Unos 30 metros cuadrados, con ventilación y cuarto de baño. Estas son las características del local que la Asociación Cultural y Solidaria Arenales ha solicitado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para poder continuar con el reparto de comida a las personas más necesitadas del barrio. Y es que según el presidente de la entidad, José Antonio Cardoso da Silva, "86 familias de la zona se han quedado sin este tipo de ayudas alimenticias" desde que el pasado julio cesase este servicio que antes se llevaba a cabo en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús.
Durante años, cuenta Cardoso da Silva, la citada iglesia, a través de Cáritas parroquial, se encargó de asistir a las personas más vulnerables de Arenales. "Se llegaron a atender hasta 170 familias en estos años de crisis, muchas de las cuales han conseguido mejorar su situación e incluso miembros de algunas se hicieron voluntarios para ayudar a quienes todavía lo están pasando mal", contó. A pesar de ello, hace cinco meses recibieron la noticia de que ya no se haría más reparto en las dependencias parroquiales. "Fue una decisión unilateral del cura, con el que intentamos hablar, pero no pudimos", asegura Cardoso. Este periódico también intentó contactar con el párroco, aunque tampoco hubo éxito.
Dadas las circunstancias, el grupo de 14 colaboradores de Cáritas decidieron crear una asociación con el objetivo principal de mantener la actividad tan importante para un barrio en el que conviven "todo tipo de situaciones delicadas". Para ello se pusieron manos a la obra en la búsqueda de un local donde poder establecer la sede y almacenar la comida no perecedera. "Tenemos un acuerdo con el Banco de Alimentos para poder seguir con el reparto", explica el presidente del colectivo. Pero para ello, es importante poder contar con un lugar físico y así se lo hicieron saber al Consistorio capitalino el pasado verano, arguyó Cardoso da Silva. "Estuvimos recogiendo firmas y presentamos la 570 que obtuvimos ante el Obispado de Canarias y la Vicaría pero no obtuvimos respuesta", aseveró.
Con quien sí consiguieron hablar fue con el concejal de Participación Ciudadana, Sergio Millares, para sugerirle que les cedieran un espacio en el Centro Cívico de Pamochamoso, pero el edil les informó de que "ahí no podía ser porque existía un contrato con otra asociación". Fue durante la última Junta de Distrito que se celebró el 17 noviembre a la que asistió Augusto Hidalgo, cuando el presidente del nuevo colectivo asegura que el alcalde se comprometió a conseguirles un espacio dentro de las oficinas de la Concejalía del distrito Centro. Una opción que quedó descartada poco después por la misma concejalía quien avisó a Cardoso de que "el lugar no cumplía con las condiciones necesarias".
A pesar de ello, el pasado martes el representante vecinal volvió a reunirse con el responsable municipal del barrio, José Eduardo Ramírez, para explicarle de nuevo las bases de su proyecto para seguir estudiando posibles emplazamientos para el mismo. "Yo no tengo ningún problema en volverles a contar qué es lo que nosotros queremos hacer", garantizó antes del encuentro en el que la entidad recuperó la esperanza por el "compromiso" que manifestó Ramírez con la causa. "Nos dijo que están buscando un espacio en la calle León y Castillo, aunque esta opción podría llevar algunos meses", contó Cardosa con satisfacción, sobre todo, por la que la próxima semana espera reunirse con el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, para buscar una alternativa más rápida.
Por lo pronto y hasta nuevo aviso, el próximo jueves 14 de diciembre firmarán un contrato de alquiler con el propietario de un local en el número 17 de la calle Alfredo F. Pérez donde esperan reanudar muy pronto el reparto de alimentos no perecederos. Esto ha sido posible gracias a la ayuda de un empresario que prefiere mantener el anonimato y que se ha comprometido a pagar el arrendamiento del espacio "indefinidamente" hasta que el Consistorio ceda uno de propiedad municipal a la asociación. "El buen corazón de esta persona" permitirá volver a ayudar a esas 86 familias de las que casi la mitad, un "47%, son mayores" que tienen los ingresos mínimos, explicó. "El resto son familias con niños donde un solo miembro trabaja por poco más de 400 euros, lo que nosotros llamamos los pobres con nómina a los que ha que sumar la situación de ilegalidad de muchos inmigrantes". Es por eso que desde la asociación se busca también hacer un seguimiento de todas estas personas. "Buscamos la integración". Para ello, además de la ayuda alimenticia, también se les acompañará tanto a médicos como en la tramitación de documentos y se seguirán realizando visitas a las casas donde "se les ha ayudado con algunas reparaciones".
