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La patronal denuncia el bloqueo de 25 millones por el colapso de las licencias

Los constructores advierten de que la parálisis de tres promociones de casas hace peligrar 300 empleos

La patronal denuncia el bloqueo de 25 millones por el colapso de las licencias

La patronal de la construcción ha denunciado el bloqueo de una inversión de más de 25 millones de euros porque el colapso que sufre el área de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital grancanaria impide iniciar las obras de tres promociones de viviendas. Una de estas actuaciones espera por el visto bueno para arrancar desde enero pasado y las otras dos desde febrero y mayo pasados, debido al atasco por la falta de personal en el departamento que est udia y da el visto bueno a las licencias.

La presidenta de la Asociación de Empresarios, Promotores y Constructores (AECP) de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, ha expresado su tremendo malestar por el empantanamiento que sufre la concesión de las licencias y anunció que los servicios jurídicos del colectivo están estudiando iniciar acciones para sortear el bloqueo de los permisos, que en el caso concreto de las tres promociones de viviendas en palanca, "está poniendo en peligro más de 300 puestos de trabajo".

Una de las acciones que se está estudiando, explicó, es aplicar el silencio administrativo como sinónimo de permiso para iniciar la obra, algo que contempla la ordenanza, siempre y cuando se cumpla con la normativa urbanística. La segunda alternativa que están estudiando es pedir a una administración superior que se subrogue las competencias del Ayuntamiento, "ante la inactividad, por no decir ineptitud, del gobierno municipal".

Gil considera inaceptable que se esté tardando casi un año en conceder una licencia de construcción y aclaró que las tres promociones de viviendas, con las que estudian empezar a aplicar el silencio administrativo son sólo una pequeña parte de las obras que están paralizadas. "Están mirando ahora los expedientes que se presentaron en noviembre del año pasado, casi un año. Creo que hemos tenido una paciencia tremenda. En enero pasado nos dijeron que se iba a contratar a tres técnicos, pero la situación sigue igual o peor. No se pueden poner en peligro cientos de puestos de trabajo con esta pasividad tan grande. Están incumpliendo su propia ordenanza, que les obliga a resolver en tres meses", señaló Gil, quien consideró que lo que no es de recibo es que la reactivación de la construcción, después de haber estado varios años con el encefalograma plano, no se puede obstaculizar ahora por un problema de falta de personal que no se soluciona.

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, anunció en mayo pasado su intención de contratar a tres técnicos para reducir a tres meses el tiempo de espera por las licencias, pero la incorporación de los arquitectos está pendiente, cinco meses después, de Recursos Humanos.

La presidenta de los constructores aseguró que está harta de excusas y criticó la incapacidad del alcalde Augusto Hidalgo para resolver los problemas de sus administrados. "El alcalde se presentó a las elecciones para solucionar los problemas de sus ciudadanos y lo que tiene que hacer es resolverlos. A mí, como administrada, los problemas que tenga el Ayuntamiento para cumplir con su obligación no me interesan. Hemos sido más o menos comprensivos durante un año y creo que ya hemos esperado el tiempo suficiente". Gil aseguró desconocer el número de obras que están pendientes de la licencia, pero aseguró que son muchísimas, si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento espera duplicar este año la recaudación registrada en 2016, que ascendió a 2,5 millones de euros.

Certificación

Así las cosas, la AECP va a recomendar a todas sus empresas que "empiecen a pedir al Ayuntamiento la certificación de acto presunto. Esto significa que el Ayuntamiento tendrá que decirles si efectivamente es positivo o negativo para dar por otorgadas las licencias".

Gil aclaró que el silencio administrativo "puede ser positivo o no en función de una cuestión fundamental, que es que el proyecto cumpla con el planeamiento municipal. Yo entiendo que los arquitectos, cuando hacen sus proyectos, los hacen en función de lo que establecen las fichas urbanísticas y, por tanto, que el proyecto cumple con el plan municipal".

La propia ordenanza, indicó Gil, establece que la administración tiene tres meses y que "el silencio administrativo es estimatorio en el caso de que no se incumpla la normativa urbanística. Pedimos una certificación de acto presunto y el Ayuntamiento nos tiene que contestar y nos tiene que decir si el silencio es positivo o negativo. Y consigo, en principio, que el Ayuntamiento saque el expediente del cajón y nos conteste. Además de esa vía, estamos pensando en recurrir a otras administraciones superiores si el Ayuntamiento no tiene capacidad para resolver sus problemas, porque eso también lo prevé la norma".

Los constructores y el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria llevan más de un año denunciando el retraso en la concesión de licencias y han planteado la necesidad de incorporar a más personal al área de Urbanismo para desatascar los permisos.

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