Cataluña se cuela en el año judicial

Doreste, ante una sala de con menos público que otros años, animó a ejercer el "constitucionalismo" como opción política, sin consignas partidistas ni gubernamentales, sino en defensa de la "soberanía del pueblo español" como "pilar básico" del orden constitucional, porque "estamos ante la mayor crisis política" desde el "intento de golpe de Estado" protagonizado por el coronel Tejero en 1981, añadió la máxima autoridad judicial isleña. También celebró la "reacción firme" de todas las asociaciones judiciales al emitir un comunicado en contra del referéndum, cuya celebración está convocada para octubre. El magistrado rechaza que su postura sea conservadora porque hay mecanismo para cambiar la Constitución sin llegar a esta situación de "rebeldía" contra el sistema.

Las cuestión catalana fue, en esencia, la única concesión política que se permitió Doreste en su intervención ante la Sala de Gobierno del TSJC y las autoridades militares, religiosas y civiles, con la ausencia del presidente de la Comunidad Autónoma, que fue sustituido para la ocasión por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Rodríguez. Asistieron la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias; la delegada del Gobierno en el Archipiélago, Mercedes Roldós; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, entre otras personalidades, como el magistrado del Tribunal Supremo José Suay Rincón y el Diputado del Común Jerónimo Saavedra.

Doreste no se pronunció sobre los dos expedientes que el magistrado Salvador Alba tiene abiertos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): uno por una supuesta conspiración para perjudicar a su colega Victoria Rosell, y otro por grabar a sus compañeros en la Audiencia de Las Palmas. Tampoco entró en la parte penal de esos hechos porque siguen en fase de instrucción, ni en los retrasos de los casos Eólico y Faycan, este último con Alba de ponente.

Doreste considera que ese enfrentamiento entre jueces es puntual y no resta credibilidad a la labor judicial. Lo mismo piensa Garrido, pues esa "sensación de desconfianza" que pueden tener los ciudadanos es una "percepción equivocada de la realidad del trabajo diario de jueces y fiscales". El fiscal jefe, eso sí, reclama "celeridad" para cerrar lo antes posible la investigación a Alba y para celebrar los juicios por corrupción política que están pendientes.

El presidente del TSJC agradeció a la tres administraciones con competencia en Justicia que la plantilla de funcionarios esté cubierta con 1.249 efectivos, incluso que existan otros 173 de refuerzo, pero se mostró partidario de mejorar el sistema de interinos y, sobre todo, demandó a la Comunidad Autónoma un "consenso" en los próximos meses para que Santa Cruz de Tenerife tenga una Ciudad de la Justicia como la que estrenó Las Palmas de Gran Canaria en la legislatura pasada. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, que estaba entre los asistentes, espera llegar a un acuerdo con los operadores jurídicos sobre la ubicación del edificio.

Doreste anunció que es necesaria otra sede judicial para Puerto del Rosario, en Fuerteventura, así como más juzgados para combatir los retrasos en la tramitación de los pleitos, que se ven condicionados por el "reverso garantista" del propio sistema. Se esperan, en esa línea, cinco juzgados y más magistrados en los órganos colegiados.

Y es que la estadística revela mejoras en el servicio, con más asuntos resueltos anualmente de los que entran, pero esa eficacia es "insuficiente" porque hay "bolsas de ineficacia" en algunos juzgados y existen "notables dilaciones" en la ejecución de las sentencias, explica Doreste. La estadística, en ese sentido, no mide el grado de satisfacción del ciudadano.

Con todo, según los números facilitados por la Secretaría de Gobierno del TSJC, las cifras de ingreso y resolución disminuyeron un 20 %, con una tasa de asuntos pendientes un 6,2 % menor (6.708 casos). Por jurisdicciones, en Civil bajaron los procedimientos ingresados un 5,5 %, los resueltos un 3,9 % y se mantuvo una pendencia similar a 2015. En Penal, la reducción fue de un 26,1 % tanto en asuntos ingresados como en los resueltos, y la pendencia bajó un 13,9 %. En lo Contencioso Administrativo, los ingresos se redujeron un 15,7 %, las resoluciones en un 13,5 % y la tasa de pendencia un 16,9 %. En lo Social, la disminución fue del 1,5 % en los procedimientos ingresados y de un 10,4 % en los resueltos, mientras que la pendencia bajó un 3,1 %. En palabras de Doreste, la tasa de resolución en 2016 es de 1,2 asuntos resueltos por cada 1 nuevo que llega al juzgado. Eso indica que los jueces isleños sacan más tarea de la que ingresan los juzgados.

Datos similares expuso Garrido en el orden penal, con 188.707 procedimientos incoados, 59.420 menos que en 2015, lo que representa una disminución del 23,94 %.

Las cifras, sin embargo, son las primeras que se recogen tras la reforma penal de 2015, por lo que no ofrecen un reflejo fiel de la evolución de la criminalidad en términos absolutos. Esos descensos pueden estar condicionados por la supresión de las faltas y la correlativa creación de los delitos leves; la no remisión a los juzgados de los atestados en los casos con autor desconocido, que ahora se los queda la policía, y la introducción de límites temporales para la instrucción de las causas.

Garrido, tras elogiar el trabajo de Guillermo García-Panasco en la Fiscalía de Las Palmas y su ascenso a la Fiscalía General del Estado, criticó el "peloteo estéril" en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, con 83.724 diligencias previas incoadas y 30.713 inhibidas o acumuladas (32,26%), frente a las 47.783 de Santa Cruz de Tenerife, con sólo 10.138 inhibidas o acumuladas (15.15%). Una "aparente litigiosidad que podría solucionarse con meras comunicaciones gubernativas" y que lastran los efectos de las reformas procesales por la "burocratización" del trabajo en los órganos judiciales de la capital grancanaria, sostiene el fiscal.