La Audiencia de Las Palmas, tras dos suspensiones durante este último año, dejó ayer visto para sentencia el juicio contra el exgerente de Sagulpa Carlos Santana y una empleada. Ambos permitieron entre 2007 y 2011 la retirada de coches del potrero municipal sin pagar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la tasa derivada de la grúa. Santana, la acusada María del Carmen S. B. y varios trabajadores coinciden en señalar que era "práctica habitual" perdonar a la Policía Local el cobro del tributo establecido (66 euros) para sacar del depósito los vehículos privados de los agentes previamente retirados de la vía pública por algún tipo de infracción de tráfico.

Santana se ha negado a contestar las preguntas de la Fiscalía y de la acusación que ejerce Sagulpa, pero ante su abogada sí ha rechazado los delitos que le atribuye el ministerio público. El exgerente se enfrenta a cinco años de cárcel por malversación de caudales públicos y prevaricación. Entre 2007 y 2011, según la Fiscalía, autorizó verbalmente la salida de una veintena de coches sin cobrar la tasa municipal, incluido uno de su propiedad que fue multado por dejarlo en un vado de farmacia y retirado luego del potrero por su hijo. Ese incidente motivó el despido de Santana y la apertura de la investigación penal.

Santana sostiene que no estaba conforme con hacer la vista gorda ante los agentes sancionados, pero se encontró con una práctica generalizada del anterior gerente, que comenzó en 1999 y que optó por seguirla porque el servicio se financia por "los coches levantados" por la Policía Local.

El exgerente asegura que los propios policías se presentaban en el potrero y pedían sacar el coche gratis, sin que él supiera en ese momento de quienes se trataba. Luego autorizaba la salida y, para cuadrar la caja con la oficina central, camuflaba ese gasto como un servicio de limpieza inexistente. Esas facturas o recibidos internos los hacía la otra acusada, que era jefa de área y siempre actuaba por orden de Santana.

El exgerente no sólo se escuda en esa "práctica habitual" para pedir su absolución. También acusa al consejero delegado de Sagulpa y al concejal Jesús Umpiérrez de "montar mucho ruido" para despedirle sin pagar la indemnización, pues crearon la figura del consejero delegado ante su rechazo a negociar su salida de la empresa. En ese momento fue cuando se detectó la retirada del coche del gerente sin pagar la tasa y lo despidieron. Umpiérrez, que declaró como testigo, admite la negociación para rescindir el contrato, la cual no prosperó por la existencia de una cláusula muy elevada. Luego se le echó por pérdida de confianza al surgir el incidente del coche.

Santana asegura que tenía una tarjeta municipal para usar el vehículo y que ese día había cogido el coche para ver unos terrenos, pero lo dejó mal aparcado en la farmacia y se "despistó" al encontrarse con un amigo y tomarse unas copas.

La fiscal, en cambio, rechaza ese explicación por dos motivos: la denuncia especifica que el coche era usado de forma particular y la tarjeta sólo da derecho a aparcar en los recintos de Sagulpa.

Tampoco exime de responsabilidad penal que la exención a la Policía Local sea una práctica generalizada. La ordenanza municipal limita los casos en los que se puede sacar, por motivos sociales, el coche del potrero sin pagar y en ninguno de ellos figuran los agentes.

Ángel Sabroso, que sustituyó a Umpiérrez como responsable de Sagulpa y también ha declarado como testigo, autorizó, en ese sentido, la retirada del coche de la mujer de un agente que fue herido de un disparo. Recientemente también se autorizó la salida sin pagar de un Rey Mago que había participado en la Cabalgata de la ciudad.

La fiscal, además, destaca que el administrador de Sagulpa se había negado a firmar esos recibos porque sabía que eran irregulares, tal y como reconoció el testigo en el juicio. Esa práctica de liberar a los agentes del pago de la tasa ha sido erradicada. El daño causado a las arcas públicas por esos 20 casos entre 2007 y 2011 es de 1.588 euros.