BP Oil España, que ostenta una concesión de dominio público en el Puerto de La Luz para una estación de suministro de combustible y una serie de servicios análogos, ha presentado ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas una solicitud de ampliación del objeto de esta concesión. El objetivo de la petrolera es incluir en él más conceptos para de este modo poder diversificar sus fuentes de ingresos arrendando varias dependencias de su parcela que en la actualidad carecen de uso.
La solicitud, presentada el pasado 31 de julio ante el órgano de gobierno del puerto capitalino, recoge un amplio listado de actividades que la compañía espera añadir a su objeto concesional. En la actualidad este estipula que la parcela ubicada junto a la rotonda de la explanada Tomás Quevedo debe estar dedicada a la "instalación de estación de servicios y actividades complementarias, así como aparcamientos, limpieza de vehículos y actividades complementarias, taller de servicio rápido de pre-ITV y telefonía e internet".
Con la modificación BP espera poder convertir sus oficinas desocupadas en despachos para consignatarios de buques y agencias de aduanas o en sede administrativa de compañías navieras, astilleros y empresas de transporte marítimo o terrestre. También espera acoger actividades de venta de productos náuticos, de mensajería, de correduría de seguros o de artículos de ferretería.
La solicitud de ampliación de concesión demanial de BP también contempla la posibilidad de dedicar estos espacios libres a oficinas bancarias, gabinetes de asesoría legal o empresarial, gabinetes técnicos de ingeniería o arquitectura, mutuas de accidentes, servicios de prevención de riesgos laborales e incluso venta de productos de floristería. Asimismo se solicita permiso para que allí se pueda instalar una empresa de alquiler de vehículos sin conductor o un taller mecánico de reparación de automóviles.
BP alega varios motivos para justificar su propuesta de ampliación del objeto de la concesión. En primer lugar hace referencia a causas constructivas, ya que varias de las edificaciones que hay dentro de la parcela "estaban concebidas para unos usos muy particulares", explica. En el recinto, además de la infraestructura propia de una estación de servicio, hay un inmueble de dos pisos cuya planta superior estuvo dedicada anteriormente a oficinas y un local anexo al edificio de la estación "que tampoco es necesario", indica la empresa en su solicitud. Esas construcciones estaban pensadas para una serie de "usos muy particulares que el anterior concesionario tenía", continúa. La petrolera de origen británico ostenta su titularidad desde 2015.
También hace referencia en su solicitud a los cambios en la estructura de costes. En este apartado menciona el descenso en el tráfico de mercancías portuarias desde hace una década, cuando arrancó la crisis. "La estación de combustible tiene una clara dependencia de las ventas a transportistas", expone, por lo que se solicita que sea tenida en cuenta "la bajada en terminales de carga dependientes de la Autoridad Portuaria", que cuantifica en 1.432.288 TEU de 2007 frente a 916.604 de 2016.
La petrolera señala también a la incorporación de nuevos operadores que han instalado sus estaciones de servicio en las inmediaciones como otra de las causas que justifican su instancia. Además se refiere a un incremento de costes ocasionado por la reversión de la planta alta del edificio de la gasolinera, que a su juicio "agrava ostensiblemente la situación".
"La única forma de dar viabilidad a las instalaciones", concluye la petrolera, "consiste en optimizar ingresos mediante la ocupación por terceros de las zonas ociosas a la actividad principal".
Estas áreas inutilizadas son, en concreto, un local en la planta baja adyacente al lugar de cobro de la gasolinera, otro en la planta alta destinado a oficina administrativa y un tercero localizado en un extremo de la concesión que está destinado a talleres. La cesión de estos espacios, aclara BP, sería "en régimen de cesión parcial, mediante contratos de arrendamiento que una vez negociados se someterían a autorización previa" de la Autoridad Portuaria.
La solicitud fue publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la provincia. Aquellos que se consideren afectados tienen hasta el 25 de septiembre para presentar sus alegaciones.
