El Juzgado de Instrucción número seis de Las Palmas ha archivado la denuncia que presentó un exdirectivo de Saur Internacional por la fallida compra de una nave en Los Tarahales, por parte de Sercanarias, empresa que pertenece a los socios privados de Emalsa, Saur y Valoriza. La supuesta operación de compraventa la llevó a cabo Sercanarias con Seguridad Integral Canaria, dueña de la nave, ubicada en la calle Alfred Nobel, por la que se firmó una opción de compra en abril de 2010, por valor de 2,814 millones, con el compromiso de satisfacer la cantidad completa (5,3 millones) nueve meses después. La nave, que iba a ser la sede de Sercanarias, nunca fue adquirida. Según el programa de radio El Espejo Canario, el juez no ve indicios de fraude en la operación, por parte de Emalsa, una información que fue confirmada a este periódico por un portavoz de la empresa mixta del agua, que eludió facilitar más datos.

El expresidente de Saur Internacional, Joël Seché, denunció en marzo de 2012 ante los tribunales franceses a dos directivos de Sercanarias, José Luis Rubio y Pablo Abril Martorell, que son a su vez consejeros de Emalsa en representación de Saur y Sacyr-Valoriza, respectivamente. Ambas empresas controlan el 66% de las acciones de Emalsa. Seché acusó a ambos directivos de cometer un fraude con la opción de compra de la nave, adquisición que nunca se materializó y que a su juicio era "lesiva" para los intereses de Saur y una artimaña para "desviar fondos". Según manifestó el abogado del exdirectivo francés, Pierre Versini-Campinchi, "nunca hubo intención de comprar el edificio" y prueba de ello, añadió, es que Sercanarias nunca materializó la adquisición, pese a que el contrato penalizaba a Sercanarias por cada año que se retrasara en pagar el 50% restante.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número seis mantiene abierto el proceso penal en el que están imputados desde finales de 2014 un total de 15 consejeros, directivos y técnicos relacionados con Emalsa, por un presunto fraude societario. Esta investigación se inició tras una denuncia de la fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, que detectó irregularidades en las subcontrataciones que Emalsa realizó con la empresa de los socios privados, Sercanarias, a raíz de la denuncia presentada por el exalcalde Juan José Cardona. El proceso, al que se han añadido otras denuncias, estaba pendiente de la conclusión del dictamen pericial, ya entregado.