La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, se comprometió ayer en el Congreso a convocar a todas las instituciones implicadas para crear durante el presente mes de noviembre la comisión que deberá tratar de buscar una nueva ubicación a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria y dar cumplimiento así a las resoluciones parlamentarias aprobadas en este sentido con anterioridad. La ministra aseguró que su intención inicial era crear un grupo de trabajo para gestionar el traslado de las instalaciones militares cuando el ministerio ya tuviera una alternativa real para la nueva ubicación, considerando que los ciudadanos y la opinión pública de la capital grancanaria podrían crearse "falsas expectativas" de solución al problemas ya que ahora mismo "es muy difícil" encontrar en la Isla un espacio adecuado y propicio a las necesidades operativas de una unidad de la Armada tan importante como esta.

Ante la reclamación del diputado de NC, Pedro Quevedo, que ayer interpeló a la ministra en el pleno de la cámara para tratar de buscar una solución definitiva tras 77 años de ocupación militar de los terrenos, Cospedal se avino a dar el paso y crear en 15 día dicha comisión. Con todo, expresó su escepticismo sobre las posibilidades reales de que, a corto y medio plazo, se pueda encontrar un espacio en Gran Canaria de las características que necesita una base naval moderna como esta, y advirtió además que el coste del traslado superaría ya "en mucho" los 400 millones en que se calculó en un primer momento hace ya 10 años.

La comisión para estudiar una posible nueva ubicación de las instalaciones militares estará constituida por representantes del propio ministerio de Defensa, del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias, del Cabildo de Gran Canaria y de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, según se acordó por unanimidad en una iniciativa del Congreso en marzo de 2016. Quevedo acusó al ministerio de no tener "ningún interés" en resolver el traslado y aseguró que "se han perdido muchas oportunidades" de buscar una alternativa de ubicación por la "desidia" y las "maniobras de distracción" de los diferentes gobiernos de España".

Tras recordar que se trata de una "expropiación" por parte del Ejército que data de 1940 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y que fue una operación "transitoria e irregular por la que el Puerto y la ciudad no recibieron nada a cambio", aseguró. "Setenta y siete años después nos merecemos que se convoque el grupo con la convicción de trabajar, escuchar a todo el mundo y con una posición abierta para encontrar la solución", apostilló. El diputado reprochó a la ministra que todo lo que está haciendo en relación con la Base Naval va "en la dirección contraria" a los acuerdos alcanzados en el pasado, y la acusó de estar sólo interesada en que desde las instituciones de la capital, de la Isla o de Canarias se le facilite una nueva ubicación y asumir el coste del traslado. "¿No pretenderá que lo paguen los ciudadanos, el Ayuntamiento de la capital o el Cabildo, si estamos hablando de una expropiación y no hemos tenido ni un solo beneficio?", le interpeló el diputado a la ministra.

Territorio del Puerto

Cospedal, tras considerar "innegociable" la necesidad de que la Armada disponga de una Base Naval en la Isla, advirtió que "si consiguiéramos encontrar otra ubicación, la desafectación que si hiciera del uso militar no repercutiría inmediatamente en el Ayuntamiento, porque es territorio del Puerto", y aclaró que "eso es algo que tiene que quedar bien claro en toda la negociación". Además, consideró que "cuando se habla de devolver a los ciudadanos no sé por qué va a ser más ciudadano el uso portuario que el uso militar", insistiendo en que "el uso que se hace ahora es de ejercer la función de los militares de prestar un servicio a los españoles y es garantizar su derecho a la seguridad y a la defensa".

La ministra afirmó que el ministerio está buscando posibles ubicaciones alternativas, pero resaltó éstas tienen que cumplir "los requisitos técnicos y determinar en que se van a satisfacer los costes" del traslado de la base. "Tiene que ser un traslado viable, con posibilidades desde el punto de vista operativo, estratégico y logístico, por eso no es tan fácil encontrar una solución de forma rápida", advirtió antes de resaltar que también hay que tener en cuenta los condicionamientos por la "evolución de la legislación en los ámbitos militar, civil, medioambiental o de seguridad laboral". Recordó que las tres alternativas que se han barajado en el pasado, la de La Isleta, Gando, y Montaña Roja, se han descartado por distintas consideraciones técnicas, pero también porque algunas de ellas, como el primero de estos espacios, tenían "contestación social". Recordó que se trata de una zona de alto valor ecológico y que se trata de un espacio protegido, pero también que ofrece "dimensiones insuficientes, complicaciones meteorológicas y que la construcción de los diques sería más costosa".

La ministra aseguró también que "no nos hemos puestos de acuerdos no porque la Armada sea muy exigente en las condiciones, sino porque aparecen discusiones por parte de otras instituciones de la Isla acerca de la ubicación", insistiendo en "con este problema se lleva lidiando hace muchos tiempos y no se ha encontrado solución". Recalcó en este sentido que "seguramente se han perdido oportunidades y cuanto más tiempo pasa, más difícil es, porque la ciudad crece".