliferación descontrolada de viviendas vacacionales en la capital grancanaria, sobre todo en la zona turística de Las Canteras, está provocando las quejas de los residentes que sufren por un lado, los trastornos de convivir en un mismo edificio con turistas de vacaciones, y por otro, la desaparición de viviendas en alquiler para los residentes, así como la elevación de los precios del arrendamiento. El carácter ilegal del 90% de la oferta, según un informe del Gobierno canario que niega la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, está afectando también a la actividad hotelera, tal y como denunció el pasado lunes la Asociación de Hoteles y Establecimientos Extrahoteleros de la capital, que reclamó la intervención de la administración.

Ante este panorama, Pedro Quevedo asegura que el Ayuntamiento poco puede hacer, porque es al Gobierno autónomo al que le compete la tarea de inspeccionar la actividad y, sobre todo, de regularla. En la línea de lo manifestado por el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, Quevedo afirma que el Ayuntamiento sólo puede intervenir cuando hay denuncias de los vecinos afectados por los ruidos o con el incumplimiento del Plan General de Ordenación, que establece que si en un edificio hay una actividad distinta a la residencial, ambas deben tener accesos diferenciados.

"Los Ayuntamientos actúan cuando los vecinos denuncian, pero quien tiene que controlar la actividad es el Gobierno", sostiene Quevedo. El Cabildo de Gran canaria, por su parte, es el encargado de registrar las viviendas vacacionales. "Antes de que este fenómeno continúe creciendo es necesario que se actúe en todos los planos institucionales, pero para eso es necesario, primero que nada, que el Gobierno canario asuma su responsabilidad y legisle este tema en el Parlamento canario. En septiembre tiene que abordarse este tema con seriedad. Ya hay precedentes en Valencia yen Baleares", dice. Además de evitar la mezcla en el mismo edificio del uso residencial y el turístico, cree que hay que establecer un límite máximo de dos meses al año en el alquiler de la vivienda habitual . "No es posible que alguien te diga que tiene una vivienda habitual y la tenga alquilada todo el año, porque no es verdad. El problema está en que toda esta actividad deteriora profundamente la vida de las ciudades y afecta gravemente a la calidad de vida de los ciudadanos", como las escandaleras y la inexistencia de casas de alquiler para residentes.

A juicio del edil, el Ayuntamiento tiene que encontrar también "un procedimiento de control mínimo de la actividad y, si es necesario, plantear algún tipo de tasa, para que la gente se responsabilice de su vivienda y de la oferta que está haciendo, pero el Gobierno canario tiene que desarrollar sus servicios de inspección y el Cabildo facilitar el registro actualizado para que los ayuntamientos podamos saber si los propietarios tienen la actividad registrada o no". Expresa también su preocupación por los efectos negativos de esta modalidad de alojamiento en la capital como destino turístico. "El turismo de sol y playa, entendido en la peor de sus acepciones como es la juerga permanente, puede provocar efectos adversos en un entorno urbano. No se pueden poner puertas al campo, pero hay que propiciar el turismo familiar, el que está vinculado a la gastronomía y el deporte y el turismo cultural", concluye.