La fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, y el titular del Juzgado de Instrucción número seis de Las Palmas, Luis Galván, negaron ayer el archivo de una supuesta denuncia presentada por un antiguo director de Saur Internacional, Joël Sèche, contra la opción de compra por parte de Sercanarias de una nave en Los Tarahales, propiedad de Seguridad Integral Canarias. Este periódico se hizo eco del supuesto archivo de la causa anunciado en el programa de radio El espejo canario, después de obtener la confirmación, que luego se ha revelado falsa, por parte de un portavoz de la empresa mixta del agua Emalsa.

Y es que tanto Ríos como Galván aclararon ayer que dicha causa nunca se inició porque el expresidente de Saur Internacional no denunció en los juzgados de Las Palmas el supuesto fraude societario. Por su parte, un portavoz de Saur aseguró ayer que lo que sí se ha archivado es la denuncia que presentó Sèche en la Corte de Justicia de Versalles (Francia).

Tal y como informó este periódico en su día, el expresidente de Saur Internacional, Joël Sèche, denunció en marzo de 2012 ante la corte de Justicia de Versalles a dos directivos de Sercanarias, José Luis Rubio y Pablo Abril Martorell, que son a su vez consejeros de Emalsa en representación de Saur y Valoriza, respectivamente, al considerar que la opción de compra de una nave, que nunca se materializó, era lesiva para la compañía. Saur y Valoriza son los dueños de Sercanarias y también los accionistas mayoritarios de la empresa mixta Emalsa, ya que controlan el 66% de la compañía, mientras que el Ayuntamiento tiene el 44% restante.

Aunque nunca los nombró en la denuncia, Sèche acusó a ambos directivos, los únicos con responsabilidad para realizar tal operación, de cometer un fraude, lesivo para los intereses de Saur, con la opción de compra de una nave en la calle Alfred Nobel, por la que Sercanarias pagó a Seguridad Integral Canaria en abril de 2010 un total de 2,814 millones, con el compromiso de abonar la cantidad restante (el edificio se valoró en 5,3 millones de euros) nueve meses después. Sin embargo, la nave nunca fue comprada, pese a que el contrato de opción de compra contemplaba una penalización por cada año que se retrasara en pagar el 50% restante del precio de la nave. Según el abogado de Sèche, la operación fue una artimaña para "desviar fondos".

La filial

La denuncia por la operación de supuesta compra por parte de Sercanarias, la filial de los socios privados de Emalsa, salpicó a la empresa del agua, al aparecer una anotación de una transferencia de 1,316 millones que Emalsa giró a Sercanarias para pagar la mitad de la opción de compra del inmueble de Seguridad Integral. Emalsa diría luego, por boca de su entonces presidente y alcalde Juan José Cardona, que la transferencia fue un "anticipo" de la compañía mixta a cuenta de obras que realizaría Sercanarias.

En estos momentos el Juzgado de Instrucción número seis tiene abierta una causa penal en la que están imputados 15 ejecutivos relacionados con Emalsa, a raíz de la denuncia por un presunto delito societario que presentó la Fiscalía de Delitos Económicos, después de la investigación que realizó a causa de la documentación presentada por el exalcalde Juan José Cardona. La Fiscal consideró que los contratos con Sercanarias son lesivos para Emalsa.