Una trama integrada por 23 acusados han aceptado penas que oscilan entre los tres meses de cárcel y multa de 540 euros por amañar bodas para traer cubanos a Canarias de manera ilegal.

De esos 23 procesados, al menos uno ha rechazado el acuerdo entre la Fiscalía y las defensas, al tiempo que los dos principales acusados están en busca y captura porque no se han presentado al juicio celebrado ayer en la Audiencia de Las Palmas.

Las defensas han logrado una rebaja importante de las penas inicialmente solicitadas para los acusados. Como ejemplo destacan los 11 años de cárcel a los que se enfrentan Vilma G. D. y su entonces pareja Eduardo N. G. Ninguno de los dos ha acudido al juicio y, por ese motivo, han sido declarados en busca y captura, con la circunstancia de que Vilma G. D. es abogada y estaba colegiada cuando supuestamente ideó las falsificaciones de los contratos para traer a sus compatriotas. El otro cubano que rechazó expresamente el acuerdo y ha optado por defender su inocencia ante el tribunal.

La vista se celebró en la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas y, gracias al cuerdo entre la Fiscalía y las defensas, las partes se han ahorrado casi dos semanas de juicio, dada la gran cantidad de acusados por su participación en los distintos niveles de la trama.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Extranjería de Las Palmas, Vilma G. D. y Eduardo N. G. afrontan una pena de 11 años de prisión por delitos de falsificación de documentos y contra el derecho de los extranjeros. Para otros 17 acusados se pedían tres años y once meses de prisión, así como entre siete años y quince meses para el resto. Estos dos últimos grupos son los se han beneficiado de la rebaja de la pena tras admitir su culpabilidad.

Vilma G. D. y Eduardo N. G. crearon un sistema de matrimonios "espurios" para ganar dinero entre 2008 y 2010. El método consistía en presentar documentación falsa en la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas, mediante los modelos de reagrupación familiar para traer a cubanos a España, incumpliendo la normativa de tránsito extranjero y poniendo en peligro el flujo migratorio del territorio nacional, concluye la Fiscalía de Las Palmas.

Así lograron la colaboración del resto de acusados, que se prestaron a contraer matrimonio a cambio de dinero, llegando a casarse hasta dos veces. Otros se ocupaban de falsear documentos para propiciar reagrupaciones familiares fraudulentas.