La MetroGuagua no necesita una evaluación de impacto ambiental. Según un informe de la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, el nuevo sistema de transporte público "no afecta a los espacios protegidos integrados dentro de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o la Red Natura 2000, así como de otras áreas protegidas por instrumentos internacionales". Un hecho por el que el escrito, que fue remitido a Guaguas Municipales el 14 de noviembre de 2016, concluye que al proyecto local "no le es aplicable la legislación vigente" en materia de este tipo de estudios, en contraposición a lo que han demandado varios colectivos vecinales y políticos en las últimas semanas.

Fue el pasado mes de agosto cuando distintas agrupaciones comenzaron a movilizarse para intentar bloquear la implantación de la MetroGuagua que, en previsiones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, comenzará a funcionar en 2021. La falta de entrega de información solicitada acerca del proyecto ha sido la principal denuncia de colectivos como El sol sale para todos que, por ello, ha decidido emprender acciones legales contra el Gobierno local. Asimismo, los colectivos entre los que también se encuentran Defensa de Ciudad Jardín y Alcaraván, tienen intención de acudir a los tribunales ante la ausencia de un estudio de impacto ambiental del que esgrimen su obligatoriedad. No obstante, según el documento al que ha tenido acceso este periódico deja claro que sistema de Bus Rapid Transit (BRT) no entra en la categoría de proyectos que han de someterse a este tipo de evaluación.

Entre los motivos que arguye el informe de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad insular, se encuentra el hecho de que la MetroGuagua "se apoya en el viario existente en la ciudad" cuyo recorrido se desarrolla "en una plataforma- calzada reservada exclusivamente a guaguas articuladas de gran capacidad". En el documento, también se puede leer que se ha comprobado que la futura línea no afecta a ninguna de las citadas redes de espacios naturales protegidos "ni a áreas de distribución de especies protegidas", así como tampoco incumple la Ley 42/2007 del 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En el escrito también se explica que tan solo serán objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria iniciativas que estén recogidas en los artículos 7.1. y 7.2. de la Ley 21/2013. Ejemplo de algunas de ellas son instalaciones destinadas a la cría de animales, explotaciones a cielo abierto de yacimiento minerales y demás recursos geológicos, explotaciones visibles desde autopistas, autovías o carreteras nacionales y comarcales en espacios naturales protegidos; refinerías de petróleo, centrales térmicas, instalaciones para el sacrificio de animales, o dragados fluviales, entre otras muchas que contempla la normativa.

"Teniendo en cuenta la información aportada sobre el proyecto se considera que no hay correspondencia entre las características de este, tal y como están descritas, y los tipos de proyectos a los que se le aplican alguno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental" previsto en las leyes. Una afirmación que señala en su punto cuarto el informe, antes de concluir que al sistema de transporte público rápido promovido por Guaguas Municipales "no le es de aplicación la legislación vigente en materia de evaluación de impacto ambiental".

De este modo, la construcción de la MetroGuagua arrancó el pasado mes de julio con el inicio de las obras en Pío XII. Este es tan solo uno de los ocho tramos que tendrá la línea que unirá Hoya de la Plata y la plaza de Manuel Becerra a lo largo de 11,7 kilómetros. Un recorrido en el que contará cada 500 metros con una veintena de paradas, 12 de las cuales están previstas para realizar transbordos hacia el resto de las líneas de Guaguas Municipales. El nuevo transporte también gozará de prioridad semafórica. Su puesta en marcha ha supuesto una inversión de 100,4 millones de euros que correrán en su mitad a cargo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Consistorio, así como de las administraciones estatal, insular y regional.