Las grandes empresas de ingeniería han rechazado la decisión del Ayuntamiento de la capital grancanaria de recurrir al procedimiento de la subasta pura y dura -en el que sólo se valora el precio más barato-, para contratar, en contra de lo que dicta la recientemente aprobada ley estatal de contratos, el proyecto que contempla el ensanche de la plataforma de la Avenida Marítima con el fin de ganarle 14.000 meros cuadrados al mar para dejar hueco al carril de la MetroGuagua, un paso subterráneo que permita al Bus Rapid Transit (BRT) cruzar la avenida por debajo y el diseño del tramo entre el Teatro Pérez Galdós y la altura del cementerio de Las Palmas. El diseño de uno de los tramos más importantes, por su alto coste, que contempla la implantación del nuevo sistema de transporte de alta capacidad se adjudicará de esta forma a la empresa que presente la oferta más barata, ya que la subasta, erradicada hace tiempo en la Unión Europea para los trabajos intelectuales, no tiene en cuenta los aspectos técnicos y de calidad del proyecto.

La empresa municipal Geursa ha optado por el procedimiento de la subasta poco después de que el Congreso de los Diputados aprobara en julio pasado la nueva Ley de Contratación del Sector Público, ratificada el pasado 27 de septiembre por el Senado, en la que se elimina esta fórmula de contratación para la redacción de proyectos, tal y como establece la normativa europea. La decisión del gobierno Tripartito ha sido duramente criticada por el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), que agrupa a las once principales ingenierías españolas. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, defiende la "legalidad" de la subasta. De los tres proyectos que acaba de sacar a concurso Geursa, el del ensanche de la Avenida Marítima, publicado el 16 de agosto, para ganar 15.000 metros cuadrados en un tramo de un kilómetro, fija un precio máximo de 662.745,84 euros para la redacción del proyecto y establece que la ejecución de la obra, que saldrá a concurso en otra fase, no podrá superar los 22,09 millones.

Fernando Argüello, director general de Fidex, criticó la decisión adoptada por el gobierno Tripartito, cuando está a punto de entrar en vigor la nueva ley que acaba con estas subastas. Según Argüello la utilización de las subastas en los trabajos intelectuales favorece que los diseños de los proyectos sean incompletos porque lo único que se prima es la oferta con el precio más barato y no se tiene en cuenta la calidad intelectual. "Este sistema", recordó, "desaparece en cuanto entre en vigor la nueva ley. Hoy por hoy es legal, pero es moralmente inaceptable porque ya hay una ley aprobada que la prohibe y que sólo está pendiente de que entre en vigor" de un momento a otro. Resaltó que sólo Aena y la Comunidad de Madrid, además de otras pocas administraciones, "recurren hoy en día a la subasta. Nos ha llamado la atención que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya recurrido a la subasta porque no es un procedimiento que utilice normalmente en los servicios y proyectos".

El ingeniero recordó que "España es, desde hace muchos años y en contra de las recomendaciones de la Unión Europea, el único país que contrata servicios intelectuales por precio. Nadie pondría su corazón o sus pulmones en manos del cirujano más barato, ¿por qué ponemos nuestras obras públicas en manos del cirujano más barato, no el mejor", se preguntó Argüello, quien añadió que "las obras públicas ponen en riesgo muchas vidas, aparte de mucho dinero". A su juicio, el "problema fundamental de contratar la ingeniería al más barato radica en que los proyectos salen incompletos y a la hora de hacer las obras aparecen los problemas de falta de definición, de cosas imprevistas, que dan lugar a los famosos modificados, que están a la orden del día en España, algo que es bastante sintomático". Recordó que la nueva ley de contratos lo que viene a hacer es recoger íntegramente las exigencias de la directiva europea de contratación de 2014 y "esas exigencias prohiben expresamente contratar por subasta los servicios de ingeniería, los proyectos. Las ejecución de las obras sí se pueden hacer mediante subasta, los trabajos de carácter intelectual no".

Argüello cree que el Ayuntamiento capitalino "se ha dado prisa y ha sacado el concurso por subasta, antes de que entre en vigor la ley, para ahorrarse dinero a corto plazo, porque los estudios de la Asociación Europea de Empresas e Ingeniería (Efca) y Fidex demuestran que ahorrarse un 30% mediante una subasta supone por lo general modificados de obras que importan veinte veces más que lo que se ha ahorrado. El proyecto supone normalmente el 6% del precio de la obra. En España es el 3% y esos tres puntos que se ahorran suponen luego un incremento entre el 20% y el 40% en el coste de la obra. La nueva ley no sólo prohibe la subasta sino que establece que la valoración de los aspectos técnicos y de calidad tienen que pesar como mínimo el 51%, frente al precio".

El edil José Eduardo Ramírez, por su parte, indicó que su departamento realizó una encomienda de gestión a Geursa para que licitara el proyecto, y ha optado por la subasta "basándose en criterios eminentemente técnicos. No tiene nada que ver que se esté cambiando alguna ley, sino con la programación de Guaguas. Geursa", añadió, "cumple escrupulosamente la ley y es el único proyecto de la MetroGuagua que no tiene criterios subjetivos, porque se ha hecho siguiendo la Ley de Carreteras, que rige ese tramo. Si la ley está cambiando ahora es una pura causalidad de la que me estoy enterando y en Geursa son técnicos, no políticos y me dicen que ese proyecto no hay otra manera de hacerlo con la ley en vigor".