Empresarios del Puerto, Santa Catalina y Triana han expresado su rechazo a la nueva ordenanza de terrazas que acaba de aprobar la junta de gobierno municipal y también a la posibilidad de que se recupere el cobro de la tasa por ocupar el suelo público, que está suspendida desde 2010. Una decena de hosteleros del Puerto se reunieron ayer con representantes del Partido Popular, Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria, a los que expresaron su preocupación por las consecuencias negativas que la prohibición de la música en directo y la retransmisión de partidos de fútbol puede tener para sus negocios. Criticaron también que el gobierno Tripartito no haya contado con ellos para hacer la nueva ordenanza, que tras su aprobación por la junta de gobierno, pasará por comisión de pleno y saldrá a información pública, antes de su aprobación definitiva. Anunciaron que sus servicios jurídicos estudiarán la nueva norma para presentar alegaciones.
Félix Miranda, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina se mostró contrario al nuevo reglamento y destacó la "incertidumbre que ha generado, sobre todo para aquellos que han hecho una inversión reciente y que se encuentran con una nueva normativa que les obliga a renovar la autorización de las terrazas cada dos años, frente a lo que ocurre ahora, que es indefinida. Lo peor", resaltó, "es que se ha hecho esto sin contar con los empresarios".
El empresario Iván Ortega, del bodegón Fataga, consideró "inaudito que el Ayuntamiento no haya tenido en cuenta al tejido empresarial para redactar la ordenanza. Tenemos que dar un golpe sobre la mesa y decir que ya basta, porque somos un sector que genera empleo". Otros empresarios valoraron la suspensión de la tasa como "una de las mejores iniciativas que se han tomado en esta ciudad" y criticaron que "la prohibición de la música va a convertir a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad fantasma. En esta zona somos nosotros los que tenemos que generar las actividades para que la gente venga. Si no nos dejan poner música ni fútbol, no se cómo lo vamos a hacer". Añadieron que "no se puede tratar a todos por el mismo rasero. No podemos sufrir nosotros las consecuencias porque existan calles como Ruiz de Alda o algunas de Triana por las que no se puede andar".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de la zona comercial de Triana, Carlos Bethencourt, se sumó a las críticas, pero más que por el contenido de la nueva norma, porque "no se ha contado con el sector. Creemos que debe adecuarse el uso del espacio público y aceptamos que se pueda regular el tema de la música en vivo, pero una ordenanza de este tipo requiere ser consensuada con el sector, porque el comercio es una actividad transversal que afecta al turismo, la gastronomía y el alojamiento. Cualquier actuación sobre el comercio requiere un amplio consenso. Nos quieren aplicar una especie de artículo 155, sin derecho a réplica. Triana es una zona viva gracias a las terrazas y difícilmente puede haber derecho al descanso cuando no hay empleo". Bethencourt rechazó también las críticas de los vecinos por el ruido de las terrazas y la invasión de las zonas peatonales. "Estoy sorprendido porque no hemos recibido ninguna denuncia de la Policía Local. Triana se ha revalorizado y está más viva que nunca. Si existen vecinos con quejas, estamos dispuestos a resolver el problema, sostuvo.
Por otra parte, el concejal del PP, Ángel Sabroso, consideró que la nueva ordenanza "nace mal y de espaldas a todo el mundo" y añadió que es innecesaria una nueva normativa. "Es evidente que hay varias zonas de la ciudad donde las terrazas se han descontrolado y hay mayores problemas de convivencia entre terrazas y vecinos, donde casi no se puede pasear o donde la música y los ruidos son constantes. Ese descontrol no se debe a la ausencia de normativa sino a la falta de capacidad para hacer cumplir las normas". Tanto Sabroso como Beatriz Correas, de Ciudadanos, consideraron que ha sido esa "incapacidad de gestión" la que ha provocado que surjan movimientos "antiterrazas". A juicio de Ángeles Batista, de UxGC, el concejal de Urbanismo Javier Doreste "quiere destruir el trabajo y prosperidad en nuestra tierra". Yeray Castellano, de Coalición Canaria, planteó la necesidad de que se mantenga la música en vivo y el fútbol para atraer al público.
Más de 1.465 personas habían apoyado anoche una petición, a través de la plataforma Change.org, para que las terrazas puedan seguir ofreciendo conciertos en vivo. La iniciativa ha sido impulsada por la música Xerach Peñate.
